Inician primeras excavaciones en fosa de Tetelcingo

CUAUTLA, MORELOS (23/MAR/2016).- Con pico y pala, María y Amalia Hernández, familiares de Oliver -víctima de homicidio-, y el fiscal general del estado, Javier Pérez Durón, realizaron las primeras excavaciones en la fosa común de Tetelcingo, con lo que simbólicamente iniciaron los trabajos para exhumar más de 100 cadáveres sepultados de forma irregular en marzo de 2014.

Enseguida peritos de la Fiscalía, PGR, Policía Federal y de la UAEM comenzaron formalmente las diligencias para la toma de muestras genéticas y, en su caso, re-inhumación de los cuerpos si son necesarias otras pruebas.

En el panteón Las Cruces, situado al oriente del estado, el fiscal morelense Pérez Durón admitió fallas para realizar la diligencia esta mañana, pero se disculpó con los familiares de las víctimas, y llamó la atención públicamente al director de la Unidad de Desarrollo Profesional y Administración de la Fiscalía, Fernando Solís Godínez, por no tener la maquinaria requerida para una adecuada exhumación.

Desde temprano, familiares de desaparecidos y peritos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), que participan en la toma de muestras de ADN se opusieron a la diligencia porque, en su opinión, no existía un trascabo adecuado por lo que demandaron la presencia del Fiscal estatal. Eso retrasó el inicio de los trabajos.

“Cuando llegué a este encargo comenté que estábamos dispuestos a abrir esta fosa para transparentar el proceso. Es de suma importancia contar los cuerpos, darles una dignificación en la sepultura, hacer la toma de muestras para ver si un familiar aquí presente o en otro estado o más allá de estas fronteras esté buscando a un familiar y que pueda estar aquí”, refirió el fiscal.

A su vez, representantes de asociaciones de familiares de víctimas pidieron fincar responsabilidades contra aquellos funcionarios que ordenaron la inhumación en esta fosa que incumple con las normas adecuadas.

Pérez Durón aseguró que la dependencia abrió las carpetas de investigación y se llevará ante la justicia a quien esté implicado.

En ese lugar dijo que desde el sábado pasado, durante una reunión de logística, se acordó que el trascabo llegaría la noche del domingo para avanzar en extraer la tierra al menos un metro y medio hasta llegar hasta la primera “capa” de cuerpos, de cinco.

Sin embargo, las autoridades de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, una de las instancias que coadyuvan en la exhumación, denunciaron que la maquinaria no era la adecuada para tal diligencia y se corría el riesgo de dañar los restos humanos.

El fiscal ofreció una disculpa pública y llamó la atención a su propio personal. Hasta la tarde continuaban los trabajos de excavación superficial con el trascabo que llevó la Fiscalía.

En marzo de 2014 autoridades de la Fiscalía depositaron 116 cuerpos en la fosa de Tetelcingo, propiedad de un particular, y entre los cuerpos iba el de Oliver Wenceslao Navarrete Hernández, un joven comerciante secuestrado y asesinado por sus captores el 24 de mayo de 2013. Su cuerpo apareció el 3 de junio de ese año en una barranca en Ayala, municipio colindante a Cuautla.

La familia reconoció el cuerpo y acreditó su parentesco al 99.99% con la prueba genética y su madre, María Concepción, reclamó el cuerpo para velarlo y enterrarlo, pero la ex subprocuradora de la Zona Oriente, Liliana Guevara Monroy, manifestó que era necesario realizar más periciales al cadáver por lo que no lo entregarían.

Varios meses después, otro familiar, tío de Oliver quien hacía sus prácticas en el Servicio Médico Forense (Semefo) de Cuautla detectó la “ausencia” de Oliver, y ahí comenzaron las investigaciones de la familia Navarrete Hernández hasta descubrir la fosa clandestina.

A finales de 2014, el entonces fiscal regional José Manuel Serrano Salmerón, confirmó que sus antecesores ordenaron el envío del cadáver a la fosa común de Tetelcingo, sin realizar los trámites ministeriales y administrativos de ley.

El 9 de diciembre se realizó la inhumación de Oliver pero las irregularidades prosiguieron por lo que la familia de la víctima contrató una máquina para escarbar en la fosa, porque la Fiscalía dilataba ese trámite. Descubrieron entonces que había más de 100 cadáveres apilados en la fosa.