Recomendación sobre Tlatlaya, parcialmente cumplida: CNDH

CIUDAD DE MÉXICO (29/JUN/2015).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ( CNDH) informó que su recomendación sobre el caso Tlatlaya ha sido parcialmente cumplida por las autoridades destinatarias, por lo que el organismo pidió mayor celeridad en su cumplimiento y respuesta más oportuna a sus solicitudes de información.

En oficios dirigidos a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a la Procuraduría General de la República (PGR) y al gobierno del Estado de México, la CNDH informó que ha insistido en que las autoridades acrediten el avance de cumplimiento de los puntos recomendatorios, para lo cual deben presentar pruebas ante esta Comisión Nacional.

El organismo indicó que mantiene su puntual seguimiento al cumplimiento de la recomendación mencionada, al tiempo que continúa brindando atención a las víctimas para que hagan efectivos los derechos que les asisten.

Subrayó que a un año de lo ocurrido en Tlatlaya, éste es un caso de violaciones graves a los derechos humanos que lastima a la sociedad y no debe repetirse.

Durante esta fase de seguimiento, la CNDH dijo que ha enviado 27 solicitudes de información a la Sedena, PGR, gobierno del Estado de México y en colaboración, a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). Ha recibido 29 oficios de respuesta.

La CNDH detalló que se solicitó la inscripción de la totalidad de las víctimas directas e indirectas al Registro Nacional de Víctimas, para que tengan acceso a los derechos y beneficios previstos en la Ley General de Víctimas.

En respuesta, la CEAV informó que registró a 43 víctimas (22 directas y 21 indirectas).

Con independencia de los procedimientos de investigación de los hechos a cargo de las autoridades destinatarias, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos señaló que presentó tres denuncias (ante la PGR, y procuradurías Militar y del Estado de México) y tres quejas para investigar la responsabilidad administrativa de los servidores públicos involucrados (Inspección y Contraloría General del Ejército, Visitaduría General de la PGR e Inspección General de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado de México), las que se encuentran en curso.

La Sedena anunció que en lo relacionado con la reparación del daño y la atención a las víctimas ha iniciado un trabajo de coordinación con la CEAV, la cual dio a conocer que una de las familias ya ha sido indemnizada.

Asimismo, la CNDH indicó que está pendiente la determinación de responsabilidad en el ámbito militar de los servidores públicos involucrados.

Acreditó además el cumplimiento de los puntos relacionados con las medidas de no repetición, consistentes en la impartición de cursos de capacitación y la observancia de manuales de actuación.

La Procuraduría General de la República mantiene en integración el desglose de la averiguación previa PGR/SEIDO/UEITA/161/2014, para investigar la posible responsabilidad de otras personas en los hechos.

Por su parte, añadió, se tienen por cumplidos los puntos recomendatorios, relativos a la consignación de la averiguación previa que se inició por los hechos y el que se hiciera valer dentro de la causa penal de las violaciones a derechos humanos de las víctimas 24 y 25, debido a que la PGR formuló conclusiones no acusatorias y el juez de Distrito ordenó la libertad de las dos víctimas.

El gobierno del Estado de México ha cumplido los puntos relacionados con las garantías de no repetición, consistentes en los cursos de capacitación al personal ministerial y pericial de la Procuraduría y el de colaboración con la CNDH para el registro de las víctimas ante la CEAV.

Quedan pendientes, afirmó la Comisión, los puntos recomendatorios relacionados con la indemnización y atención médica y psicológica a las víctimas y la determinación ministerial y administrativa de los responsables de violaciones a derechos humanos.

La CNDH reiteró que su intención no es la de confrontarse con las autoridades destinatarias de sus recomendaciones, sino privilegiar las acciones en beneficio de las víctimas, para lograr la reparación integral por las violaciones a sus derechos humanos.