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Mantiene CNDH críticas a la geolocalización

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La CNDH buscó que la Suprema Corte declarara inconstitucional la localización de los teléfonos celulares. ARCHIVO /

  • Vigilancia de teléfonos celulares
  • La clave está en que Derechos Humanos pedía que las órdenes pasaran antes por un juez

GUADALAJARA, JALISCO (28/ABR/2014).- La Suprema Corte de Justicia resolvió en enero que la geolocalización no implica la intervención de las comunicaciones privadas ni del registro de llamadas. Por esto no hay ninguna restricción o violación al derecho a la vida privada de las personas. Sin embargo, no es suficiente para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que solicitó que se declaren inconstitucionales estas medidas.

La directora de Asuntos Jurídicos del organismo, Claudia Fernández, comenta que se lograron blindar los derechos humanos con los cambios que pretende dar la Suprema Corte, aunque “no se puede estar satisfecho porque se promovió una acción de inconstitucionalidad para suspender las medidas, por no haber un control judicial y no poner límites”.

La llamada ley de geolocalización es una reforma al Código de Procedimientos Penales Federal que permite acceder a la ubicación de celulares en tiempo real, sin la necesidad de la orden de un juez, aunque sólo en casos extremos.

Fernández explica que la pretensión era que se necesitara una orden judicial para localizar los dispositivos y que la medida se utilizara sólo en casos de emergencia o “cuando esté en riesgo la vida o la integridad de las personas, cuando pueda ocultarse o fallecer el objetivo de la investigación”.

El máximo tribunal reconoció la validez constitucional de las geolocalizaciones, pero siempre que se limiten a la ubicación de la procedencia de una llamada y cuando se involucre un delito de alto impacto como delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, extorsión o amenazas.

La directora recomienda que después del proceso se deje constancia de la solicitud para aminorar la incertidumbre de irregularidades, ya que “los ciudadanos tendrían que estar no muy contentos”.

SABER MÁS

El papel de los concesionarios


> Una de las críticas a las leyes secundarias de la reforma en telecomunicaciones se centra en la ambigüedad de esta medida para que los concesionarios proporcionen a las autoridades la ubicación de celulares, sin acotar o establecer límites claros.

> La PGR ha señalado que la detención de Joaquín el “Chapo” Guzmán se logró en parte gracias a la geolocalización de sus dispositivos de comunicación. Lo mismo ocurrió con la caída de Enrique “Kike” Plancarte, líder de los Caballeros Templarios, quien fue abatido este año.

PREVÉN SANCIONES A FUNCIONARIOS QUE SE EXCEDAN

Prisión y multa en caso de abuso


Siete años de prisión, multa de más de 20 mil pesos y destitución del cargo podría sufrir el servidor público que haga mal uso de la llamada ley de geolocalización, una de las reformas aprobadas por la Cámara de Diputados en el mes de marzo de 2012 al Código Federal de Procedimientos Penales, y del capítulo sobre reglas especiales para la práctica de diligencias y levantamiento de actas de averiguación previa, en el que se señala que:

“En materia de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, extorsión o amenazas, la PGR o los servidores públicos pueden solicitar por simple oficio o medios electrónicos a los concesionarios o permisionarios del servicio de telecomunicaciones la localización geográfica, en tiempo real, de los equipos de comunicación móvil asociados a una línea, que se encuentren relacionados”.

Esto es una de las bases de licitación pública del espectro radioeléctrico en la Ley Federal de Telecomunicaciones. En el artículo 14 del capítulo de las concesiones hace referencia a “las acciones coordinadas con la autoridad correspondiente, que permitan combatir los delitos de extorsión, amenazas, el secuestro en cualquiera de sus modalidades o algún delito grave o relacionado con la delincuencia organizada”.

CRÉDITOS:

EL INFORMADOR / GSO
Abr-28 04:00 hrs

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