Gasto anual de legisladores es tres veces mayor que lo decomisado al narco

CIUDAD DE MÉXICO (12/OCT/2011).- En más de cuatro años, la Procuraduría General de la República (PGR) decomisó a los cárteles del narcotráfico y miembros de la delincuencia organizada cinco mil 836 millones 417 mil 221 pesos en efectivo y en cuentas bancarias.

El monto asegurado impacta, pero representa menos de la tercera parte del gasto anual del Congreso de la Unión, la Asamblea del Distrito Federal y las 31 legislaturas estatales en México, que se aproxima a los 20 mil millones de pesos.

El ejercicio fiscal en los poderes legislativos y la improductividad son cuestionados por organismos civiles, por la población. Y no es para menos. Los presupuestos de todos los legisladores en México —que en el caso de la Cámara de Diputados cobran todo el año, aunque sus labores se concentran sólo en los periodos ordinarios de septiembre-noviembre y febrero-abril, es decir, apenas seis meses— representan la mitad del recurso que proyecta el Gobierno de la República en 2012 para la Secretaría de Seguridad Pública (40 mil 536 millones).

Otro ejemplo: el recurso general ejercido en los legislativos en 2011, equivale a la mitad de lo que el Gobierno federal destinó en 2009 a los programas sociales para combatir la pobreza (Oportunidades).

Indígenas y ancianos

En otra arista, la cantidad de 10 mil 210 millones de pesos destinados este año sólo al Poder Legislativo Federal equivale al presupuesto que se ejercerá en los Programas Albergues Escolares Indígenas (mil millones), en el Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (cuatro mil millones) y “70 y más” para personas de la tercera edad (cuatro mil 855 millones), que están dirigidos a los mexicanos que viven en extrema pobreza.

Un dato: en 2010, el Congreso de la Unión desembolsó de manera discrecional dos mil 476 millones de pesos en la Partida de “Servicios oficiales”, que se ejerce en reuniones, congresos, foros y convenciones, así como viáticos y pasajes de comisiones oficiales nacionales e internacionales. El derroche de recursos es similar en el presente año, pero senadores y diputados niegan información vía Ley de Transparencia sobre los conceptos en que gastan el dinero de esta partida.

Los datos sobre el gasto legislativo surgen de 50 solicitudes de información turnadas a los gobiernos federal y estatales.

Rezago

Seguimos con la improductividad: en el Congreso de la Unión, los 500 diputados federales arrastran un rezago de más de 90% en las iniciativas presentadas, pues en dos años se registraron dos mil 392 y sólo se han aprobado 199. Otras 99 se desecharon y dos mil 094 propuestas están pendientes —las más relevantes, en materia de seguridad y justicia—.

Resumen: muchas iniciativas, poca legislación.

En el tema de seguridad y justicia en el país, el rezago exhibe el trabajo del Congreso de la Unión, pues iniciativas presidenciales “duermen” desde 2009, mientras la delincuencia azota: “Mando único policial”, “Jurisdicción militar”, “Lavado de dinero”, “Ley de Seguridad Nacional”, “Reformas contra la delincuencia organizada”, “Reforma a la Ley de Armas de Fuego sobre calibres vulnerantes”, “Reforma al Código de Justicia Militar sobre delito de traición a las Fuerzas Armadas”, “Ley para los Derechos de las Víctimas del Delito”, “Reformas al sistema penitenciario y al Poder Judicial de la Federación”, “Ley sobre responsabilidades colectivas del crimen organizado”, “Ley de trata de personas”, “Reglamentos a la Reforma a los Derechos Humanos”, “Reforma política”…

Pregunta: ¿Cuáles saldrán adelante en medio de una turbulencia política que ya comenzó, con miras a la elección presidencial de 2012?

Por cierto, a finales de septiembre pasado, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó en lo general la “Reforma política”, pero dejó fuera del dictamen la figura de la reelección de legisladores y alcaldes. ¿Por qué? Un solo voto, uno, de la diputada perredista María Dina Herrera Soto definió el rumbo.

GASTO DISCRECIONAL
“Servicios oficiales”

Mil 472
Millones de pesos gastaron los diputados federales de manera discrecional en 2010, en la Partida “Servicios oficiales”.

Mil 004
Millones de pesos gastaron los senadores de manera discrecional en 2010, en la Partida “Servicios oficiales”.

La Partida “Servicios oficiales” se destina a reuniones, congresos, foros y convenciones, así como viáticos y pasajes de comisiones oficiales nacionales e internacionales.

