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La SCJN discute la pertinencia de 'Ley de Geolocalización'

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  • Las reformas al Código de Procedimientos Penales permite a la PGR acceder a la ubicación de los teléfonos celulares
  • La CNDH promueve un recurso de inconstitucionalidad por ser contraria a la privacidad de los usuarios

CIUDAD DE MÉXICO (13/ENE/2014).- La Procuraduría cuenta con atribuciones para solicitar la ubicación de celulares, sólo con base en una línea de investigación, esto es analizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que decidirá si invade o no los derechos a la privacidad de los usuarios.

La discusión inició después del recurso de inconstitucionalidad que promovió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el cual señala que dichas reformas se consideran "contrarias a las garantías de legalidad, certeza, seguridad jurídica y derecho a la privacidad consagradas en la Constitución".

En el recurso se agrega que los cambios carecen de limitación temporal y otorga facultad discrecional e ilimitada a las procuradurías. "En la norma controvertida no se prevé la intervención de jueces para que autoricen la medida, la supervisen y revoquen en su momento".

Ante ello, tres de los tres magistrados que tuvieron participación en el debate de la sesión ordinaria de hoy, mostraron su aprobación a las reformas que entraron en vigor el año pasado.

El magistrado Alberto Gelacio Pérez Dayán, dice que la reforma no permite investigar las comunicaciones en los aparatos móviles. Agrega que la legislación, que permite ubicar celulares implicados en delitos del crimen organizado, puede conducir al rescate de las víctimas.

"La facultad establecida es razonable, ya que la simple localización de un teléfono móvil no implica otra violación como la secrecía de las comunicaciones privadas. Se erige como un elemento de investigación que puede contribuir a que el Ministerio Público cumpla con las obligaciones de investigar".

También el ministro Fernando Franco González Salas se opone a la inconstitucionalidad, quien asegura que la norma en sí misma excluye la intervención de conversaciones y la extracción de otra información que no sea la localización del aparato. "En los hechos se podrían generar situaciones irregulares (...) Rechazo la presunción de abusos, concedo a la autoridad la duda de que actúan de buena fe".

Arturo Saldívar, partió del elemento de la interpretación justa de la norma y apegada a la Constitución, aunque menciona que la intromisión es de "menor grado". "No creo que el precepto pueda sostener una afectación a la intimidad de las personas".

En contraste, la única postura a favor de la inconstitucionalidad la compartió Olga Sánchez Cordero, quien argumenta que la reforma podría vulnerar no sólo la seguridad jurídica de las personas mediante una injerencia arbitraria".

Expresa que resulta falso sostener que ubicará objetos, pues pueden involucrarse muchas personas de una forma potencialmente dañina. "Carece de garantías suficientes para ser una medida necesaria, pues existen otros medios para ejercer la norma de manera menos inclusiva".
La discusión continuará el día de mañana.

Para saber

La llamada "Ley de Geolocalización", es una reforma al Código Federal de Procedimientos Penales, y del capítulo reglas especiales para la práctica de diligencias y levantamiento de actas de averiguación previa en el que menciona:

"Tratándose de investigaciones en materia de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, extorsión o amenazas, el Procurador General de la República o los servidores públicos en quienes delegue la facultad, solicitarán por simple oficio o medios electrónicos a los concesionarios o permisionarios del servicio de telecomunicaciones la localización geográfica, en tiempo real, de los equipos de comunicación móvil asociados a una línea, que se encuentren relacionados".

Este hecho también considerado una de las bases de licitación pública del espectro radioeléctrico en la Ley Federal de Telecomunicaciones:

En el caso de los servicios de telecomunicaciones, las acciones coordinadas con la autoridad correspondiente, que permitan combatir los delitos de extorsión, amenazas, el secuestro en cualquiera de sus modalidades o algún delito grave o relacionado con la delincuencia organizada.


EL INFORMADOR/ SAÚL PRIETO

CRÉDITOS:

EL INFORMADOR / MSFR
Ene-13 14:16 hrs

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