Recibe Profepa denuncia formal por afectaciones en Tenacatita

GUADALAJARA, JALISCO (09/AGO/2010).- Una acusación formal llegó a manos del delegado estatal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), José de Jesús Becerra Soto.

La entega la realizó hoy por la mañana el diputado panista Ramón Demetrio Guerrero Martínez, quien, acompañado por el alcalde de La Huerta, Carlos Román Ramírez Núñez, denunció formalmente las irregularidades que, desde fechas atrás, se han reportado en torno un proyecto turístico que se realiza en Tenacatita, donde una barda perimetral, subraya, ha afectado una zona de mangle.

El también presidente de la Comisión de Turismo en el Congreso del Estado solicitó personalmente al delegado federal que interviniera en el caso a la brevedad, para efectos de que el “daño ecológico que sufre la zona” se detenga de forma inmediata.

En respuesta a tal solicitud, Becerra Soto dijo que atenderá el dato, y añadió que una denuncia del mismo tipo llegó a sus oídos el viernes pasado, sólo que ésta última fue anónima.

De acuerdo con el antecedente, concedido por el presidente Municipal, la empresa de razón social “Inmobiliaria Rodenas” realiza desde hace tiempo una barda cuyas dimensiones se han excedido, e incluso, alcanzado un área natural protegida.

Ramírez Núñez destacó que ha realizado recorridos para verificar las condiciones en que se efectúan los trabajos, y que en la última ocasión lo hizo acompañado por el diputado. Ambos corroboraron el grado de afectación, por lo que se apresuraron a efectuar su denuncia en la Profepa.

“Decidimos a presentar personalmente la denuncia para que actúen de la manera más urgente y oportuna, y que finquen responsabilidades a los causantes de este daño ambiental tan severo y grave en la zona”.

Sin embargo, dado que se requiere seguir un protocolo, el representante federal informó que una respuesta positiva sobre el tema podría demorar semanas, e incluso, meses. Sin embargo, señaló que, en caso de confirmarse, las penas que se alcanzan por este delito oscilan entre los 50 y 50 mil salarios mínimos.

“Estaríamos hablando, para cerrar un círculo, de hasta 60 días hábiles. Debo dejar muy claro que la contraparte tiene tiempos también para presentar las pruebas que a su derecho o a su descargo estime pertinentes”.

El caso también atrajo atención de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), pues el propio alcalde de La Huerta mencionó que un grupo de elementos operativos de esa corporación acudió al sitio y, prácticamente, lo “limpió”, desalojando “con lujo de violencia” a, al menos, 100 personas que tenían sus comercios enclavados en el mar. Como resultado de la refriega, 17 personas (entre ellas tres menores de edad) fueron aprehendidas; al momento todas se encuentran libres.

En un discurso emitido anteriormente, la desarrolladora mencionó poseer 80 hectáreas del terreno, lo cual les concedió el permiso del juez de Autlán para ordenar el desalojo de la playa. Este medio trató de entablar un nuevo diálogo con algún representante de la firma, pero aunque se prometió una entrevista, al cierre de la presente edición esta no fue concedida.
EL INFORMADOR / ISAACK DE LOZA