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El PRD plantea cinco modificaciones al proyecto de Javier Lozano

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  • Ley de telecomunicaciones. Discusión en las comisiones unidas

El senador Manuel Bartlett afirma que el panista no debe legislar; 'su esposa trabaja en Televisa'

CIUDAD DE MÉXICO (23/ABR/2014).- Senadores del Partido de la Revolución Democrática pretenden realizar cinco modificaciones al proyecto del panista Javier Lozano sobre las leyes secundarias en telecomunicaciones.

Tanto los del sol azteca como los otros legisladores podrán hacer observaciones al proyecto hoy, pues se discutirá mañana a las 18:00 horas.

El proyecto de Lozano Alarcón contempla, como el del Presidente Peña Nieto, que los concesionarios y los autorizados que presten el servicio de acceso a internet podrán hacer ofertas diferenciadas según las necesidades de los segmentos de mercado y clientes, diferenciando entre niveles de capacidad, velocidad o calidad.

Dicho punto es uno de los que quieren cambiar los perredistas. “Nuestra iniciativa incluye un andamiaje respecto a la protección de los usuarios”, dijo ayer el senador Zoé Robledo Aburto.

Afirmó que su texto también contempla devolverle facultades al Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) que está perdiendo en el proyecto del Ejecutivo.

“Prevemos que el Ifetel regule, vigile y supervise lo relativo a contenidos, publicidad, derechos de usuarios, suscriptores y audiencias”. En el proyecto del Presidente algunos de estas atribuciones recaerán en la Secretaría de Gobernación.

El documento de los perredistas, afirmó Zoé Robledo, incluye la neutralidad de la red, ya que establece que los usuarios podrán acceder a cualquier contenido, aplicación o servicio.

Sobre la geolocalización de los usuarios de internet, el PRD plantea que sólo se realicen a partir de la autorización de un juez —el proyectopresidencial contempla que se hagan cuando las autoridades de seguridad lo crean necesario—.

El perredista Manuel Bartlett Díaz pidió a Lozano Alarcón que se excusara de la discusión de las leyes secundarias, pues su esposa, Silvana Ponzanelli, labora para Televisa y es actualmente directora de la fundación de esa empresa.

CRÓNICA
Y salieron a las calles


Por Omar García

Desde temprano, el senador Javier Lozano aclaraba que el proyecto presentado en la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara alta no llevaría sesgos de censura en la red. Todo lo que fuera en detrimento de libertades en internet se guardaría en un cajón. Sin embargo, la pólvora ya estaba puesta en la mecha.

En Guadalajara, cientos de personas marcharon en contra del primer documento enviado por el Ejecutivo federal, donde cabía la posibilidad de intervenir y restringir comunicaciones digitales sin orden judicial previa.Desde las 18:00 horas, jóvenes adultos y niños volvieron a salir a las calles, igual que lo hicieron en el verano de 2012 durante las campañas a la Presidencia, para exigir pluralidad y respeto a las diferencias de opinión en los medios de comunicación.

Miembros del movimiento #YoSoy132 encabezaban la marcha, pero igual se sumaron organizaciones sociales, anarquistas y personas que no creyeron en senador Lozano ni en la clase política del país. Con consignas en contra del Presidente y del partido en el Gobierno, los manifestantes gritaron contra Televisa y la línea editorial de Canal 7.

Rodrigo Cornejo, integrante de la agrupación que se originó en la Universidad Iberoamericana en mayo de 2012, dijo que no creía en un legislador que incumplió su palabra de hacer público el dictamen. “No deja claro el respeto a los derechos humanos y a la Constitución”.            

Una iniciativa que está fuera de la realidad

Para el coordinador de Telecomunicaciones de la Universidad de Guadalajara, Alejandro Martínez Varela, la iniciativa en telecomunicaciones enviada por el Ejecutivo contempla disposiciones tan apartadas de la realidad.

“Internet no se puede regular. Es como si le dijeras a alguien que viera tal o cual programa de televisión. O que no camine por tal o cual calle. Internet nació libre y su fin principal, desde que nació, fue el trabajo colaborativo”.

Incluso resalta que no ve ningún beneficio para los usuarios en la reforma en telecomunicaciones.

“La ley parece que está escrita como si fuéramos nuevos en el tema. Que los políticos hayan llegado tarde, es otra cosa”.

Graciela Bernal, presidenta del capítulo Jalisco de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) subraya que otro punto negativo de la iniciativa tiene que ver con las desventajas para los medios públicos.

“La iniciativa que envió el Ejecutivo es muy suavecita con los medios preponderantes, pero muy severa con los públicos. No contempla mecanismos de autofinanciamiento, y prohíbe que haya patrocinios o recursos autogenerados”.

Bernal espera que los integrantes del Congreso de la Unión escuchen el reclamo popular para cambiar la manera en que está redactada, pues cree que el desconocimiento de los legisladores ha ocasionado el texto planteado afecte el derecho a la información.

La Comisión Nacional de los derechos Humanos considera inconstitucional el proyecto y solicitó a la Suprema Corte que así lo reconozca.

CLAROSCUROS
La reforma promovida por Peña

Puntos positivos

Termina el cobro de llamadas de larga distancia (roaming).

Se crea un Instituto especializado en Telecomunicaciones. Pero los derechos de los usuarios serán protegidos por la Procuraduría Federal del Consumidor.

