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Critican ONG leyes contra protestas

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¿Prohibidas?.En Quintana Roo, quien se quiera manifestar deberá pedir permiso a la autoridad.

  • El Frente por la Protesta Social lamenta las reformas en el DF y Quintana Roo
  • Exhortan a las comisiones de Derechos Humanos estatales interponer quejas ante la Corte

CIUDAD DE MÉXICO (05/MAY/2014).- Las leyes de Movilidad del Distrito Federal y de Ordenamiento Cívico de Quintana Roo preocupan a organizaciones no gubernamentales, pues restringen “los derechos a la libertad de expresión y reunión”.

Por medio de un posicionamiento, el Frente por la Protesta Social y la Libertad de Expresión exhortó a los titulares del Poder Ejecutivo de ambas entidades federativas, Miguel Ángel Mancera Espinosa y Roberto Borge Angulo revisar ambas disposiciones y vetar o regresar los apartados señalados como violatorios a derechos humanos.

También pidieron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Quintana Roo a ejercer sus facultades de control de constitucionalidad y convencionalidad y en caso de que estas leyes sean publicadas, interponer las acciones de inconstitucionalidad correspondientes.

El Frente lamentó que al tiempo que “dos iniciativas restrictivas de los derechos humanos fueron detenidas, otras leyes que restringen de forma ilegítima los derechos a la libertad de expresión y reunión fueron aprobadas en el Distrito Federal y Quintana Roo.

Quejas puntuales


En el caso de la Ley de Movilidad del DF, aprobada por la Asamblea Legislativa el pasado 30 de abril, las ONG del Frente manifestaron que ésta establece en su Artículo 2. “La necesidad de dar aviso en las manifestaciones públicas, condicionándolas a que tengan una ‘finalidad perfectamente lícita’ y prohibiendo la ‘perturbación de la paz y tranquilidad de la población’”.

Esto, dijeron, deja abiertos y vagos dichos conceptos para su interpretación discrecional por las autoridades en las manifestaciones, alejándose de los mínimos indispensables que toda restricción a la libertad de expresión debe tener.

Señalaron que en ese mismo artículo se condiciona el cumplimiento de las obligaciones de tutelar el derecho a la manifestación pacífica únicamente para aquellos que den aviso a las autoridades con una anticipación de 48 horas, resultando discriminatoria.

En el caso de la Ley de Ordenamiento Cívico de Quintana Roo explicaron que en su Artículo 18 incorpora términos “vagos” como “paz pública” como causa para que las autoridades tomen todas las “medidas necesarias”.

“Estos términos no cumplen el requisito de ser precisos y claros. Además, es importante subrayar que éstos no son determinados en la Ley, pero que, en todo caso, la definición de “orden público” debe partir de la garantía del derecho a la protesta, no de su vulneración”.

Con información de Sinembargo.mx

SABER MÁS
La ONU también se opone


El Frente por la Protesta Social y la Libertad de Expresión está conformado por  Artículo 19, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, entre otros.

El Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación de la ONU ha señalado que la exigencia de un aviso o permiso como condición para que las autoridades garanticen y faciliten el ejercicio de este derecho contraviene los derechos humanos”.

CRÉDITOS:

EL INFORMADOR / HJ
Mayo-05 00:16 hrs

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