GUADALAJARA, JALISCO (02/ENE/2017).- Seis funcionarios mexicanos fueron sentenciados en Italia, en ausencia, como culpables de la tortura y el homicidio a un ciudadano de aquel país, ocurrido en 2007 en Playa del Carmen, Quintana Roo. Medios italianos reportan que los acusados, incluidos una juez y los directivos de una cárcel, recibieron condenas de entre 21 y 25 años de prisión por homicidio involuntario y por violación a la Convención contra la Tortura de la ONU, en un caso que mereció larga atención pública no sólo por la lucha de la familia de la víctima, sino también por sus dificultades en términos de justicia internacional. El sitio web Lecce Prima, de la ciudad de Lecce, donde nació la víctima, llama a la decisión anunciada en diciembre "una sentencia histórica, en un proceso largo y complejo por su perfil jurídico". El diario Il Fatto Quotidiano destaca que, para los deudos, el caso ha implicado enfrentarse "a todo un Estado". En Il Giornale, la madre de la víctima asegura que la sentencia "demuestra la plena responsabilidad del Estado mexicano". El caso es del de Simone Renda, un ejecutivo bancario de 34 años de edad que en 2007 visitó México como turista. Según versiones de la prensa mexicana, el 1 de marzo de ese año Renda despertó en su hotel demasiado tarde para abordar un vuelo y salió semidesnudo, gritando al personal del sitio, drogado y ebrio. Según se sabe 10 años después, al parecer estaba deshidratado y quizá sufría un preinfarto; sin embargo, fue arrestado por alteración del orden. Dos días después fue hallado sin vida dentro de su celda. La autopsia hecha en Italia detectó que Renda murió por infarto de miocardio y excluyó uso de drogas o de alcohol, y una investigación de la Procuraduría General de la República exhibió omisiones y negligencias de los funcionarios involucrados, como no garantizarle atención médica pese a síntomas de presión alta, ignorar las advertencias de un médico que lo visitó mientras estuvo arrestado, y dejarlo detenido más tiempo del previsto por la ley; 10 personas fueron arrestadas. Cosa juzgada en Quintana Roo En 2010 un juzgado de Lecce abrió un proceso contra ocho involucrados: la jueza Hermila Valero Gonzalez; los policías Francisco Javier Frías y José Alfredo Martínez; el encargado de recepción de la cárcel de Playa del Carmen, Cruz Gómez; los vicedirectores de la cárcel, Pedro May Balam y Arsenio Parra Cano, y los guardias Luis Alberto Arcos y Enrique Nájera Sánchez. Pero los funcionarios habían sido ya investigados en México y, por lo tanto, las autoridades de Quintana Roo lo consideraban "cosa juzgada": un juez mexicano procesó a cuatro de ellos y condenó a tres --la jueza Valero y los policías Gómez y Nájera--; como los acusaron por delitos no graves, cumplieron condena fuera de una cárcel. Sin embargo, las gestiones de la familia en Italia permitieron que las autoridades de ese país abrieran el proceso de 2010 en virtud de varios acuerdos internacionales, principalmente la Convención contra la Tortura, de 1984, y la Convención de Nueva York, que ampara un juicio en un país diferente. La sentencia anunciada hoy en Italia, a 10 años de la muerte de Simone Renda, afecta a seis de los acusados. La jueza Valero y los jefes carcelarios Pedro May y Arsenio Parra fueron condenados a 25 años de cárcel; los guardias Landeros y Nájera, y Cruz Gómez a 21 años; también se les reclaman reparaciones de daños por hasta 150 mil euros a los deudos de Simone Renda. Los policías Frías y Martínez fueron absueltos. En una entrevista para La Repubblica, en su edición de Bari, la madre de Simone Renda, Cecilia Greco, asegura que se siente agradecida por la decisión, pero que no descansará hasta lograr la extradición de los culpables. "Mi mayor deseo sería mirar a los ojos a estos hombres sabiendo que fueron condenados".