Otro dato: en un comparativo en América Latina, los legisladores mexicanos son los segundos más caros, sólo por debajo de los brasileños. Mientras los legisladores de todo el continente ganan seis mil 712 dólares mensuales en promedio, cada diputado federal mexicano tiene un salario “formal” de más de 12 mil 300 dólares, sin contar prestaciones y subvenciones discrecionales, que la mayoría de los otros parlamentos no otorgan; es decir, estos legisladores obtienen alrededor de 17 mil 800 dólares mensuales, monto superior incluso al de sus homólogos de España (siete mil), Gran Bretaña (siete mil 858) y Alemania (11 mil dólares). En pesos, los mexicanos perciben, como mínimo, 218 mil 449 pesos mensuales; sumando, dos millones 621 mil 388 pesos anuales. Estos últimos datos se desprenden del estudio “¿Cómo y Cuánto Gasta la Cámara de Diputados?”, elaborado por María Amparo Casar, catedrática e investigadora del Departamento de Estudios Políticos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), quien autoriza la publicación de la información en este reportaje.

Uno más: los parlamentos de América Latina tienen en promedio 37 comisiones, mientras que en México llegan a 84; a cada comisión legislativa se le asigna un presupuesto específico. Esto eleva los costos.

Si se divide el número de sesiones de la Cámara de Diputados, entre el presupuesto total, el costo de cada reunión es de más de 94 millones. Además, cada día de periodo legislativo equivaldría a 25 millones de pesos y cada “acción legislativa” costaría 1.6 millones (considerando la suma de todos los productos legislativos presentados y reportados por la propia Cámara de Diputados: iniciativas, proposiciones, excitativas, dictámenes de iniciativas y permisos, independientemente de si fueron atendidos o no, pues arroja una cifra de tres mil 109 “acciones”).

“La aprobación de los diputados en las mediciones nacionales también es baja: 46% de los ciudadanos desaprueba el trabajo de los diputados frente a 32% que lo aprueba”, acota el estudio, “en suma, tanto el Congreso como sus integrantes son percibidos por la ciudadanía como un cuerpo alejado de los intereses sociales, no representativo, con poca legitimidad y bajos niveles de calificación y aprecio”.

Apoyo a víctimas

“Impulsar la Ley de Ejecución de Sanciones Penales, y prever reglas para impedir la preliberación y otros beneficios en delitos como el secuestro y otros cometidos con violencia”, es uno de los incumplimientos más importantes en el Legislativo federal, revela María Elena Morera de Galindo, presidenta de la Asociación Civil Causa en Común, quien critica el incumplimiento de autoridades en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, La Justicia y La Legalidad, signado en 2008 por representantes de todos los ámbitos de Gobierno y organizaciones ciudadanas.

En una evaluación a tres años del pacto, revela una simulación por parte de autoridades en el cumplimiento de los acuerdos. Por ejemplo, critica que el Congreso de la Unión falla en legislar una reforma en “la iniciativa de Ley Federal del Sistema Penitenciario y Ejecución de Sanciones, que está pendiente de aprobación. El 24 de abril se publicó en la Gaceta Parlamentaria y en votación económica se consideró de urgente resolución”, pero no hay avance en la Cámara de Diputados. “El objeto de esta ley señala que es para disponer de un instrumento jurídico para la reparación del daño a las víctimas, además, establece las obligaciones y derechos de los internos procesados, sentenciados y preliberados y contempla el sistema de reinserción a que se sujetará el sistema penitenciario federal, por lo cual es urgente que se apruebe”, añade la ex presidenta de México Unido Contra la Delincuencia y una de las principales promotoras, junto con el empresario Alejandro Martí, del  Acuerdo Nacional de 2008 —Morera padeció el secuestro de su esposo Pedro Galindo; Martí, el asesinato de su hijo Fernando, quien murió a manos de sus secuestradores cuando ya habían pagado el rescate—.

PLATILLOS Y PRODUCTOS
Alimentos

76  millones de pesos gastaron los diputados federales en productos alimenticios en 2010. En 2004, este gasto era de 63 millones de pesos.

14.4 millones de pesos gastaron los senadores en productos alimenticios en 2010. En 2006, este gasto era de ocho millones de pesos.

