GUADALAJARA, JALISCO (06/AGO/2017).- La Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad, que presentó el INEGI hace algunos días, supone la arquitectura de un sistema judicial fallido. Policías que detienen sin atender a los principios más mínimos del debido proceso; ministerios públicos adictos a presionar por confesiones, y que no vacilan en utilizar cualquier tortura física o psicológica para obtenerlas; prisiones en donde se paga por protección, electrodomésticos o hacer llamadas telefónicas. Lo que falla no es el nuevo sistema penal acusatorio, sino las autoridades encargadas de detener, investigar y reinsertar bajo principios democráticos y apegados al estado de derecho.Ya intuíamos el perfil de quién está en prisión, y los datos de la Encuesta confirman dicha percepción. Los convictos son, sobre todo, jóvenes de entre 18 y 39 años. Hombres en edad de plenitud laboral. El 72% sólo cursó educación básica: primaria y secundaria. Y si partimos del hecho, probado por distintos estudios -entre ellos el de movilidad social intergeneracional del propio INEGI- de que hay una fuerte correlación entre nivel educativo y estatus socioeconómico, podemos inferir que en la cárcel hay, en su amplia mayoría, pobres. El arquetipo es innegable: jóvenes poco educados y pobres. Una tragedia de cuerpo entero.Aunque haya sido negado por décadas en público, la tortura es la regla en nuestro país. Ya sea para obtener información, conseguir confesiones o cualquier otra meta, pero el sistema hace de la tortura una herramienta cotidiana de actuación de policías y ministerios públicos. Las cifras del estudio no dejan lugar a dudas: dos de cada tres detenidos en México son violentados físicamente; 46% son desvestidos o desvestidas, y las amenazas contra los familiares son comunes. Esto arroja una de las piedras angulares de nuestro podrido sistema de procuración e impartición de justicia: arrancar confesiones a través de tácticas violatorias de los derechos humanos. La tortura es el sistema mismo, no una excepción como suelen decir fiscales, mandos policiacos y jueces. Y luego nos preguntamos por qué los sistemas garantistas no funcionan.La tragedia es aún más dramática cuando entendemos que el 30% de las personas privadas de su libertad no tienen sentencia y el 14% tienen más de dos años esperando que su juicio concluya. ¿Cuántos inocentes esperan en soledad una sentencia? ¿Cuántos hombres y mujeres fueron arrebatados de su familia a través de casos fabricados y corrompidos ante la médula? La invisibilización de las prisiones, la indiferencia social ante lo que sucede en ellas, provoca el caldo de cultivo propicio para que el sistema coopte e impida la reinserción social. La corrupción endémica de las prisiones: la mitad de los reos ha pagado para obtener electrodomésticos; 30% para hacer llamadas telefónicas, y 17% lo hace por protección. Todo administrado por el jefe de custodios, el gestor de la corrupción y la impunidad.Las deficiencias del sistema carcelario, la ausencia de eso que llamamos “reinserción social”, es la llave maestra que conduce no a la reinserción, sino a la reincidencia. En México, uno de cada cuatro presos es reincidentes. La mayoría por robo y por posesión ilegal de drogas. Los penales han sido convertidos en espacios aptos para la reproducción del crimen, no sólo por la estructura corrupta de cooptación de nuestro país, sino también porque los ciudadanos no entendemos la importancia para una sociedad cohesionada y con perspectiva de futuro.Hay quien cree, legítimamente no lo dudo, que el problema de violencia en México es producto de la desintegración de la familia. Dicen: los divorcios, los problemas familiares, están detrás de una especie de “crisis moral” que sacude a la sociedad mexicana. Es un argumento típico del conservadurismo. Sin embargo, lo que muestra el estudio demoscópico del INEGI, es que la mayoría de los criminales (68%) surgen de familias biparentales y el mínimo de núcleos familiares que han sido desintegrados con anterioridad. Nadie niega que la familia es importante, pero no es una variable que explica la delincuencia en un país como México.No exagero si sostengo que el futuro del país pasa por arreglar el sistema judicial. Sin estado de derecho no hay economía justa posible y tampoco condiciones mínimas de igualdad entre los ciudadanos. La impunidad y la corrupción se perpetúan, reproduciéndose a gran velocidad, en un pantano de detenciones ilegales, investigaciones amañadas y que violan derechos humanos, jueces que ayudan a abogados con poder y sistemas carcelarios controlados por los delincuentes. Siempre es seductor inventar el hilo negro y creer que un nuevo “sistema anticorrupción” va a barrer con todos los vicios de un modelo de impartición de justicia podrido hasta la médula. Las cárceles son el espejo del fracaso del sistema. Una tragedia a la que nadie le quiere entrar de fondo.
