Agua potable de Tabasco, contaminada: Derechos Humanos

VILLAHERMOSA, TABASCO (30/OCT/2015).- Debido a la mala calidad del agua entubada que abastece a comunidades de Tabasco, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos ( CEDH) emitió 26 recomendaciones a la Secretaría de Salud ( SS), a la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS) y al Sistema de Agua y Saneamiento (SAS).

De acuerdo con los resultados de un análisis de laboratorio solicitado al Instituto Politécnico Nacional ( IPN), en varias comunidades del estado la turbiedad es excesiva, y el agua contiene aluminio y coliformes fecales.

La CEDH acreditó que tanto el SAS como el CEAS suministran agua potable insalubre y carecen de laboratorios acreditados para el análisis de la calidad del líquido, lo mismo que de mecanismos eficaces para la vigilancia y control del fluido.

En lo que corresponde a la SS, se concluyó que ésta carece de mecanismos eficaces de vigilancia y control de calidad del agua, y tampoco tiene laboratorios acreditados para el análisis de la calidad.

En siete resolutivos emitidos al secretario de Salud, Juan Antonio Filigrana, el ómbudsman Jesús Manuel Argaez recomendó la realización de brigadas médicas para identificar en la población posibles casos de enfermedades relacionadas con el uso y consumo de agua no salubre, debiendo brindar atención médica y medicinas gratuitas a quienes presentes enfermedades compatibles con la mala calidad del líquido.

Entre otras recomendaciones, la CEDH le pide a la dependencia estatal que realice un análisis de la calidad del agua para uso y consumo humano en las plantas potabilizadoras operadas por CEAS y SAS, a través de un laboratorio certificado.

Al CEAS se le exige realizar acciones para garantizar el suministro suficiente y salubre; al SAS le recomienda identificar normas legales para la adecuada prestación del servicio. Además, deberá establecer una coordinación con la SS, la CEAS y demás entidades relacionadas para una debida operación.

“Deberá investigar administrativamente el alcance de las responsabilidades en que incurrieron los servidores públicos involucrados en hechos de responsabilidad, contra particulares”, concluye el informe elaborado por la CEDH.