CIUDAD DE MÉXICO (03/AGO/2012).- La Procuraduría General de la República (PGR) consignó al general Rubén Pérez Ramírez y al mayor Iván Reyna Muñoz, acusados de colaborar con grupos del crimen organizado, quienes la víspera se reservaron su derecho a rendir declaración preparatoria, en el penal de alta seguridad de Almoloya de Juárez.

Reyna Muñoz y Pérez Ramírez, presunto testigo colaborador en el caso de los tres generales y el teniente coronel a quienes la PGR acusa de colaborar con el cártel de los Beltrán Leyva, solicitaron también la duplicidad del término constitucional de 72 horas para que se defina su situación jurídica.

Ambos comparecieron ante el juez tercero de distrito en materia penal del Estado de México, dentro de la misma causa penal que se inició a los generales Tomás Ángeles Dauahare, Ricardo Escorcia Vargas, Roberto Dawe y el teniente coronel Silvio Isidro de Jesús Hernández.

La PGR los puso a disposición del juez hasta la madrugada del jueves, luego de que los cuatro primeros rindieron su declaración preparatoria en la que negaron los cargos de colaborar con el cártel de los Beltrán Leyva y solicitaron también duplicar el término constitucional. Con ellos, son ya seis los militares consignados en este caso.

El mayor Iván Reyna, según la PGR, era intermediario entre el grupo criminal y los generales Ángeles Dauahare y Ricardo Escorcia Vargas, a quienes los Beltrán Leyva presuntamente les hacían llegar dinero por el intercambio de información de inteligencia.

De acuerdo con las constancias ministeriales del caso, el mayor declaró que, por orden de Escorcia Vargas, acudió a un restaurante de Cuernavaca a recibir dinero para el ex subsecretario de la Defensa Nacional.

Respecto de este testimonio, Escorcia Vargas manifestó en su declaración ministerial que a petición del subsecretario Ángeles, envió al mayor a recoger documentos y no dinero, pero el miércoles ante el juez sostuvo que esa declaración es falsa y que fue obligado a firmarla.

La supuesta colaboración del general Pérez Ramírez con los Beltrán Leyva es señalada por el testigo colaborador "Jennifer", quien lo liga en la operación con el general Roberto Dawe.

Según el testigo, un operador de la organización criminal, sostuvo una reunión con Dawe en el restaurante El Lago, en Chapultepec, a finales de marzo de 2007, para proponerle un arreglo con acceso total al aeropuerto de Cancún, e incluir a varios militares en la nómina del cártel.

Dawe habría respondido que no tenía contactos con los militares de ese aeropuerto, pero le prometió recomendarlo con el general Rubén Pérez Ramírez, comandante de la guarnición militar en esa zona.

Para asegurarse la colaboración de Pérez Ramírez, según el testigo, Edgar Valdez Villarreal "La Barbie" le habría enviado 30 mil dólares durante una entrevista concertada con la mediación de Dawe.

El general Pérez Ramírez habría presentado a "Jennifer" con los encargados del aeropuerto, pidiéndole arreglarse de manera directa con ellos, y asegurando que a él no le interesaba participar en dicho arreglo, pues únicamente lo había atendido por petición del general Dawe.

Defensa evalúa pruebas

La defensa de los otros mandos militares involucrados en el caso informó que estudia el expediente para analizar qué tipo de pruebas presentará dentro de la ampliación del término constitucional para que se defina su situación jurídica.

"Vamos a presentar un escrito con consideraciones técnicas acerca de por qué las declaraciones de los testigos colaboradores no son idóneas para acreditar los hechos que se imputan al general", explicó Ricardo Antonio Sánchez Reyes Retana, abogado del general Ángeles.

El abogado consideró que por lo reducido del plazo es difícil desahogar pruebas como las testimoniales, e insistió en que la evidencia aportada en contra de su defendido era insuficiente para librar la orden de aprehensión, y que en la audiencia de declaración preparatoria no se tuvo conocimiento de elementos nuevos en su contra, por lo que las pruebas son las mismas desde el inicio del caso.