Inicia 2015 y todavía no hay rastro de los 42 normalistas

GUADALAJARA, JALISCO (04/ENE/2015).- El Presidente Enrique Peña Nieto recibía elogios de todas partes del mundo. Su acierto: la aprobación de las reformas estructurales que se habían negado durante varios sexenios, el “Mexican moment” estaba en su apogeo.

Sin embargo, todo comenzó a cambiar el 26 de septiembre. Un grupo de normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, decidió ir a botear (pedir dinero en botes) a Iguala, a una hora y media aproximadamente, justo en el día en que María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, se planeaba “destapar” como candidata para sustituir a su marido.

El matrimonio, que a decir del propio Abarca estaba bailando en un festejo con motivo del segundo informe de María de los Ángeles al frente del DIF, se enteró que los estudiantes arribaban al municipio y dieron la orden de reprenderlos para no aguar la fiesta.

Esa orden cambió los últimos cuatro meses del año y reflejó el nivel de corrupción que existe en la clase política.

Mientras Abarca y su esposa bailaban, los estudiantes de Ayotzinapa que viajaban en camiones que tomaron de la Central de Chilpancingo eran alcanzados por policías municipales de Iguala, que a decir de algunos normalistas presentes, comenzaron a dispararles sin mediar palabra.

En videos dados a conocer a lo largo del caso, se puede escuchar a los jóvenes pedir a los agentes que no disparen, porque “ya mataron a algunos compañeros”.

Los policías y presuntos delincuentes dispararon más de 400 veces a un camión en donde venía el equipo de Tercera División Los Avispones de Chilpancingo. Un futbolista y el chofer murieron. Ese día hubo seis muertos: además de los miembros del equipo, tres normalistas y una mujer que viajaba en un taxi también fallecieron.

Los policías de Iguala detuvieron a 43 normalistas y se los llevaron. De acuerdo a algunos testimonios de oficiales que participaron en los hechos, al operativo también se unieron agentes municipales de Cocula, quienes ayudaron a entregar a los estudiantes a miembros del grupo delictivo Guerreros Unidos.

Cuatro días después, el edil José Luis Abarca se presentó en el cabildo acompañado de su esposa y solicitó licencia al cargo, no sin antes dar un discurso: “Deben investigarse y sancionarse en aras de la justicia y no dejar impunes a los actores, ya sean materiales o intelectuales de los atroces acontecimientos”.

Ésa fue la última vez que se vio a Abarca y su esposa, pues huyeron antes de que presuntamente llegaran a aprehenderlos los policías ministeriales. Una vez más, el nivel de infiltración del crimen organizado en la política se ponía en evidencia.

JUSTICIA, A NIVEL INTERNAICONAL

El reclamo social

Los padres y compañeros de los 43 desaparecidos pasaron de la exigencia de justicia a la presión a través de protestas que fueron subiendo de tono. La población, primero de México y después de todas partes del mundo, se unió  al reclamo de “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”, y gracias a las redes sociales se realizaron cuatro jornadas globales por Ayotzinapa en las que participaron miles de personas.

En Guerrero, los maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG) se unieron a la lucha, que confundieron con la quema de distintos edificios, como el Palacio de Gobierno, las sedes de los principales partidos en Chilpancingo, la Casa Guerrero —donde reside el gobernador— e incluso los bustos de bronce de los ex gobernadores guerrerenses o patrullas municipales y estatales, además de la toma de la Autopista del Sol.

Dichos incidentes comenzaron a afectar la actividad económica del Estado, por lo que organismos como la Coparmex y los hoteleros llamaron a la población a no sumarse a dichos disturbios, que dejaron más de 400 millones de pesos en pérdidas.

En la Ciudad de México el principal disturbio ocurrió el 20 de noviembre, cuando después de una marcha pacífica, un grupo de encapuchados le prendió fuego a la Puerta Mariana del Palacio Nacional que data del siglo XIX.

En tanto que en otras partes del país —incluyendo Guadalajara— las manifestaciones para exigir justicia se llevaron a cabo de manera pacífica y no se reportaron incidentes.

Relevo en la gubernatura

La presión por la desaparición de los 43 normalistas exigía cabezas, y el Gobierno federal insistía en el mal manejo de las autoridades estatales, lo que derivó en presiones hacia el gobernador Ángel Heladio Aguirre Rivero, de origen priista, pero abanderado del PRD en las elecciones que ganó en 2010.

Aguirre anunció su petición de licencia el 25 de octubre, una hora antes de que el propio PRD hiciera el anuncio. Dijo que su decisión era “para favorecer el clima político” y recordó que él mismo había anunciado públicamente que si su separación del cargo ayudaba a resolver este asunto, no habría objeción en ello.

