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Lunes, 22 de Diciembre de 2014

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Tribunal da la razón a familias de víctimas de San Fernando

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  • Consideran que se liberó de responsabilidad al Estado mexicano
  • Admite amparo por omisiones de la CNDH al investigar la masacre

CIUDAD DE MÉXICO (06/JUN/2014).- El Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito confirmó la admisión del amparo en contra de la Recomendación 80/2013 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en el caso de la masacre de 72 personas migrantes en San Fernando declarando infundada la queja interpuesta por el órgano autónomo.

“Por primera vez, a partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, se abre la posibilidad de verificar ante autoridades judiciales la actuación de la CNDH que sea violatoria de derechos humanos”, indicó la Fundación por la Justicia y el Estado de Derecho en un comunicado de prensa.

En marzo pasado, la Fundación dio a conocer sobre una demanda de amparo interpuesta por los familiares de las víctimas en contra del proceso de investigación y de la recomendación que hizo la CNDH sobre los 72 migrantes asesinados en San Fernando, Tamaulipas, pues consideraron que se liberó de responsabilidad al Estado mexicano.

Las familias que interpusieron dicha demanda consideraron que en su resolución la CNDH en vez de pronunciarse por el derecho a la vida, declarar las violaciones como graves y determinar si el gobierno estuvo involucrado por acción u omisión, simplemente guardó silencio en su informe público, presentado apenas en diciembre pasado.

En el informe sólo se culpó a la Procuraduría General de la República (PGR) y al gobierno de Tamaulipas por no proteger evidencias del crimen, un descuido que, afirman, generó problemas para identificar algunos cadáveres; incluso actualmente aún hay 12 en la fosa común.

La demanda fue admitida a trámite desde el pasado 17 de enero por el Juez Decimoprimero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal y advierte que la CNDH “no investigó a fondo ni se pronunció respecto a la masacre de 72 personas, no señaló si se violó el derecho a la vida y si es Estado está involucrado por acción u omisión”, señaló David Mora, integrante de la fundación.

Este día, al desechar el recurso de queja, el Tribunal rechazó los argumentos de la CNDH quien alegaba que la demanda interpuesta por las víctimas no debió ser admitida por el juzgado de distrito ya que era notoriamente improcedente admitirla y señalaba que no procede juicio de amparo por actos realizados por esta Comisión.

Esto significa que el trámite del juicio de amparo continúa. El Juzgado Decimoprimero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, analizará si los derechos de las víctimas y familiares de personas identificadas en esta masacre, así como el derecho a la verdad de la sociedad, fueron violentados por la CNDH en el proceso de investigación y en la Recomendación 80/2013.

“Reconocemos la decisión del Noveno Tribunal Colegiado que, tomando en cuenta la última reforma de la Ley de Amparo y la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, dictó una resolución que garantiza una mayor protección de los derechos humanos de las víctimas”, dijo la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho en un comunicado de prensa.

La ONG informó que existe otra queja derivada de una admisión de un segundo amparo sobre la misma Recomendación 80/2013 de la CNDH, sobre la cual está pendiente que se resuelva la competencia. “Reafirmamos nuestra convicción en la labor del Poder Judicial de la Federación como institución encargada de garantizar la protección de los derechos humanos de las personas”, agregó.

La Fundación consideró que es fundamental que, gracias a la reforma en materia de derechos humanos, se abran caminos para la defensa de los derechos humanos de las víctimas y de la sociedad, al igual que los tribunales incorporen cada vez más en sus decisiones la normatividad aplicable en materia de derechos humanos.

“La masacre de 72 migrantes en San Fernando es una de las peores tragedias en la historia reciente mexicana. Esta masacre ilustra las graves violaciones a los derechos humanos que sufren las personas migrantes en su tránsito por México. Las víctimas, las familias y la sociedad tienen el derecho a conocer la verdad sobre los hechos y que se garanticen medidas de reparación integral”, finaliza el documento.


Con información de Sinembargo.mx

CRÉDITOS:

/ IJS
Jun-06 18:12 hrs

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