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Dos mexicanas demandan a agentes de EU

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Araceli Rodríguez toma un rosario que perteneció a su hijo (en la foto del fondo), asesinado por un agente fronterizo. AP /

  • En 21 meses no ha habido respuesta por la muerte de José Elena Rodríguez por parte de agentes fronterizos
  • Una de ellas emite el requerimiento por violación y la otra por matar a su niño por la espalda con ocho tiros

CIUDAD DE MÉXICO (30/JUL/2014).- La mexicana Araceli Rodríguez, demandó ayer a agentes de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos acusándolos del homicidio culposo de su hijo, fallecido en octubre 2012 a los 16 años.

Y hoy mismo, otra mexicana demandó también a la Patrulla Fronteriza porque, dijo, un agente la violó cuando se encontraba en custodia.

La organización American Civil Liberties Union (ACLU) puso en curso la primera demanda contra los agentes en una corte federal de EU en Tucson declarando que se trata de un caso más en el que los agentes en la frontera abusan de su fuerza sin que haya consecuencias, reportó ayer el diario británico Daily Mail.

José Antonio Elena Rodríguez, la víctima, recibió al menos ocho tiros por la espalda mientras caminaba por una calle que corre paralela a la frontera con Arizona en su natal Nogales, en el estado de Sonora.

“Quiero saber quiénes son estas personas que mataron a mi niño. ¿Por qué había tantas balas en el cuerpo de mi hijo?”. Las palabras de Araceli Rogriguez aparecen en una nota del Los Angeles Times del pasado martes, tomadas de una entrevista que Rodríguez dio desde Nogales.

“Póngase usted en mis zapatos. Imagine que a su hijo le hubieran disparado diez veces. Un niño tirado sobre el suelo en un charco de su propia sangre. Y no hay respuestas. Y no hay justicia”.

Un periódico de Arizona, The Arizona Republic, escribe en una nota de ayer que José Antonio murió la noche del 10 de octubre de 2012, después de que al menos un agente de la Patrulla Fronteriza abriera fuego.

Dice que el incidente comenzó a partir de una llamada a la policía de Arizona, que reportaba el avistamiento de dos personas saltando la barda que separa ambos lados de la frontera y que cargaban lo que parecían ser paquetes de mariguana. Supuestamente cuando los agentes intentaron arrestarlos, les arrojaron piedras desde el otro lado de barda.

Aunque la policía norteamericana dijo haber disparado en defensa propia, el diario afirma que dada la forma y posición de la barda es improbable que cualquier proyectil lanzado desde el otro lado de la barda pudiera haber golpeado a los agentes.

Isidro Álvarez, un testigo ocular del lado mexicano de la frontera, dice que caminaba por la calle detrás de José Antonio cuando dos jóvenes los rebasaron corriendo. Momentos después sonaron disparos y José Antonio cayó muerto, añade el diario de Arizona.


Sin respuesta tras casi dos años de homicidio

En 21 meses Araceli Rodríguez no ha recibido ninguna respuesta por parte del gobierno de Estados Unidos Aduanas y Protección Fronteriza (Costumes and Border Protection) del país afirmaron que no discuten sobre litigios pendientes.

Los abogados de Rodríguez buscarán que dentro de las próximas dos semanas el gobierno libere los nombres de los agentes involucrados, dice el Arizona Republic. Señala que en demandas de homicidio culposo lo común es que los nombres sean revelados, pero de no ofrecerlos voluntariamente el gobierno, se tomarán medidas.

Existe un debate en torno a la validez legal de Rodríguez, que apela a la jurisdicción de EU reclamando derechos para la víctima, su hijo, bajo dos enmiendas constitucionales.

El diario Los Angeles Times explica que en Estados Unidos, los no ciudadanos tienen una base más frágil para reclamar derechos constitucionales. Cita a Xavier Fellmeth, profesor de derecho en la Universidad de Arizona:

“Yo diría que tienen un camino cuesta arriba.”, dice Fellmeth, “En el pasado remoto la Corte Suprema de Estados Unidos se negó decisivamente a dar protección a extranjeros afuera de los Estados Unidos”.

Por otra parte el diario afirma que en ciertas instancias la Suprema Corte de Estados Unidos sí ha concedido dicha protección. En 2008 un detenido en Guatánamo, una base naval de los Estados Unidos en Cuba, logró que la Suprema Corte reconociera su derecho constitucional a litigar en una corte federal estadounidense contra su detención. Un abogado de Rodríguez, a la cabeza de la ACLU, piensa que este caso puede ser considerado similar.

El diario de California agrega que hasta el momento no se ha conocido información de investigaciones mexicanas o estadounidenses y cita un estudio, comisionado a expertos por la CBP, que afirma que en rara vez se lleva a juicio a agentes de la policía fronteriza y cuando se les investiga suele determinarse que actúan en defensa propia.

El Arizona Republic cita a Rodríguez quien dijo ayer:

“Ahora, tengo el respaldo de abogados. Hay gente que me está ayudando y eso me da esperanzas de que habrá justicia”.


Otra demanda por violación

Una indocumentada mexicana interpuso en una corte federal estadounidense del sur de Texas una demanda contra un agente de la Patrulla Fronteriza, al que acusó de violar sus derechos por un ataque sexual mientras estaba bajo su cuidado.

La demanda civil fue presentada ante la Corte de Distrito del Sureste de Texas en Brownsville. De acuerdo con la querella, la mujer viajaba en un autobús para tratar de internarse en forma ilegal a territorio estadounidense, cuando fue detenida en un punto de revisión en la carretera de Falfurrias, Texas.

Según la demanda, la inmigrante se lesionó un brazo mientras se encontraba bajo la custodia de la Patrulla Fronteriza, y fue trasladada a un hospital de Corpus Christi para ser atendida.

La mujer aseguró que el patrullero fronterizo Philip Westerman fue el autor del abuso sexual, ocurrido en el hospital en abril de 2013, cuando se encontraba en un cuarto del hospital bajo su vigilancia. Sostuvo que fue agredida más de una vez mientras se encontraba sujeta con grilletes a la cama de hospital.

La demanda informa que la inmigrante recogió una toalla utilizada durante el asalto sexual, como prueba del ataque, y que informó a una enfermera del incidente. Las autoridades acudieron al hospital para investigar y “un detective tomó fotos y se llevó la toalla”, explicó la mujer en la querella.

La demanda sostiene que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos deportó a la inmigrante “sin completar una investigación de su queja”.

Westerman fue exonerado de las acusaciones por un gran jurado, pero la Patrulla Fronteriza lo mantiene suspendido sin derecho a sueldo en espera de los resultados de una investigación interna.

Sinembargo.mx

CRÉDITOS:

SUN / JOAO
Jul-30 21:07 hrs

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