CIUDAD DE MÉXICO (05/JUL/2012).- Integrantes del Movimiento por la Paz con Justicia y dignidad (MPJD) exigieron al Presidente Felipe Calderón que cumpla con su palabra y publique la Ley General de Víctimas en el Diario Oficial de la Federación. De no hacerlo, señalaron, estará en ''una flagrante violación constitucional''.

El pasado domingo, el Poder Ejecutivo regresó al Congreso la Ley General de Víctimas con observaciones. Para los integrantes del MPJD, el presidente de la República ''traicionó su palabra. No estamos de acuerdo con ese veto'', señaló en conferencia de prensa el poeta Javier Sicila.

''Un hombre que falta a su palabra, no vale nada. El Presidente, en este momento, no vale nada para nosotros. Está faltando a su compromiso y a su palabra. Está violentando la constitución. Hago un llamado muy fuerte al Presidente de la República para que honre su palabra y sea digno con las víctimas'', dijo Javier Sicilia.

Los integrantes del MPJD acusaron al Poder Ejecutivo y al presidente de la Mesa directiva de la Cámara de Diputados, el panista Óscar Martín Arce, de ''secuestrar'' a la Ley General de Víctimas, realizando un procedimiento fuera del marco legal para no vetar la legislación en tiempos electorales.

Emilio Álvarez Icaza, integrante del MPJD, presentó copia del oficio que envió la subsecretaría de enlace legislativo a los secretarios de la Mesa Directiva de la Comisión permanente del Congreso de la Unió, en el que se regresa el decreto de ley con observaciones. Este oficio se envió el 1 de julio, a las 20:26 horas, cuando ya se habían dado a conocer las tendencias de las elecciones presidenciales.

''No se atrevieron a vetar la ley durante el proceso electoral, y ya que perdieron, lo hicieron'', dijo Álvarez Icaza.

Los integrantes del MPJD señalaron que después de que la ley se aprobó por la Cámara de Diputados, el 30 de abril pasado, y de que los secretarios de las mesas directivas de las respectivas enviaron el decreto de la ley a la Secretaría de Gobernación, el 10 de mayo del 2012, el Ejecutivo Federal contaba con 30 días naturales para realizar observaciones a la ley. Ese plazo se cumplió el 9 de junio pasado.

Además, el Ejecutivo contó con 10 días naturales para promulgar y publicar la ley, plazo que se cumplió el 19 de junio del 2012. De acuerdo con los tiempos que marca la constitución, transcurrido el segundo plazo, la ley se considera promulgada.

''Como el Presidente Felipe Calderón no quiso vetar la ley en el marco del proceso electoral, se observó un procedimiento fuera del marco legal, donde el decreto de la ley fue secuestrado 20 días, entre el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, el panista Óscar Martín Arce Paniagua y la Secretaría de Gobernación'', señaló Álvarez Icaza.

De acuerdo con oficios presentados por Álvarez Icaza, el 10 de mayo pasado, el diputado Óscar Martín Arce, solicitó a la Secretaría de Gobernación el expediente del decreto de la Ley General de Víctimas.

Álvarez Icaza señaló que el presidente de la Cámara de Senadores, José González Morfín, ya envió un oficio al Secretario de Gobernación, Alejandro Poiré para que la Ley General de Víctimas ''se publique en el diario Oficial de la Federación''.

Para los integrantes del MPJD, las observaciones a la ley que realizó el Poder Ejecutivo están fuera de tiempo que marca la constitución, por lo que exigieron que se publique la Ley General de Víctimas en el Diario Oficial de la Federación.

Señalaron que si el Ejecutivo desea realizar proponer modificaciones a la ley, lo haga a través de una reforma o presentando una controversia ante la Suprema Corte de Justicia. ''No nos oponemos a que se mejoren las leyes, pero se debe hacer en el marco y con los instrumentos de la ley y en los tiempos marcados''.

Por lo tanto, aseguraron que los integrantes del MPJD no participará en las mesas que busca establecer el Poder Ejecutivo para discutir las observaciones que presentó a la Ley General de Víctimas.

''El veto a la Ley General de Víctimas es un reflejo más de la negación a reconocer la emergencia nacional que vive México, con los dramáticos costos humanos, sociales y de toda índole causados por la fracasada estrategia de seguridad instrumentada por la actual administración'', señaló Álvarez Icaza.

Para Javier Sicilia, el veto a la ley es ''muestra de la lejanía absoluta entre la clase política y la realidad del país. Es el desprecio a no ver la emergencia nacional que han provocado''.