• Fallo permite a estados legislar sobre derechos humanos

La norma que penaliza el aborto en Baja California se mantiene, luego de que sólo siete ministros se pronunciaron por declararla inconstitucional

CIUDAD DE MÉXICO (29/SEP/2011).- Aplausos y críticas cosechó el fallo en contra de la inconsitucionalidad de la reforma que penaliza el aborto en Baja California.

Organizaciones no gubernamentales, el Partido Acción Nacional (PAN) y la Iglesia Católica destacaron el fallo.

El vocero del Arzobispado de Guadalajara, Antonio Gutiérrez Montaño, afirmó que la postura católica sobre la legislación antiaborto reitera que el marco jurídico de la sociedad debe establecer que todo ser humano desde su concepción tiene derecho a la vida. En tanto, la Coalición de Grupos a Favor de la Vida y la Familia de Baja California conformada por más de 30 organizaciones de la sociedad civil subrayaron que los ministros dejan establecido que la Constitución y los tratados internacionales protegen la vida desde la fecundación.

El senador panista con licencia, Santiago Creel, dijo estar contra el aborto y agregó que la Constitución establece que los derechos humanos en materia civil deben ser regulados por los estados.

En contra del fallo se manifestaron miembros del Partido de la Revolución Democrática (PRD), la Asamblea capitalina y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).

“La Corte perdió una oportunidad histórica de proteger de forma integral y definitiva los derechos humanos de las mujeres”, destacó el organismo.

El senador del sol azteca, Carlos Navarrete, lamentó que tanto el PRI como el PAN estén frenando diversas iniciativas para garantizar el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo. En tanto, Jesús Zambrano, líder nacional del partido, afirmó que la Corte no actuó con congruencia, ya que antes declararon constitucional la ley a favor de la interrupción del embarazo en el Distrito Federal.

La propia ministra Olga Sánchez Cordero, afirmó que avalar el Artículo 7 de Baja California “restringe muchos otros derechos, no necesariamente penalizaba o despenalizaba el aborto”.

En tanto, el líder nacional del PRI, Humberto Moreira, llamó a su partido a debatir cuál debe ser la postura del partido en torno a este tema. El martes, el coahuilense dijo estar a favor de que la mujer decida sobre su cuerpo, aunque subrayó que es su opinión personal y no la del partido.  Agencias

La voz del experto
Fallo definitivo

Gustavo gómez, Gerardo de la Cruz y Eduardo Villalobos (Especialistas de la UP y UVM, respectivamente)

Especialistas en materia penal de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara, destacaron que el fallo de la Corte es definitivo y efectivo para el resto de los estados que se han pronunciado a favor de la protección a la vida desde la concepción.

Gustavo Gómez, especialista en materia constitucional y catedrático de la Escuela de Derecho en la UP, explicó que debido a que la Constitución no define cuándo inicia una vida, o quién posee el carácter de persona, puede ser un argumento utilizable para determinar específicamente que los estados tienen la facultad basándose en el pacto federal para dar más derechos.

El catedrático Gerardo de la Cruz, considera que es necesario llamar a un constituyente que revise la Constitución, y que además se someta al escrutinio público el tema, pues finalmente es el pueblo quien debe determinar qué tipo de país quiere tener.

Recordaron que cuando se hicieron las reformas en el Distrito Federal, en el tema del aborto, 60 representantes de la Asamblea General (que no todos votaron), y ocho ministros determinaron la constitucionalidad de las mismas, por lo que terminaron cambiando toda “la fachada constitucional a 112 millones de mexicanos, si esas acciones son democráticas, nos parece que realmente son anti democráticas...”.

De la Cruz manifestó que la protección a la vida desde la concepción no está en pugna con los derechos de la mujer, como se ha venido manifestando, porque en ningún tratado internacional, ni en la Constitución se establece como derecho de nadie el que se pueda interrumpir a voluntad la vida de otra persona, posición en la que coincidió Eduardo Villalobos, catedrático de derecho de la UVM.