Exigen transparencia en Poderes

CIUDAD DE MÉXICO (21/DIC/2014).- A fin de obligar a los Poderes de la Unión y a los órganos autónomos a transparentar los recursos públicos asignados y su utilización eficaz, el presidente de la Cámara de Diputados, Silvano Aureoles Conejo, planteó la necesidad de reformar el Artículo 134 constitucional.

La iniciativa busca incluir el concepto específico de órganos autónomos como una parte fundamental de las definiciones del articulado. Ello para que todo servidor público de los Poderes de la Unión y de órganos autónomos como el IFAI, INE, y comisiones de Derechos Humanos, entre otros, tenga claro la pulcritud, transparencia, honestidad, eficacia y austeridad con la que se tienen que administrar los recursos públicos.

Aureoles Conejo indicó que ante la amenaza constante de la partidización y del dispendio en el uso de los recursos públicos que les son asignados a estas instancias, se hace cada vez más necesario sujetar su actuación, y sobre todo la aplicación de sus presupuestos, a principios de austeridad, transparencia, eficacia y eficiencia.

Expuso que para 2015 se asignaron al conjunto de los organismos autónomos un presupuesto superior a los 50 mil millones de pesos, incluida la futura Fiscalía General de la República. Si le agrega el presupuesto de los Poderes Judicial y Legislativo, la cifra asciende a más de 100 mil millones de pesos, “hasta ahora no sujetos de manera explícita a los principios descritos en el Artículo 134 constitucional para el uso de los recursos públicos”.

En su iniciativa, Aureoles Conejo explicó que el país necesita retomar la senda del crecimiento económico; que si bien es cierto el entorno internacional no ha sido del todo favorable, también es verdad que el modelo neoliberal de desarrollo ha generado más desigualdad, estancamiento y el desmantelamiento del Estado.

PARA SABER

Harán públicos sus bienes

A partir de enero de 2015, todos los funcionarios del Gobierno de Coahuila deberán hacer públicas sus declaraciones de bienes y propiedades, en el marco de la política de Transparencia y Rendición de Cuentas implementada por el Estado.