- La S20 de Carolina del Sur entraría en vigor el próximo 1 de enero
En un comunicado, la Cancillería expresó el reconocimiento del gobierno de México por esta decisión de suspender provisionalmente la entrada en vigor
CIUDAD DE MÉXICO (22/DIC/2011).- Una Corte de Distrito en Carolina del Sur, Estados Unidos,
decidió suspender temporalmente secciones polémicas de la ley antiinmigrante S20
que entraría en vigor el próximo 1 de enero, por lo que el gobierno de México, a
través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), reconoció esta decisión
judicial.
En un comunicado, la Cancillería expresó el reconocimiento del
gobierno de México por esta decisión de suspender provisionalmente la entrada en
vigor de diversas disposiciones de la ley S20.
"Dicha ley estatal criminaliza
la migración y abre espacios para la posible aplicación indebida de la
legislación por parte de autoridades locales", destacó.
Cabe destacar que la
S20 de Carolina del Sur incluye por primera vez en una de estas normas la
creación de la Unidad Estatal de Control Migratorio dentro del Departamento de
Seguridad Pública, que tendría a su cargo la detención de indocumentados, y
convierte en delito brindarles ayuda o darles empleo.
La norma promulgada el
27 de junio pasado, establece así la existencia de una policía especializada y
con facultades para detener a los sospechosos de residir ilegalmente en Carolina
del Sur.
El 8 de noviembre pasado el gobierno mexicano con el apoyo de 15
países de América Latina, presentaron un recurso de "Amigo de la Corte" ante los
tribunales estadounidenses, respaldando las demandas de inconstitucionalidad
interpuestas por el Gobierno de Estados Unidos y por organizaciones de la
sociedad civil en contra de dicha ley.
La SRE destacó que la suspensión de
algunas disposiciones de esta norma se suma a resoluciones similares emitidas en
los últimos meses, tanto por Cortes Federales de Distrito como por Cortes
Federales de Apelaciones, que mantienen suspendida la instrumentación de medidas
migratorias a nivel estatal en Alabama, Arizona, Georgia, Indiana y Utah.
Sin
embargo, debido a que la legalidad de estas leyes está en litigio, la
Cancillería indicó que "México continuará acudiendo a todas las instancias
disponibles, de manera firme e inmediata, a fin de proteger los derechos
fundamentales de los mexicanos en el exterior, independientemente de su calidad
migratoria".