Sobre este último, hay un testimonio de Alejandro Martí que revela el sufrimiento de las familias, adineradas o pobres, durante la desaparición de sus seres queridos: “Mi mujer se dormía en la sala con la puerta abierta y mi hija en otro sillón (a la espera de una noticia de Fernando); así pasamos muchas noches de desesperación. Cualquier ruido nos despertaba y te parabas con una sonrisa diciendo ‘ya lo tengo’. Han sido las peores noches de nuestras vidas, la peor época de nuestra vida”. Hay un discurso que sostiene desde el secuestro de su hijo: la “Policía está rebasada, cooptada o coludida” con los criminales, pero los gobernadores y alcaldes muestran desdén a la depuración de corporaciones preventivas y ministeriales. Por ello exige a la sociedad civil poner nombre y apellido a los responsables de esta situación y se les exija su renuncia.

Tras casi cinco años de la “guerra” contra el crimen, el Presidente Felipe Calderón publicó apenas el 06 de septiembre la creación de la Procuraduría Social de Atención a Víctimas de Delitos (Províctima), que se ubicará en el Distrito Federal y proporcionará a las víctimas u ofendidos asistencia médica, psicológica, orientación y asesoría jurídica, así como apoyo en la búsqueda de personas desaparecidas, subsidios o ayudas previstos en los programas, gastos funerarios, becas, compensaciones, seguros médicos o, en su caso, podrá otorgarlos directamente a víctimas u ofendidos de delitos federales. “Se pretende evitar lo que se ha conocido como ‘revictimización’, es decir, que quienes han sido víctimas u ofendidos por la comisión de un delito, enfrenten además condiciones difíciles para el acceso a la justicia y el ejercicio de sus derechos”, señala el documento.

Sobre el tema, el pasado 10 de octubre se designó a Sara Irene Herrerías como titular de Províctima, en un evento en el que Felipe Calderón reconoció una cifra “muy alta” de desaparecidos en México, pero a la vez exigió a los estados una base de datos veraz; es decir, aceptó que no existe una estadística real —el discurso del Presidente exhibe el Convenio de Colaboración entre la PGR, la Procuraduría General de Justicia Militar, así como las procuradurías del Distrito Federal y de las 31 entidades, firmado en 2007, con la intención de coadyuvar en la difusión sobre personas desaparecidas o extraviadas en territorio nacional—. Lo destacable es que la Junta de Gobierno del organismo estará conformada, entre otros, por Alejandro Martí, Patricia Caso, Isabel Miranda de Wallace y María Elena Morera.

SALARIOS
Plantilla

500 diputados.

128 senadores.

17 mil 800 dólares mensuales, salario mensual de diputados. El monto es superior al de sus homólogos de España (siete mil), Gran Bretaña (siete mil 858) y Alemania (11 mil dólares).

En pesos, los mexicanos perciben, como mínimo, 218 mil 449 pesos mensuales; sumando, dos millones 621 mil 388 pesos anuales.

Beneficios

En las percepciones de los legisladores se consideran, además del sueldo, pagos por asistencia legislativa, atención ciudadana, vales de despensa, apoyo para transporte terrestre, apoyo para informes de labores, telefonía celular, vales para restaurantes, aportaciones para sus fondos de ahorro, seguro de vida, seguro de gastos médicos, boletos de avión, aguinaldo, gastos funerarios, asesores y secretarias.

Nómina

La Cámara de Diputados cuenta también con una pesada estructura administrativa, que suma cinco mil 205 empleados y cuya nómina asciende a dos mil 063 millones, esto es, cada trabajador gana en promedio 33 mil 035 pesos mensuales.

CIFRAS

2 mil Iniciativas pendientes en la Cámara de Diputados.

10 mil 210 Millones de pesos, presupuesto total para el Congreso de la Unión.

5 mil 293 Millones de pesos, presupuesto 2011 de la Cámara de Diputados. Destaca que en 2004, el gasto era dos mil millones menos (40%).

3 mil 585 Millones, presupuesto total de la Cámara de Senadores en 2011. Destaca que en 2006, el gasto era 30% inferior, pues se ubicó en dos mil 452.2 millones de pesos.

Mil 332 Millones, presupuesto total 2011 de la Auditoría Superior de la Federación.

Del funcionamiento de Províctima, el irapuatense Manuel Vargas adelanta:

— ¿Ya se acercaron con usted para ofrecerle los beneficios de la Procuraduría Social?

