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El caso Chalchihuapan salpica a Moreno Valle

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El senador Luis Sánchez presentó a la CNDH, presidida por Raúl Plascencia, una denuncia y pruebas sobre los hechos ocurridos en Puebla. SUN /

  • Víctimas, activistas y partidos políticos exigen justicia; la CNDH investiga los hechos del 9 de julio
  • La 'ley bala' mantiene en el ojo del huracán a la administración del panista, por abuso policiaco

CIUDAD DE MÉXICO (11/AGO/2014).- A poco más de un mes de que los habitantes de San Bernardino Chalchihuapan se manifestaron en la autopista Puebla-Atlixco, las mentiras, testigos y contradicciones sobre la muerte de un niño de 13 años que resultó herido en la protesta y que posteriomente perdió la vida, colocan al gobernador Rafael Moreno Valle Rosas en su peor momento político.

El pasado 9 de julio, los pobladores de Chalchihuapan bloquearon esa carretera. Exigían la restauración del Registro Civil a las presidencias de las Juntas Auxiliares. Un operativo a cargo del secretario de Seguridad Pública del Estado, Facundo Rosas Rosas, pretendía dispersar la manifestación; sin embargo, el operativo terminó en un enfrentamiento violento. Elementos de la Policía Estatal lanzaron gas lacrimógeno y otros artefactos, como balas de goma y proyectiles, en contra de los habitantes. Cinco personas resultaron heridas de gravedad, entre ellas, el menor José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, quien recibió un impacto en la cabeza. Él sólo iba de paso, pues acababa de salir de la secundaria y para llegar a su casa tenía que atravesar la autopista, pero, según los testigos, fue alcanzado por una bala de goma.

Desde entonces, el Gobierno de Rafael Moreno Valle ha tratado de deslindarse de la responsabilidad de la muerte del menor. A través del procurador Víctor Carrancá Bourget y el propio Rosas Rosas han reiterado que no se hizo uso de balas de goma durante el operativo, y que la muerte del menor la provocó una onda expansiva que resultó de un cohetón que dispararon los propios habitantes de Chalchihuapan.

Las propias versiones oficiales han caído en contradicciones, además de que las investigaciones de los medios críticos locales han desmentido y evidenciado una y otra vez al Gobierno. La madre del menor, Elia Tamayo, denunció que recibió presiones para firmar documentos que culpaban a los habitantes de Chalchihuapan de la muerte de su hijo. Sin embargo, no firmó nada.

No ha sido la única en denunciar acoso de las autoridades del Estado. Medios y opositores han denunciado hostigamiento por publicar los hechos con veracidad.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) realiza una investigación sobre el caso. A pesar de que la instancia presidida por Raúl Plascencia Villanueva avaló la propia “ley bala”, propuesta por el mandatario Valle Rosas y aprobada por el Congreso poblano, ahora afirma que sus recomendaciones serán imparciales y apegadas a la realidad. Sus peritos también trabajan para determinar qué fue lo que causó la muerte de José Luis.

Con información de  Sinembargo.mx

SABER MÁS
Exigen fin de represión


Las organizaciones sociales, sindicales y populares de Puebla que ayer por la mañana marcharon junto a miles de personas contra la “represión del Gobierno de Rafael Moreno Valle”, denunciaron a través de un posicionamiento la situación de “alta vulnerabilidad social y política como consecuencia del gradual y constante crecimiento del Poder Ejecutivo y la ausencia de equilibrios y contrapesos que deberían ejercer los poderes Legislativo y Judicial”.

Los organismos sociales que se sumaron a la protesta de este día exigieron que el gobernador poblano sea sometido a juicio político “por ser el responsable de la ingobernabilidad en nuestra Entidad”.

Además pidieron la destitución inmediata de Luis Maldonado Venegas, Secretario de Gobierno del Estado, y de Facundo Rosas Rosas, titular de la Secretaría de Seguridad Puebla.

Cronología


9 de julio de 2014

Habitantes de siete poblaciones salieron a manifestarse en distintos puntos de Puebla para exigir el regreso de las oficinas de Registro Civil a las presidencias de las Juntas Auxiliares, pues con la Ley Orgánica Municipal, aprobada el 3 de diciembre del año pasado, se les quitó la facultad de operar el servicio.

En la autopista Puebla-Atlixco, a la altura de la Junta Auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan, se implementó un operativo, basándose en la “ley bala”. Poco después hubo un enfrentamiento entre los habitantes por lo que los elementos de la SSP estatal lanzaron diversos proyectiles como gas lacrimógeno y otros artefactos.

11 de julio de 2014

La diputada Roxana Luna publicó a través de su cuenta de Twitter una serie de fotografías que muestran los artefactos que recolectaron los habitantes de San Bernardino Chalchihuapan tras el conflicto del 9 de julio.

Al menos dos costales llenos de cartuchos de gas lacrimógeno, así como de balas de goma y proyectiles se podían ver en las imágenes. También reveló una foto de Filemón Pacio Grande, habitante de San Martín Tlamapa, quien recibió un impacto en el costado derecho de su cuerpo. Además, dijo, el menor, José Luis, “se debate entre la vida y la muerte”.

15 de julio de 2014

Luis Maldonado Vengas, secretario general de Gobierno de Puebla, justificó el operativo, pues los manifestantes “interrumpieron el flujo vehicular por más de cinco horas e incurrieron en acciones violentas”. “El comportamiento del grupo de manifestantes, no corresponde al perfil ciudadano de una protesta, ya que dio muestras de una intención claramente organizada, premeditada, de franca provocación y agresión”, dijo. Negó el uso de balas de goma.