Aunque aplaudieron que el gobernador —al que prácticamente pidieron aislarse de las reuniones— dejara el cargo, la decisión de Aguirre Rivero no representó mucho para los padres, quienes afirmaron que no era suficiente.

El 26 de octubre, justo cuando se cumplía un mes de la desaparición de los 43 normalistas, Salvador Rogelio Ortega —quien se desempeñaba como secretario general de la Universidad Autónoma de Guerrero— asumió la gubernatura interina del Estado.

El Ejecutivo estatal ha sido cuestionado por la falta de respuesta ante los hechos violentos en Chilpancingo, y también por algunas declaraciones polémicas que ha hecho. Una de ellas fue cuando afirmó que los estudiantes fueron secuestrados y que sus captores pedían “una millonada” para liberarlos, información que el propio Cisen dijo desconocer el mismo 31 de octubre.

No midió el impacto

Tras darse a conocer los hechos, el Presidente Enrique Peña Nieto en primera instancia dijo que el incidente era de competencia estatal y les correspondía a ellos resolver el caso, sin embargo, 10 días después y luego de darse a conocer el hallazgo de 28 cuerpos en varias fosas localizadas en Iguala, la Procuraduría General de la República (PGR) informó que atraería el caso.

Peña Nieto habló por primera vez del caso el 6 de octubre, 11 días después de los hechos. “Me encuentro profundamente indignado y consternado” dijo en un mensaje a los medios. Más tarde, el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, informó que encabezaría las investigaciones en Iguala para “encontrar la verdad, la sanción y el castigo para los culpables”.

Para ese entonces, los padres ya habían solicitado la colaboración de Antropología Forense de Argentina, ante la falta de confianza hacia las autoridades locales.

A nivel internacional, la imagen del país y la capacidad de gestión del Presidente ya estaban en duda.

“El Presidente hizo a un lado la responsabilidad federal… Ahora corre el riesgo de seguir mirando fuera de la realidad, como lo ha venido haciendo desde que comenzó la crisis de este caso”, publicó The Economist, uno de los semanarios más influyente del mundo.

En tanto que la Organización de Estados Americanos (OEA) calificó de “absurda e inhumana” la desaparición de los estudiantes y el crimen de seis personas ese 26 de septiembre, y le pidió a México una investigación “completa y transparente”.

La ONU, por su parte, también solicitó al Gobierno de México la búsqueda exhaustiva de los jóvenes y de los culpables a fin de garantizar justicia.

LA PROMESA DE CAMBIO TRAS EL CASO IGUALA

El Presidente Enrique Peña Nieto reconoció que el país debía cambiar después del caso Iguala y para ello anunció un decálogo que consiste en la implementación de reformas al sistema de justicia y a la seguridad pública que se discutirán el próximo año.

“Como un mexicano más, me sumo al clamor ciudadano que exige justicia”, aseguró Peña Nieto, quien en otra parte del discurso incluso aseguró que él también era Ayotzinapa.

El Ejecutivo fue claro en su discurso del jueves 27 de noviembre y reconoció que el eslabón más débil en materia de seguridad eran las policías municipales.

Peña Nieto no sólo propuso la desaparición de dichas corporaciones para pasar de mil 800 corporaciones débiles a 32 policías confiables, profesionales y eficaces. Incluso planteó una iniciativa para disolver a los municipios cuando haya indicios suficientes de que la autoridad local está involucrada con el crimen organizado y otra para redefinir y dar claridad al sistema de competencias penales.

Aunque las cámaras de Diputados y Senadores planteaban un periodo extraordinario para discutir y en su caso aprobar dichas reformas, lo cierto es que el tiempo resultó insuficiente y determinaron debatirlas hasta el próximo periodo ordinario, que arranca el 15 de febrero. La Comisión Permanente discutirá el tema en comisiones durante enero.

Por ahora, el Gobierno federal puso en marcha el 3 de diciembre un operativo en la Región de la Tierra Caliente y municipios vecinos de los estados de Morelos, Michoacán y el Estado de México “para fortalecer el estado de derecho en una región prioritaria”, según informó el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

Suceso del año

La desaparición de los 43 estudiantes hace tres meses en Guerrero fue el acontecimiento de 2014 en México, según una encuesta elaborada por El Universal.

Con 76 % de la votación se convirtió en el acontecimiento más importante del año.

“La palabra Ayotzinapa ha generado más de 11.4 millones de documentos en la red, cinco mil de ellos publicados por el rotativo”.