Murillo Karam desvela irregularidades del caso Tlatlaya

CIUDAD DE MÉXICO (11/OCT/2014).- En el caso Tlatlaya siguen surgiendo nuevas versiones de los hechos.

Ayer, el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, afirmó en entrevista con Carmen Aristegui que tres soldados mataron a ocho personas que ya no eran una amenaza y que además lo hicieron con las propias armas de los civiles. También, aclaró, fueron ocho y no 25 los militares que participaron en los hechos ocurridos el 30 de junio.

El procurador fue cuestionado sobre la versión de una de las tres sobrevivientes, quien le contó a la revista Esquire México que fueron lo militares quienes dispararon primero a las personas que estaban en la bodega. Incluso la mujer, a la que llamaron “Julia”, aseguró que sólo uno murió en el ataque de los militares, mientras que a los otros 21 los asesinaron pese a que ya se habían rendido. “Los soldados interrogaron a los 21 supervivientes y luego los mataron”.

Sin embargo, el procurador afirmó que la misma testigo cambió su declaración. “No coincide (la declaración de la sobreviviente en la revista) con sus declaraciones... ella reconoció que varios murieron durante el enfrentamiento”. También aseguró que los primeros en avisarles que hubo irregularidades de parte de los soldados en aquel incidente fue la propia Secretaría de la Defensa Nacional.

Agregó que los ocho soldados se encuentran detenidos en el Campo Militar, acusados por la fiscalía castrense de delitos en contra de la disciplina militar, desobediencia e infracción de deberes. Los cuatro efectivos consignados por homicidio, dijo, no pueden ir a “una prisión normal” por motivos de seguridad.

FRASE

"Es preocupante que los excesos y abusos por parte de las Fuerzas Armadas y de seguridad denunciados en el Gobierno de (Felipe) Calderón se repitan bajo el Gobierno de Peña Nieto".

Karim Lahidji, titular de la Federación Internacional de DH.

LA PRUEBA DE PEÑA NIETO

La organización Human Rights Watch considera que el esclarecimiento del crimen de las 22 personas en Tlatlaya constituye una prueba del compromiso de Peña Nieto con el respeto a los derechos humanos.

“Se ha vuelto evidente que en el proceso de impedir que este asunto desviara la atención de su Gobierno, él cometió el error de ignorarlo por completo”, dijo por separado Tony Payan, director del Centro de México en el Instituto de Políticas Públicas Baker de la Universidad de Rice, en Houston.

Peña Nieto asumió el poder en diciembre de 2012 y de inmediato cambió el discurso público, después de que la narrativa de su predecesor estuviera marcada por la guerra contra el narcotráfico.

“La narrativa del Gobierno en estos años ha sido de bajar el perfil del tema de tal manera que no se hable mucho y genere percepción de menor inseguridad en la población”, dijo Erubiel Tirado, experto en seguridad y profesor de la Universidad Iberoamericana.

“La pretensión era guardar todo bajo la alfombra y eso no sirve a la larga”, añadió.

Sin embargo, tanto el caso de Tlatlaya como la desaparición de 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, en Guerrero, lo han obligado a salir a informar que están trabajando hasta que haya castigo contra los responsables.

CLAVES

Casos similares, distinto tratamiento

Confusión. El procurador Jesús Murillo Karam reconoció que en un primer momento se confundieron debido a que ocho de las 22 víctimas presentaban orificios de bala que no eran de las utiizadas por el Ejército, lo que los llevó a comprobar que fueron los propios militares quienes dispararon las armas de los presuntos delincuentes.

Parcial. Mientras en el caso Iguala, donde policías municipales asesinaron a tres normalistas y otros 43 permanecen desaparecidos, el Presidente Enrique Peña Nieto llamó al Gobierno estatal (perredista) a hacerse responsable por los hechos, en Tlatlaya, Estado de México —Entidad que gobernaba antes de ser Presidente—  no ha hecho algún pronunciamiento similar para el mandatario Eruviel Ávila Villegas.