— ¿De la Procu qué…? No sé de qué me habla. En las reuniones (con autoridades) no me han informado de eso. Últimamente se nos han acercado más porque se olvidaron de nosotros, pero después de acudir a la prensa para denunciar el olvido en el que nos tienen. No sé nada de eso. ¿Usted nos puede asesorar?

Resumen. El último año de la administración de Felipe Calderón está cerca, en una “guerra” contra la delincuencia que arrastra más de 40 mil ejecutados y cinco mil 397 desaparecidos en el presente sexenio, con base en registros “oficiales” (pero ya se documentó en este reportaje que suman 40 mil 483 denuncias por extravío, desaparición o ausencia en sólo 16 estados y la capital del país); sin embargo, apenas se pone en marcha una Procuraduría Social que pretende brindar apoyo integral a las miles de familiares que han perdido a sus padres, madres, hijos, hermanos…

Incumplimientos

Mientras el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Narro Robles, pide al Presidente, partidos políticos y actores sociales firmar un pacto político y social con el que se daría un giro a las estrategias de seguridad, concentrándose en el combate a la impunidad, la preservación de la integridad personal y la defensa de los derechos humanos con 36 propuestas, María Elena Morera apunta los pendientes del pacto en 2008, por orden de importancia, en los que exhibe al Gobierno federal, pero pone énfasis en los gobernadores y alcaldes, principalmente por el rezago en la depuración en los ámbitos de seguridad y justicia:

1.- Depurar y fortalecer las instituciones de seguridad y procuración de justicia.

2.- Impulsar la creación de centros estatales de control de confianza certificados.

3.- Sujetar a evaluación permanente y control de confianza al personal de las instituciones policiales, de procuración de justicia, de aduanas, de los centros de readaptación social federales, así como del Instituto Nacional de Migración, a través de organismos certificados.

4.- Formular y emitir una estrategia nacional contra el lavado de dinero.

5.- Regular el registro, establecimiento y acceso a bases de datos de los equipos de telefonía móvil y fija, así como el acceso a la información sobre la ubicación física de los teléfonos móviles en tiempo real, en los casos en que sean aparatos y números relacionados con actividades delictivas.

6.- Asegurar la cobertura de un número único en todo el país para el sistema de atención de emergencias (066) y para el servicio de denuncia ciudadana anónima (089).

7.- Fortalecer el Sistema Penitenciario, pues la Secretaría de Seguridad Pública se comprometió a construir dos Centros Federales de Readaptación Social de alta seguridad, incluyendo módulos especiales para secuestradores.

8.- Revisar el Socorro de Ley (la Secretaría de Seguridad Pública se comprometió a revisar con los titulares de los ejecutivos de las entidades federativas, los montos asignados por concepto de Socorro de Ley por interno federal en centros de readaptación estatales).

9.- Fortalecer las aduanas: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene pendiente la modernización de todas las aduanas con tecnología y mejorar sus procesos e infraestructura para reducir el contrabando, en particular el tráfico de armas y de precursores químicos.

10.- Fortalecer la atención a personas con problemas de adicciones: la Secretaría de Salud se comprometió a ampliar la red de Centros de Atención Primaria Nueva Vida para contar con más de 300 puntos y cobertura nacional.

11.- Fortalecer el Programa Escuela Segura: la Secretaría de Educación Pública se comprometió a incorporar al programa más de 13 mil 500 escuelas primarias y secundarias públicas y promover la ejecución del programa en escuelas privadas.

12.- Fortalecer la autonomía, independencia e imparcialidad de jueces y magistrados.

13.- Continuar la calificación de los juzgadores especializados en justicia para adolescentes.

14.- Incorporación e implementación del Sistema Único de Información Criminal de Plataforma México.

Fuente: Evaluación de Asociación Civil Causa en Común.

EROGACIONES
Congresos estatales

10 mil millones, gasto de las 31 legislaturas estatales y la Asamblea del Distrito Federal.

Mil 258 millones, gasto 2010 del Congreso del Estado de México.

Mil 165 millones, gasto 2010 de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

827 millones, gasto 2010 del Congreso de Jalisco.

¿Y el Gobierno federal?

Para 2012, año electoral y último de Felipe Calderón, se proyecta un presupuesto que privilegia el gasto corriente por encima de la inversión. En servicios personales pasarían de 562 mil 372 millones a 617 mil 382 millones de pesos (9.78% más), mientras la inversión decrecerá 3.22%: de 646 mil 222 millones para infraestructura en 2011 se proyectan 625 mil 420 millones de pesos.

