GUADALAJARA, JALISCO (21/JUL/2012).- La coacción y compra del voto ha sido el eje de impugnación de la elección presidencial. La diferencia, de más de tres millones de votos entre Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador sacó el reclamo de las izquierdas de las casillas propiamente.

La exigencia de anular la elección no está sustentada en errores de conteo electoral, sino en el contexto que envolvió a la elección. En este sentido, el caso Monex, que ha unido a las dirigencias del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD), se ha convertido en el alegato más sólido de la izquierda para respaldar la acusación de que el tricolor compró voluntades a través de flujos abundantes de recursos económicos.

La trama Monex es una triangulación de recursos económicos del Partido Revolucionario Institucional (PRI). El tricolor, a través de un intermediario cercano a la campaña de Enrique Peña Nieto (la empresa Alkino Servicios y Calidad), accedió a un poco menos de ocho mil tarjetas electrónicas donde el partido depositó más de 66 millones de pesos para operación y movilización política. Es decir, el PRI accedió a estas tarjetas con la intención de transferir recursos a la estructura partidista encargada de tareas como llevar electores a las casillas el día de la elección o fungir de funcionarios de casilla del partido.

Además de esos recursos, el PRI pagó, según datos que ha aceptado Jesús Murillo Karam, coordinador jurídico de la campaña de Peña Nieto, también pagó un millón 682 mil pesos por concepto de comisión por la prestación del servicio y más de dos millones y medio por la gestión del financiamiento.

En el plano judicial, los partidos de izquierda enfrentan un dilema: la determinancia, tesis jurídica a la que alude la campaña de López Obrador para anular la elección, requiere de pruebas sólidas que demuestren el vínculo entre la prebenda y el voto y, posteriormente, demostrar que las irregularidades son suficientes para revertir una elección con una distancia de más de tres millones de votos.

Los casos de Monex y Soriana son la línea material y probatoria de la impugnación, ya que el tema de la influencia de las encuestas o el impacto de los medios de comunicación en el proceso electoral, son causas abstractas y subjetivas, que plantean dificultades probatorias.

El dinero invertido por el PRI en la compra de tarjetas constituye alrededor de 20% del tope de campaña estipulado por los partidos políticos en la ley electoral (66 millones de 330 millones, el tope de gastos para elección presidencial). Sin embargo, la ley electoral de 2007 no contempla el rebase de tope de gastos de campaña como una causal de nulidad, solamente contempla una multa. Así, especialistas en la materia advierten que si la izquierda y el PAN demuestran que el PRI rebasó por mucho los topes de campaña (dice el PRD que el PRI gastó más de cuatro mil 500 millones de pesos), la aspiración no es la invalidez de la elección, sino una multa histórica que disuada el uso indiscriminado de recursos en las elecciones.

PARA SABER
Motivos válidos en la ley

A partir de la reforma de 2007, las causales para anular una elección son: cuando el presidente electo sea inelegibles según la ley; cuando no se instale 25% de las casillas o cuando se acrediten irregularidades en 25% de las casillas (compra de voto, violencia física a funcionarios, etcétera).

La voz del experto
Una denuncia irresponsable

Marco del Toro (Abogado penalista)

El planteamiento del PRD y el PAN en cuanto a la probable utilización de recursos provenientes de actividades ilícitas para la campaña del priista Enrique Peña Nieto es una fuerte aseveración en el entorno de un país que vive un día a día de guerra contra el narco.

Marco del Toro, abogado penalista, apunta que en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, cuando se utiliza el sector financiero, se requiere primeramente de una querella de la Secretaría de Hacienda, que a la fecha no se encuentra  formulada, para que el Ministerio Público pueda investigar. “Estamos ante una aseveración un tanto irresponsable, pues tratándose del delito de ‘lavado’ de dinero, sólo puede proceder cuando el origen de los recursos procede del narcotráfico o de la delincuencia organizada. No se advierte un indicio que conlleve a esa situación. Que el PRI haya aceptado que utilizó las tarjetas de Monex, no implica que el origen de esos recursos sea el narcotráfico”.

El experto en materia jurídica subraya que la viabilidad de la denuncia es ínfima: “No veo un nivel probatorio que permita llegar a una resolución que anule la elección presidencial, y el Tribunal difícilmente podría dictar una resolución en otro sentido: que se acredite que con dinero del narcotráfico se logró cambiar la voluntad ciudadana, es una aseveración un tanto fuera de lugar y fuera del marco probatorio factible”.