- El proyecto de ley preocupa a las cadenas de televisión y sus hombres del tiempo
Solo el Servicio de Meteorología de Sudáfrica estará capacitado para alertar de 'fenómenos extremos', con el objeto de evitar partes falsos que alarmen a la población
JOHANNESBURGO, SUDÁFRICA (12/ENE/2012).- El Parlamento de
Sudáfrica debate un proyecto de ley que prevé multas, e incluso penas de cárcel,
para aquellos que den predicciones sobre fenómenos meteorológicos severos sin
permiso del Servicio Sudafricano de Meteorología.
Según publica hoy la
web del semanario sudafricano Mail and Guardian, solo el Servicio de
Meteorología de Sudáfrica (SAWS) estará capacitado para alertar de "fenómenos
extremos", con el objeto de evitar partes falsos que alarmen a la
población.
El proyecto de ley preocupa a las cadenas de televisión y sus
hombres del tiempo, que han solicitado a los diputados que especifiquen qué es
"un fenómeno meteorológico extremo" y hasta donde pueden utilizar otros
servicios meteorológicos.
La televisión privada ENews, que basa sus
partes en la información recopilada por sus expertos, ha mostrado su rechazo a
la norma.
"Si observamos fuertes vientos en Ciudad del Cabo, ¿vamos a
tener que ignorarlos si el SAWS no emite una alerta?", se preguntó Candice
McKechnie, meteoróloga del canal, consultada por el Mail and
Guardian.
Johan Terblanche, fundador del Servicio Sudafricano de
Observación de Desastres Meteorológicos (SAWDOS) aseguró en su blog que el
proyecto de ley acabará por impedir a los ciudadanos hablar del
tiempo.
"Tal y como está la ley, nadie podrá avisar de la llegada del mal
tiempo", afirmó Terblanche, según el Mail and Guardian.
El departamento
de Medio Ambiente, del que depende el SAWS defiende la propuesta, que solo trata
de evitar la difusión de información incorrecta.
"Alertas falsas de mal
tiempo podrían llevar a la evacuación de ciudades enteras, con el consiguiente
gasto para los contribuyentes", afirmó al diario sudafricano Isham Abader,
subdirector general del departamento.
La oposición de la Alianza
Democrática (AD) considera el proyecto de ley de monopolista, que afectará a
empresas que ofrecen estos servicios.