Comenzaron a circular en las redes sociales, videos y fotografías del enfrentamiento, entre ellos uno donde se observa al menor José Luis luego de recibir el impacto en la cabeza.

16 de julio de 2014

El movimiento Los de Abajo publicó un desplegado en diarios nacionales donde exigieron al Presidente Enrique Peña Nieto, así como al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, que detenga “la nueva ley bala que el Gobierno autoritario de Rafael Moreno Valle ha instaurado contra los habitantes de Puebla”.

También pidieron la renuncia inmediata de Facundo Rosas, secretario de Seguridad Pública de Puebla, “por intento de homicidio colectivo en contra de la población de San Bernardino Chalchihuapan.

18 de julio de 2014

El médico José Antonio Martínez García, director del Hospital General del Sur, anunció que José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo presentó muerte cerebral. Detalló que el diagnóstico se determinó tras realizarle un electroencefalograma, donde se observó la ausencia completa y permanente de conciencia y la ausencia permanente de respiración espontánea.

19 de julio de 2014

Elia Tamayo denunció que las autoridades médicas del Hospital General del Sur nunca le informaron sobre el estado de salud de José Luis. Explicó que se enteró del diagnóstico de muerte cerebral a través de los medios de comunicación. Más tarde, el secretario de Seguridad, Facundo Rosas, negó que agentes de su corporación hayan usado balas de goma en el desalojo de los pobladores de San Bernardino Chalchihuapan.

Más tarde, José Luis murió por paro cardiorrespiratorio irreversible.

Por otro lado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos atrajo el caso.

21 de julio de 2014

Al menos 38 organizaciones y 64 ciudadanos emitieron un comunicado donde exigieron un informe público de la SSP estatal sobre el operativo en San Bernardino Chalchihuapan. Exigieron la abrogación de la “ley bala” y una investigación por parte de la CNDH y la Comisión del Estado de Puebla.

El gobernador Rafael Moreno Valle envió una iniciativa a su Congreso para abrogar la “ley bala”.

23 de julio de 2014

Víctor Carrancá Bourget, procurador general de Justicia del Estado de Puebla, aseguró en entrevista radiofónica en MVS Noticias que la muerte del menor se debió a que fue impactado por un objeto que generó una “onda expansiva”, lo que provocó el desprendimiento de hueso.

27 de julio de 2014

Los abogados de Elia Tamayo mostraron fotografías de la prueba pericial del menor, con permiso de la familia, donde se revela que la herida de José Luis no fue provocada por un cohetón, como manejaron las autoridades estatales. Los defensores exigieron que el gobernador, el panista Rafael Moreno Valle, solicite licencia al cargo para garantizar transparencia e imparcialidad.

31 de julio de 2014

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió un comunicado en el que aseguró que investigaba probables violaciones graves en el caso del desalojo registrado el pasado 9 de julio. Además acordó tramitar el expediente como Investigación de Violaciones Graves a los Derechos Humanos, facultad con la que cuenta la Comisión y que aplica cuando lo considera conveniente o a petición del Ejecutivo federal, gobernadores, o legislaturas.

4 de agosto de 2014

Domingo, un poblador del municipio de San Bernardino Chalchihuapan, Puebla, aseguró en entrevista para Radio Fórmula que la muerte del menor José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo fue por el disparo de los policías estatales que se encontraban sobre la autopista. “El disparo que le dio al niño no vino de arriba del puente, vino de los granaderos que había sobre la autopista, los disparos vinieron sobre la autopista que estaba del lado sur”, dijo.

5 de agosto de 2014

Los legisladores Roxana Luna Porquillo y Luis Sánchez Jiménez, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), acudieron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para entregar fotografías y videos del enfrentamiento. Entre las evidencias aportadas figuran fotografías y videos que captaron los propios habitantes para demostrar el uso de armas en contra de los habitantes con el fin de reprimir la manifestación, en la que sólo pedían la restitución del servicio de Registro Civil a la presidencia de la Junta Auxiliar.

6 de agosto de 2014

Facundo Rosas compareció ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para rendir cuentas sobre el violento desalojo en la autopista Puebla-Atlixco. Durante hora y media se reunió con el presidente del organismo, Raúl Plascencia Villanueva.

Sobre el uso de balas de goma, el ombudsman aseguró que al mostrarle las fotografías Rosas manifestó: “Lo que ahí está como balas de goma no corresponde a lo que es”.

9 de agosto de 2014

Víctor Antonio Carrancá Bourguet, procurador de Puebla, también acudió ante la CNDH para comparecer por el enfrentamiento de Chalchihuapan. Plascencia Villanueva detalló que el procurador aseguró que el dictamen que achaca la muerte del menor de 13 años al impacto de un cohete, no es definitivo y que la investigación sigue abierta. El presidente de la CNDH planteó que, luego de analizar la información proporcionada por Rosas y Carrancá, determinarán si citan a comparecer al gobernador Rafael Moreno Valle.

PARA RECORDAR
Polémica legislación


La ley para proteger los derechos humanos y que regula el uso legítimo de la fuerza por parte de los elementos de las instituciones policiales del Estado, conocida como la “Ley Bala” se aprobó el lunes 19 de mayo en el Congreso de Puebla con 32 votos a favor y sólo cinco votos en contra.

CRÉDITOS:

/ HJ
Ago-11 00:42 hrs

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