Las concesiones de medios de comunicación serán sólo para mexicanos, pero podrán tener inversión privada. Las concesiones comerciales podrán arrendar el espacio radioeléctrico.

Se crean condiciones para que el Instituto de Telecomunicaciones determine tarifas competitivas entre empresas prestadoras del servicio.

Todas las empresas con redes públicas deberán ofrecer el servicio de interconexión. Es decir, si Telmex tiene antenas y Megared no; el usuario pagará una tarifa mínima por usar la otra red.

Todos los canales del sistema de televisión abierta deberán de estar incluidos en los sistemas de paga, sin que medie pago alguno.

Puntos negativos

Se permite a las autoridades el rastreo, geolocalización e intervención de comunicaciones digitales, sin que haya una orden judicial de por medio.

Permite la interrupción del servicio de internet, por tiempo indeterminado y sin previo aviso legal, por cuestiones de seguridad nacional.

Las concesiones de medios de comunicación públicos, incluidos los comunitarios, ya no podrán comercializar tiempo aire. No se podrá generar ningún tipo de lucro o ganancia y dependerán económicamente del erario.

Los contenidos de radio y televisión, incluyendo su publicidad, serán vigilados por la Secretaría de Gobernación.

Se aplaza el apagón tecnológico hasta 2017.

FUENTE: Alejandro Martínez y Graciela Bernal, especialistas en medios de comunicación.

"Se quiere sacar todo al vapor, sin valorar las repercusiones académicas, de investigación y de desarrollo comercial y tecnológico... estoy seguro que no hay gente con experiencia empírica debatiendo y legislando"

Alejandro Martínez Varela
, coordinador de Telecomunicaciones de la UdeG.

"La reforma que se presentó en mayo pasado es muy buena, es realmente buena... los consorcios televisivos se metieron y ahora (la iniciativa de ley secundaria) no los toca y si los toca, lo hace de una manera muy suave"

Graciela Bernal,
presidenta del capítulo Jalisco de la Amedi.

Avanza nueva ley de competencia

El Senado de la República aprobó en comisiones en lo general y por unanimidad el dictamen a la minuta que expide la Ley Federal de Competencia Económica, así como reformas al Código Penal Federal.

En reunión las comisiones unidas de Comercio y Fomento Industrial; Fomento Económico y la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, aprobaron ese dictamen con 11 modificaciones respecto a lo que avalaron en la Cámara de Diputados.

La discusión en lo particular se realizará ante el pleno del Senado. El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, Alejandro Encinas, expuso que se hicieron 11 modificaciones en cinco temas: comparación de activos, autonomía de la autoridad investigadora y procedimiento de investigación, barreras a la competencia, transparencia y rendición de cuentas, así como insumos esenciales.

El senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) comentó que este dictamen tiene avances, pero habrá temas que pueden ser perfectibles y por ello debate en el pleno enriquecerá la discusión en lo particular.

A su vez el presidente de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, Héctor Larios, dijo esta ley prevé proteger a las personas para que no gasten más en productos o servicios a causa de las distorsiones del mercado, porque no pueden participar más competidores o porque se pongan de acuerdo entre ellos para establecer precios altos en perjuicio del sector consumidor.

Larios Córdova indicó que las reservas están concentradas en temas fundamentales como la desincorporación de activos, la distorsión en los procesos de libre de competencia por omisiones del gobierno federal y la regulación de acceso a insumos esenciales.

Los representantes del PRI, PAN y PRD coincidieron en que el dictamen atiende puntualmente el tema de las prácticas monopólicas de todos los agentes involucrados.

PARA TOMAR EN CUENTA
Algunas sanciones


El dictamen aprobado por las comisiones establece que se sancionará con prisión de cinco a 10 años y con mil a 10 mil días de multa, a quien celebre, ordene o ejecute contratos, convenios o combinaciones con agentes económicos competidores entre sí para fijar, elevar, concertar o manipular el precio de venta o compra de bienes y servicios al que son ofrecidos o demandados en los mercados.

Se establece que la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) garantizará la libre concurrencia y competencia económica, además de que resolverá sobre las solicitudes de opinión formal y emitirá orientaciones generales en materias de libre concurrencia y competencia económica que le sean formuladas.

También se señala que la Cofece emitirá, publicará, publicitará y revisará cuando menos cada cinco años, directrices, lineamientos, guías y criterios técnicos, que serán vinculantes para la propia comisión y que elaborará previa consulta pública, en la forma y los términos que señalen las disposiciones regulatorias.

Se imponen sanciones a prácticas monopólicas, concentraciones, investigaciones, determinación de poder sustancial para uno o varios agentes económicos, determinación de mercados relevantes, barreras a la competencia y libre concurrencia, existencia y regulación de acceso a insumos esenciales, desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones de agentes económicos.

El senador Javier Corral cuestiona:


La propuesta presidencial contiene disposiciones que buscan censurar señales de dispositivos móviles en cualquier frecuencia.

El Gobierno federal pretende mayor control de la información pública, mientras Televisa pretende consolidar su condición monopólica.

El experto en medios Raúl Trejo advierte:


Beneficia a Televisa al reducir las causas para determinar la preponderancia de una empresa en radiodifusión.

Castiga a los medios públicos, porque sujeta al nuevo organismo nacional al control del Gobierno federal.

CRÉDITOS:

EL INFORMADOR / HJ
Abr-23 00:21 hrs

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