MONTERREY, NUEVO LEÓN (11/JUL/2012).- El pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dejó sin efectos el acuerdo del Cabildo de Monterrey, Nuevo León, que ordenó regresar a su cargo al ex alcalde y hoy diputado federal electo, Fernando Larrazabal Bretón.

El Tribunal estableció que el derecho a ser votado es fundamental, por lo que dio la razón al político del Partido Acción Nacional (PAN), quien contendió y ganó la diputación por el Distrito 10 con cabecera en Monterrey, por lo que no está obligado a retomar la alcaldía.

En cambio, podrá asumir su cargo como diputado federal el primero de septiembre próximo, de resolverse en forma definitiva que ganó la elección.

En el Juicio JDC 1782/2012 interpuesto por Larrazabal, éste se opuso al acuerdo del Cabildo -mismo que fue emitido por orden de un juzgado de distrito- con el argumento de que ''si se le obliga a reincorporarse, la autoridad puede considerarlo inelegible para asumir el cargo de diputado federal''.

Larrazabal obtuvo del cabildo de Monterrey licencia definitiva al cargo de edil el pasado 17 de marzo, sin embargo el 9 de julio, por orden de un juez, el mismo cabildo ordenó que reasumiera sus funciones.

La máxima autoridad electoral jurisdiccional emitió una sentencia declarativa (es decir, declara una determinada situación jurídica) y resolvió que es ''sustancialmente fundado dicho recurso de inconformidad'' pues la Constitución establece que los candidatos a ser electos diputados deben separarse definitivamente del cargo que ostenten con 90 días de anticipación al día de la elección.

La norma constitucional establece esa medida para preservar la equidad entre los contendientes y no obtener la indebida ventaja o la influencia que en su caso pudiera ejercer sobre el electorado.

El proyecto elaborado por el magistrado José Alejandro Luna Ramos recibió seis votos en pro y un voto particular del magistrado Flavio Galván.

En su argumentación, el magistrado Pedro Esteban Penagos valoró que la resolución del cabildo vulnera el derecho político electoral de asumir un cargo de representación popular y que además no hay ninguna obligación de desempeñar los cargos de representación popular por todo el periodo por el cual fueron electos.

''De modo que no resulta válido obligar a Larrazabal desempeñarse como presidente municipal cuando previamente se le había otorgado licencia'', máxime cuando ésta debió ser definitiva para contender para diputado.

El magistrado Flavio Galván coincidió en el fondo del asunto, pero presentó su voto particular en contra de la decisión de revocar el acuerdo de cabildo, y expresó sus diferencias.
A su juicio Larrazabal ''podría optar por uno u otro encargo'' pues la separación del encargo es para evitar inequidad en la contienda y ésta ya pasó, además de que sólo cumpliría la orden de un juez.

Planteó no revocar el acuerdo de cabildo, sino dar vista a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que declare la incompetencia del juzgado de distrito que ordenó el regreso de Larrazabal, pues la materia electoral es competencia exclusiva del TEPJF.

Pidió clarificar así que ''no corresponden a tribunales colegiados los asuntos políticos electorales''.

Los magistrados María del Carmen Alanís Figueroa y Salvador Olimpo Nava Gomar destacaron que en este asunto se protege sobre todo el derecho fundamental que es el de votar y ser votado.

Nava Gomar reflexionó además que efectivamente el amparo no es procedente contra normas de carácter electoral y ''este asunto pone a prueba o nos demuestra de la razón que subyace entre legitimidad y tiempo''.

Es decir, explicó, existe mucho tiempo entre la realización de las elecciones y la toma de posesión.

Se hace necesario, expuso, reflexionar en la reelección legislativa, que hace que algunos alcaldes pidan licencia para contender por otros cargos y no regresen al suyo, ''lo cual me parece entendible y positivo...pues si todos aquellos que son electos regresaran a sus cargo (hasta en tanto asumen su nueva posición) la legitimidad quedaría en entredicho''.