El PAN busca transparentar subvenciones en el Congreso

CIUDAD DE MÉXICO (15/MAY/2015).- El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional ( PAN) en la Cámara de Diputados busca que la
62 Legislatura,que finalizará sus trabajos el próximo 30 de agosto, transparente todos gastos hechos por cada una de las bancadas en el
Congreso de la Unión por concepto de las subvenciones ordinarias y extraordinarias.

A través de una iniciativa, el vocero de la bancada, Juan Pablo Adam,  y Fernando Rodríguez Doval buscan derogar el artículo decimotercero transitorio de la recién aprobada Ley General de Transparencia y Acceso a la Información.

El pasado 16 de abril, la Cámara de Diputados aprobó sin ninguna modificación la minuta con la que se crea la Ley General de Transparencia y con esto se avaló el artículo transitorio que impulsaron los senadores para que no permitirán conocer información específica de la actual 62 Legislatura de la Cámara de Diputados (como las subvenciones a los grupos parlamentarios), pues en este caso las normas entrarán en vigor hasta el 31 de agosto, fecha en que concluyen sus cargos.

Por esto, los panistas pidieron eliminar este artículo transitorio debido a que los grupos parlamentarios son destinatarios de grandes sumas de recursos públicos, mismos que de acuerdo con los más recientes informes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) no comprueban la razonabilidad en su gasto, ni su buen uso, dado "el escaso acceso a la información", Rodríguez Doval y Adame Alemán se pronunciaron porque esta "legislatura histórica" continúe sentando importantes precedentes, ahora en la rendición de cuentas.

El Congreso de la Unión ha destinado para los grupos parlamentarios del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en la Cámara de Diputados y en el Senado casi 280 millones de pesos por el concepto de subvenciones ordinarias y extraordinarias.

Esto, después de que la dirigencia nacional del Verde aceptó que utilizó recursos de las subvenciones para pagar spots en radio y televisión para la campaña "El Verde Sí Cumple".

"No cabe que los legisladores nos otorguemos plazos extraordinarios, distintos a los que aplican al resto de los sujetos obligados. Si la Ley tiene por objeto garantizar el derecho de acceso a la información pública y transparentar las decisiones, costos y recursos de todos los sujetos obligados a partir de su entrada en vigor, no tiene por qué ser diferente para el Poder Legislativo
Federal", explicó la dirigencia del PVEM.

Con el referido artículo transitorio, la 62 Legislatura queda fuera de lo dispuesto en los artículos 70 y 72 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que lo señala como sujeto obligado a dar detalle sobre las contrataciones en todas sus áreas, así como un informe semestral del ejercicio presupuestal del uso y destino de los recursos financieros de los órganos de gobierno, comisiones, comités, grupos parlamentarios y centros de estudio u órganos de investigación.

"La información en manos de la 62 Legislatura debe de ser tan pública como la de cualquiera de los sujetos mencionados en el artículo 1° de la Ley en comento. Si el Congreso de la Unión pretende ser la materialización del principio democrático y, en palabras de Norberto Bobbio, la democracia consiste en hacer público lo público, hagamos público al Congreso para su democratización", enfatizó.

A través de una iniciativa con proyecto de decreto presentada ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, los diputados del
PAN recordaron que los recursos ejercidos por los grupos parlamentarios se han incrementado anualmente, en promedio, un 27.7 por ciento en el Senado y 35.4% en la Cámara de Diputados.

En ese sentido, la Auditoría Superior de la Federación (ASF),  en su informe, acusó que la opacidad con la que se ejercieron dichos recursos no permite evaluar la razonabilidad del gasto ni comprobar si los recursos se utilizaron para, en efecto, llevar a cabo labores de carácter legislativo.

Recordó que el transitorio Decimotercero señala que para el efecto del cumplimiento de las obligaciones genéricas y específicas a las que se refiere la nueva Ley, cada Cámara del Congreso de la Unión aprobará, a más tardar el 30 de agosto de 2015, un "programa de reorganización administrativa", mismo que debería aplicarse en el momento mismo de la entrada en vigor de la Ley.