TELÓN DE FONDO
Depuración, desdén y deudas

Sobre la depuración y fortalecimiento de las instituciones de seguridad y procuración de justicia, en el caso de los altos mandos evaluados respecto al universo total, 332 de ellos (88%) se han aplicado los cinco exámenes de control de confianza: toxicológico, médico, psicológico, poligráfico y patrimonial o de entorno socioeconómico, pero se desconoce el resultado porque es información “confidencial”; es decir, las autoridades niegan datos al respecto. Entre éstos figuran secretarios de Seguridad Pública estatales y los procuradores.

Por otra parte, 31 altos mandos se resisten a ser evaluados (8%) y 13 están en proceso (4%), de acuerdo con los centros de evaluación y control de confianza federales y el Centro Nacional de Certificación y Acreditación, así como las entidades federativas, con corte de información realizada el 05 octubre.

El desdén de gobernadores y presidentes municipales al Acuerdo Nacional 2008 se demuestra en el reporte emitido en mayo pasado por el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP). Los estados de México, Baja California Sur, Guerrero, Nayarit, Sonora y Yucatán ni siquiera habían evaluado a la mayoría de sus mandos, pero tras ser exhibidos, comenzaron a registrarse más funcionarios.

Juan Miguel Alcántara Soria, secretario ejecutivo del SNSP, documentó que entre esas evaluaciones se registró que altos mandos revelaron posibles vínculos con la delincuencia, producto de la aplicación del polígrafo y el examen de entorno socioeconómico. También adelantó que 86.83% de los policías estatales, ministeriales y municipales del país no había sido evaluado, lo cual evidencia que las corporaciones son poco confiables, pues sólo 13.17% de los elementos presentó los exámenes (aunque se desconocen sus resultados).

En el caso de los gobernadores y alcaldes, están más “preocupados” por el recorte que proyecta el Gobierno federal en participaciones para 2012 (tan sólo en Jalisco se verán reducidas en más de cinco mil millones de pesos), por lo que ya proyectan nuevas deudas, a pesar de que el actual endeudamiento de los gobiernos estatales asciende a 316 mil 704 millones de pesos, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, liderados por los 31 mil 973 millones de pesos que heredó en Coahuila el ex gobernador y actual dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Humberto Moreira, a su hermano y hoy mandatario, Rubén Moreira.

Para liquidar los adeudos de los gobernadores, cada mexicano debería pagar dos mil 819 pesos.

FRASES

"La rasurada a la reforma política en la Cámara de Diputados es una bofetada al pueblo. Nunca habíamos visto una clase política que cobrara tanto, son los que mejor viven, y todavía tienen prestigio, mientras sólo hacen parches o reformitas. En los gobiernos hay depredadores de sueldos, pero los diputados son improductivos, irresponsables y ni siquiera toman en cuenta a la población. Debemos quitar a los que no sirven, debe haber revocación de mandato ".
Alejandro Solalinde,
activista defensor de migrantes.


"Hay muchas propuestas sobre la mesa: la que presentó recientemente la UNAM, los seis puntos del movimiento que encabeza Javier Sicilia, el Acuerdo de Chihuahua, las propuestas de México a Debate, entre otras, y todas tienen cosas muy rescatables. Nosotros proponemos que nos pongamos de acuerdo en los dos o tres puntos en los que coincidimos y, a partir de ahí, empecemos a construir".
Queremos construir una ciudadanía y mejorar el clima de seguridad en todo el país ".
María Elena Morera,
activista.

"Debe crearse un fiscal ciudadano para que sea efectiva la certificación de policías y jueces. Los certificadores son juez y parte, entonces eso permite que no sepamos la problemática real (de corrupción). Las procuradurías deben ser fiscalizadas por la ciudadanía, este es un pendiente importante del Legislativo. También hace falta un padrón de los policías que no aprobaron las pruebas (de control de confianza) porque debemos saber en dónde están ".
Javier Sicilia,
activista.


"El Presidente hace un llamado a toda la ciudadanía y nos dice: ‘Si no les gustan los políticos que tienen, incursionen en la política; si no les gustan los partidos políticos, hagan uno. Pero cómo lo hacemos si no hay condiciones para ello, por eso exigimos a los diputados la reforma política (pero a finales de septiembre, dejaron fuera las principales demandas ciudadanas, como la revocación de mandato). Los diputados y políticos ya no nos representan ".
Isabel Miranda Wallace,
activista.