• Abuso de autoridad y homicidio calificado, los cargos

Juan Manuel Herrera, encargado de la Procuraduría guerrerense, asegura contar con pruebas “irrefutables” de la culpabilidad de los consignados

ACAPULCO, GUERRERO (27/ENE/2012).- La Procuraduría General de Justicia estatal consignó a un juez penal de distrito judicial en Chilpancingo a los agentes ministeriales Ismael Matadamas Salinas y Rey David Cortés, como probables responsables de los delitos de homicidio calificado, tentativa de homicidio calificado y abuso de autoridad en el caso Ayotzinapa.

Juan Manuel Herrera, encargado de la Procuraduría estatal, aseguró que de acuerdo con las indagatorias de esa dependencias se encontraron los elementos suficientes y las “pruebas irrefutables” contra los ministeriales, que hasta el momento permanecían arraigados.

Los dos agentes fueron quienes realizaron los disparos que mataron a los estudiantes normalistas Gabriel Echeverría y Jorge Alexis Herrera, el pasado 12 de diciembre cuando realizaban una manifestación y bloqueo en la Autopista del Sol.

Además, explicó que se tienen declaraciones ministeriales que señalan de manera directa y categórica la participación de los dos policías en esos hechos y que hay pruebas “irrefutables” como videos y fotografías que muestran cuando disparan armas largas contra los manifestantes en dirección de Poniente a Oriente.

Insistió en que las investigaciones que realizó la Procuraduría de Guerrero coinciden con el informe preliminar que emitió la CNDH hace algunas semanas, donde inculpan a los policías ministeriales.

Protestan en CNDH Acapulco

Integrantes de asociaciones civiles, aglutinados en la Auténtica Unión de Líderes de Acapulco, protestaron en las instalaciones de la delegación regional de la CNDH, para exigir a dicho organismo realice una investigación real en el caso de la muerte de dos normalistas de Ayotzinapa, y para respaldar la postura del ex fiscal de Guerrero, Alberto López Rosas.

Los manifestantes acudieron principalmente a la Delegación de Derechos Humanos de Guerrero, donde realizaron una parada de protesta y posteriormente se trasladaron a la representación de la CNDH en Acapulco, donde exigieron que en el caso de Ayotzinapa se investigue a fondo y que las indagatorias se apoyen en los videos presentados por López Rosas.


DESACATAN CITATORIO

Liberan a ocho policías

La Procuraduría General de la República trasladó a la capital del país a ocho servidores públicos que desacataron los citatorios para comparecer sobre el caso Ayotzinapa.

El traslado y la presentación a las instalaciones de la PGR en el Distrito Federal se realizó este miércoles por elementos federales, quienes tras declarar sobre el caso Ayotzinapa, quedaron en libertad.


TELÓN DE FONDO

Trágico desalojo

El pasado 12 de diciembre los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, de Ayotzinapa, Guerrero, se manifestaban en la Autopista del Sol, cuando llegaron agentes federales y ministeriales para desalojarlos.

Los normalistas los agredieron lanzando piedras, a lo que los uniformados respondieron con gases lacrimógenos y, en un momento dado, hubo disparos, mismos que cobraron la vida de Jorge Alexis Pino y Gabriel Echeverría de Jesús.

En este enfrentamiento hubo 24 detenidos, y al otro día, sólo un estudiante permaneció en la Procuraduría, al comprobarse que portaba una arma larga y la había disparado.

La Procuraduría General de Justicia del Estado se comprometió al esclarecimiento de los hechos, mientras que legisladores, activistas y la sociedad en general, pedían la renuncia de Alberto López Rosas, procurador estatal y del secretario de Seguridad Pública de Guerrero.

Los dos funcionarios renunciaron a sus cargos, mismo que fueron ocupados el pasado 5 de enero por Juan Manuel Herrera Campos como encargado de la Procuraduría  General de Justicia y por Guillermo Jiménez Padilla como secretario de Seguridad Pública (SSP).

También, el 5 de enero pasado Ranferi Hernández Acevedo, secretario técnico de la Secretaría de Desarrollo Rural estatal, renunció para incorporarse a la protesta de los normalistas.

Los normalistas exigen juicio político contra el gobernador porque dos policías estatales son señalados como presuntos culpables de los disparos que dieron muerte a los estudiantes.