GUADALAJARA, JALISCO (11/DIC/2016).- de diciembre de 2006, Felipe Calderón, con menos de dos semanas como Presidente, lanza el “operativo conjunto Michoacán”, con más de seis mil elementos del ejército mexicano, fuerzas federales y estatales. Esto decía el secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, al momento de anunciar la ofensiva en suelo purépecha: “Una de las tres prioridades del Gobierno del Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, es fortalecer la seguridad de los mexicanos y sus familias en todas las regiones del país.Esto inmediatamente traerá la recuperación de los espacios públicos que la delincuencia organizada ha arrebatado; recuperación que acabará con la impunidad de los delincuentes que ponen en riesgo la salud de nuestros hijos y la tranquilidad de nuestras comunidades”. Años después, en su última entrevista como Presidente, Felipe Calderón justificó su ofensiva militar como “un acto en defensa propia del Estado”.Para el ex Presidente, México estaba al borde de la cooptación, de ser un narco Estado infiltrado de arriba abajo y enfrentar a los cárteles, tal como lo hizo, no era opcional. Calderón nunca ha sido autocrítico con sus decisiones, a pesar del nivel de violencia desatado desde diciembre de 2006.No apareció la palabra “Guerra” durante aquella primera comparecencia en diciembre de 2006.La única referencia a un enfrentamiento con las bandas del crimen organizado, aparece en voz de Francisco Ramírez Acuña en uno de los últimos párrafos donde apela a una “batalla frontal contra el crimen organizado”. Sin embargo, el operativo conjunto entre el Ejército, fuerzas federales y estatales en Michoacán, fue el acto inaugural de una guerra contra el narco que ha tenido como saldo 186 mil homicidios en México en la última década. Sobran hipótesis para explicar la prisa que acechó a Calderón para comenzar la guerra sólo 10 días después de su toma de protesta: legitimarse tras una elección controvertida; apelar a la unidad nacional frente a los delincuentes en un momento de división en el país; presiones por parte de Estados Unidos para enfrentar a los cárteles sin análisis previo; un convencimiento real del Presidente y su equipo cercano de que el narco representa un problema de gobernabilidad y seguridad nacional que se debía enfrentar. Cada quien tendrá su interpretación, sin embargo, lo que es innegable es que aquella decisión de Calderón ha marcado la historia contemporánea de nuestro país. De entrada, los fracasos no se pueden esconder.La ofensiva lanzada por Calderón contra el narcotráfico provocó que la tasa de homicidios en México se fuera a las nubes en sólo cuatro años. Si revisamos el histórico de homicidios en nuestro país, nos daremos cuenta que, en 2006, el número de defunciones por homicidio alcanzó a 10 mil 452 personas, lo que significaba 34% menos que en 1992. Es decir, la tasa de homicidios en México se había reducido constantemente desde los noventa. No había un brote de violencia, como sugirió el ex presidente. Tras el anuncio de la guerra y el inicio del “combate frontal” contra el narco, la cifra se disparó hasta los 27 mil homicidios anuales en 2011. Nadie niega que un Gobierno responsable debe enfrentar al narco, no obstante, la forma en que lo hizo Calderón provocó un incremento muy doloroso de los homicidios en el periodo diciembre 2006-diciembre 2011. Un sexenio que concluyó con 120 mil homicidios en total, y como han demostrado especialistas de la talla de Eduardo Guerrero, la variable que explica el incremento tan acelerado de la tasa, es la de los homicidios vinculados al narco o al crimen organizado. Incluso partiendo de la hipótesis de que la Presidencia optó comenzar la guerra con la mejor de las intenciones, la realidad es irrefutable: el diagnóstico fue errado y, por lo tanto, la derrama de sangre en el país fue y sigue siendo escandalosa.El Presidente Calderón justificó la ofensiva por los grados tan alarmantes de infiltración del crimen organizado en las estructuras de Gobierno y en los cuerpos policiacos. Es indiscutible que el panista tenía razón, sin embargo: ¿La guerra fue la mejor forma de “rescatar” y sanear a las instituciones infiltradas? Tampoco. Calderón utilizó permanentemente el paralelismo de un cuerpo infectado de cáncer como símil de la situación de infiltración y corrosión de las instituciones. Una especie de metástasis que silenciosamente, y con el amparo de las autoridades, había ido tragándose la independencia de los cuerpos de seguridad del país. Por eso recurrir al ejército como única institución confiable ante el descrédito de las policías municipales y estatales.A pesar de que era cierto lo que decía Calderón, tras 10 años de lucha contra el narco, todos los datos nos indican que la infiltración es hoy más grave y, de acuerdo a los datos del investigador Edgardo Buscaglia, hoy 71.5% de las policías municipales se encuentran cooptadas o en riesgo de cooptación por parte del crimen organizado. De acuerdo al mismo investigador, en 2006, la