• Instan a vigilar compras internacionales

Una organización estadounidense enfatiza que la cifra resulta una carga exagerada para una nación en desarrollo

CIUDAD DE MÉXICO (30/ENE/2012).- Cuarenta años de dinero ilícito. Ése fue el tiempo que tomó en cuenta un estudio para hacer público que, de 1970 a 2010, los flujos financieros ilegales en México alcanzaron los 872 mil millones de dólares, lo que equivale a 5% del Producto Interno Bruto (PIB).

Global Financial Integrity, la organización estadounidense responsable de la publicación, admite que la cifra es conservadora, ya que excluye transacciones realizadas en efectivo, como el tráfico de drogas o de personas.

En más de una ocasión, expertos y académicos han insistido en la necesidad de atacar a las finanzas del crimen; pese a esto, la ley contra el “lavado” de dinero no ha sido aprovada en la Cámara de Diputados.

Hay comparaciones que esclarecen un poco más el panorama. El año pasado, la Secretaría de Turismo afirmó que esta actividad deja recursos que representan 9% del PIB; el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad (Icesi) afirmó, tras una análisis, que la inseguridad en el país costó cerca de 8.9% en 2009; también en 2011, la Asociación Mexicana de Capital Privado dio a conocer que la inversión procedente de este rubro tan sólo representa 0.04%

Al seleccionar a México como caso de estudio para 2012, la organización estadounidense expresó que los flujos ilícitos derivados del sobreprecio y el contrabando representan una carga exagerada para una nación en desarrollo.

Explicó que esos flujos “privan de fondos necesarios para el desarrollo económico y reducen el ingreso fiscal que el Gobierno necesita para financiar escuelas, hospitales, infraestructura, combate a la pobreza y la lucha contra los carteles”.

Asimismo, señaló: “Los flujos ilícitos lideran la economía subterránea y contribuyen al deterioro de la gobernabilidad económica”.

La organización sostuvo que, por esas razones, el combate a los flujos financieros ilícitos tendrán un impacto positivo en la reducción de la corrupción y actividad criminal.

El año pasado, el investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), Ramón García Gibson, indicó que anualmente ingresan a México entre 25 mil y 40 mil millones de dólares, producto de la venta de droga en Estados Unidos.  

Con el objetivo de combatir el sobreprecio, causante de 75% de los flujos ilícitos totales en el periodo analizado, Global Financial Integrity recomendó a las autoridades exigir el uso de programas de computación que detecten precios de importación y exportación muy alejados de las normas internacionales, y que las partes se comprometan por escrito a no incurrir en sobreprecio cuando realicen una transacción transfronteriza.

Para reducir la fuga ilícita de capitales, el grupo señaló la conveniencia de expandir los acuerdos de doble tributación, exigir un intercambio automático y transfronterizo de información fiscal sobre cuentas personales y corporativas; mejorar supervisión para reducir la tendencia a sobornos y vigilar los centros financieros irregulares.

Fortaleza del crimen
Acciones y propuestas

Pese a que el Senado aprobó desde abril de 2011 la ley contra el “lavado” de dinero para combatir al crimen organizado, los diputados no la han votado.

La iniciativa contra el “lavado” de dinero fue enviada al Congreso desde agosto de 2010 por el Ejecutivo federal.

En diciembre de 2011, The New York Times publicó que la Administración Antidrogas estadounidense (DEA) había “lavado” millones de dólares en México para investigar cómo operan los cárteles mexicanos.

El año pasado, durante el Foro Mundial sobre Políticas de Inclusión Financiera, especialistas coincidieron en que las políticas de combate al dinero ilícito deben enfocarse a llevar a la población no bancarizada al sistema formal de la economía.

Obliga a recabar información
Hacienda endurece medidas contra “lavado”

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de Hacienda ajustará las disposiciones para evitar operaciones de “lavado” de dinero en los transmisores de efectivo.

En el documento que elaboró la dependencia, se obligará a estas empresas a recabar información de los usuarios sobre su nacionalidad y su situación migratoria, así como el lugar de nacimiento.

Lo anterior, con la finalidad de que las autoridades cuenten con mayores elementos para supervisar. La intención de la dependencia es adecuar las disposiciones de carácter general que aplica para los transmisores, en tanto se transfieren las facultades de supervisión de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

A partir de este año, será la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y no el Servicio de Administración Tributaria (SAT), quien se encargará de supervisar que se cumplan con las disposiciones.

La Secretaría de Hacienda insistió que también se pretende dar mayor claridad a las definiciones y obligaciones de los transmisores, a fin de facilitar su actividad sin poner en riesgo la supervisión de la autoridad. Desde hace varios años estos intermediarios tienen la obligación de elaborar y observar una política de identificación de sus clientes, entre las que se incluye verificar y actualizar los datos que proporcionen los usuarios.

En las disposiciones se establece que en operaciones individuales en efectivo en moneda extranjera o con cheques de viajero por un monto igual o superior al equivalente a tres mil dólares e inferior a cinco mil dólares, los transmisores deberán recabar y conservar copia de la identificación oficial del usuario. En transacciones con cheques de viajero por cinco mil dólares o su equivalente en moneda extranjera, estas empresas tendrán que integrar un expediente de identificación de cada uno de sus clientes.

Avanza legislación

Hace unos días, la fracción del PRD en el Senado presentó una iniciativa para crear la ley de protección de las remesas familiares, a fin de frenar abusos y los cobros excesivos que aplican las empresas de envíos. Con la propuesta se busca proteger a los envíos contra los abusos del sistema financiero y del sector comercial, así como regular comisiones.

El Universal