La CNDH pide a PGR más pruebas para caso Tlatlaya

CIUDAD DE MÉXICO (16/MAY/2016).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ( CNDH) solicitó formalmente a la Procuraduría General de la República, que aporte nuevas pruebas para fortalecer su acusación en contra de los tres militares acusados de ejecución extrajudicial en una bodega en Tlatlaya, Estado de México, y se evite caer en la impunidad.

Estos militares fueron absueltos y liberados después de que un juez lo ordenó, tras ser acusados por los delitos de homicidio y alteración de los hechos.

“La CNDH reitera la solicitud que formuló a la Procuraduría General de la República para que tome en consideración los elementos contenidos en el expediente de queja seguido ante este Organismo Nacional y que dio origen a la recomendación 51/2014”, señaló este organismo.

Explicó que entre los medios probatorios que eventualmente aporte ante la instancia jurisdiccional competente, a efecto de propiciar que en estos hechos tan lamentables, no subsista la impunidad.

Adicionalmente, dijo la CNDH, deberán tomarse en consideración y aportarse, de ser el caso, los elementos probatorios que resulten relevantes y que obren en los procesos que se instruyen en el fuero común.

La Comisión Federal recordó que con fecha 21 de octubre de 2014 emitió la recomendación 51/2014 en la que determinó, con base en los testimonios, dictámenes periciales y demás elementos de convicción que obran integrados en el expediente respectivo, la existencia de violaciones a los Derechos Humanos con motivo de los lamentables hechos ocurridos en la madrugada del día 30 de junio de 2014, en la comunidad de San Pedro Limón, en el Municipio de Tlatlaya, Estado de México.

Mismas que en opinión de este Organismo Nacional se consideraron como graves en atención a sus características y circunstancias bajo las cuales se verificaron.

Recordó que el pronunciamiento hecho por esta Comisión Nacional determinó la existencia de violaciones a los derechos humanos, quedando a cargo de las autoridades ministeriales y judiciales competentes, como se precisó en la recomendación antes aludida, la persecución de los delitos y la imposición de las penas que fueran procedentes como consecuencia de los hechos ocurridos el 30 de junio de 2014.