cifra era menor: 53 por ciento. Y no sólo eso, de acuerdo a Guillermo Trejo y Sandra Ley, los grupos del crimen organizado son ahora más dueños que nunca de los municipios, controlando negocios que van desde la seguridad hasta la obra pública o los servicios. Calderón no sólo fracasó en combatir la violencia que se desbordó en niveles francamente inimaginables, sino que las instituciones locales siguen siendo igual o más débiles que en 2006.La guerra contra el narco no sólo se ha pagado en miles de muertos, también ha tenido una responsabilidad ineludible en la degradación de la observancia a los derechos humanos en México. De 2006 a la fecha, incluyendo los cuatro años de Gobierno de Peña Nieto, nos muestran una situación desoladora en materia de protección a los derechos humanos. Organizaciones internacionales, e incluso el Alto Comisionado en materia de Derechos Humanos de la ONU, han alertado de las atrocidades que se han cometido durante los años de la llamada guerra contra el narcotráfico. La excepcionalidad, que ya no es tan excepcional, de tener al ejército haciendo labores de seguridad pública, ha provocado que haya cientos de casos documentados de violaciones a los derechos humanos por parte del ejército. Y qué decimos de Iguala o Tlatlaya. Incluso los propios militares han pedido volver a los cuarteles.Todo lo anterior en un contexto en donde Calderón demostró su ambivalencia a la hora de comprometerse con el respeto de los derechos humanos. Por un lado, impulsó la aprobación de la reforma en la materia que ha sido un hito histórico en la protección de los derechos humanos y el principio “pro persona” pero, por otro lado, la narrativa calderonista en la guerra contra el narco se sustentaba en colocar a los derechos humanos como un escudo protector de los criminales que sólo entorpecía la aplicación de la ley y la justicia. El ex Presidente ha dejado en claro su postura sobre los derechos humanos en sus redes sociales, siempre partiendo de una visión totalmente dicotómica y restringida.La guerra contra el narco, partiendo de los principios de seguridad nacional, ha sido también la causante de la creciente violencia en lo local y las comunidades. El objetivo de la batalla nunca fue la paz y la tranquilidad de los ciudadanos, sino desmembrar a los cárteles de la droga que habían acumulado tal poder de fuego que podían incluso desafiar al Estado. Más que un problema de seguridad pública, tanto el Gobierno de Calderón como el de Peña Nieto han identificado en el narco a un enemigo en el ámbito de la seguridad nacional. Por ello, el desmembramiento de los cárteles en pequeñas células que operan en lo local, pero que no pueden desafiar al Estado, ha tenido como consecuencia una violencia cotidiana tramada por pandilleros, narcomenudistas y delincuentes que operan el negocio del crimen desde la venta de marihuana hasta la extorsión o el cobro de piso. Así lo escirbió el propio Guerrero, director de Lantia Consultores, en Nexos: “durante los últimos tres años ha continuado el proceso de atomización y diversificación de las organizaciones criminales, tendencia que inició durante el sexenio previo. Aunque el número de cárteles (organizaciones regionales) no se ha modificado significativamente (de nueve en 2013 pasó a ocho en 2015), sí se han detectado variaciones en el número de células que operan bajo su mando. Actualmente Lantia Consultores tiene registro de 202 células mafiosas de carácter local”.La guerra contra el narco se ha ensañado con los jóvenes y con los pobres. Las cifras son escalofriantes, de acuerdo a Merino, Zarkin y Fierro: 90% de los asesinados en México son hombres; 64% tienen menos de 40 años; y la mitad de los asesinados no completaron la secundaria. La guerra contra el narco ha sido, sobre todo, una guerra contra los que no tienen oportunidades, contra los olvidados, contra los más débiles. No es cierto que se matan entre ellos, como dicen Calderón y Peña Nieto, un mexicano es asesinado cada 57 minutos en este país desde 2006. No se tiene que agregar más para entender el fracaso de la estrategia que comenzó aquel 11 de diciembre de 2006.Tras una década perdida, es tiempo de repensar a fondo lo que está haciendo el Estado en esta absurda guerra contra las drogas. 190 mil homicidios desde 2006, más que países en conflictos interestatales o con grupos terroristas. México tiene una de las tasas de asesinatos más altas del mundo y todo para evitar que los cárteles manden marihuana, cocaína o anfetaminas a Estados Unidos, en donde han empezado un gradual, pero sostenido, proceso de legalización. Ni siquiera esta guerra absurda ha logrado disminuir el índice de consumo de drogas en México: el consumo de drogas se ha duplicado desde los noventas, en particular en jóvenes de secundaria y preparatoria. La guerra frontal contra el narcotráfico ha sido un fracaso histórico en todas las materias, social, institucional y de salud. Urge un golpe de timón en la política de drogas en México; una década así no se puede repetir.
