• Llama a los niveles de gobierno a trabajar y reforzar el trabajo de coordinación

El presidente de la corte señaló que es necesario acelerar y actualizar la Agenda de la Reforma Penal, que permita redefinir objetivos y alinear recursos

CIUDAD DE MÉXICO (04/MAY/2011).-  El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juan Silva Meza urgió a los Poderes de la Unión y a los estados de la República a trabajar todos 'al mismo ritmo' para la pronta implementación de la reforma constitucional en materia penal.  

Dijo que los esfuerzos del Poder Judicial de la Federación (PJF), 'todavía insuficientes, deben acompañarse por el trabajo de los otros poderes de la Unión y los demás niveles de gobierno', además de que es necesario reforzar el trabajo de coordinación.  

Durante su participación en la inauguración del Tercer Foro sobre Seguridad y Justicia que se celebró en la residencia oficial de Los Pinos, el también presidente del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) subrayó que la conclusión exitosa de esta reforma constitucional, implica también el trabajo comprometido de las entidades federativas.  

Subrayó que no obstante que la Constitución establece un plazo para la implementación de esta reforma, que vence en cinco años, su correcta puesta en marcha exige 'estar todos al mismo ritmo. La reforma exige que todos andemos al mismo paso, a la misma velocidad'.  

Ante el Presidente de la República, Felipe Calderón y representantes de organizaciones civiles en materia de seguridad, Silva Meza recalcó que 'nadie puede quedar rezagado y eso sólo puede lograrse si trabajamos juntos, si cooperamos, si construimos los consensos para ello'.  

Expuso que desde la perspectiva del Poder Judicial de la Federación, es necesario acelerar y actualizar la Agenda de la Reforma Penal, que permita redefinir objetivos y alinear recursos, así como establecer de nuevo las tareas y responsables, revisar el cronograma de instrumentación y fortalecer mecanismos de seguimiento y evaluación.  

En el acto al que asistieron el secretario de Gobernación, Francisco Blake; la procuradora General de la República, Maricela Morales; el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna y otros funcionarios, el ministro de la SCJN destacó que la reforma penal no sólo es una reforma más, sino un cambio de cultura.  

En este tema, puntualizó que 'el problema de acceso a la justicia en México, es añejo', e hizo referencia a estudios recientes que dijo, confirman que el ejercicio de este derecho en el país, todavía es una prerrogativa limitada a ciertos sectores de la sociedad que cuentan con mayor preparación y más recursos económicos.  

Por ello, agregó que el reto es ampliar el acceso a la justicia para todos, sin distinciones injustificadas, y cuidar en asistir de forma debida y en el marco del derecho, 'a los más desprotegidos, a los más débiles, a los que tradicionalmente son invisibles, a los que no tienen voz'.  

Juan Silva Meza señaló que todas las instituciones la República, enfrentan los retos de la eficacia y el de la legitimidad, pues por un lado están obligadas a cumplir con su trabajo, hacerlo mejor, hacerlo pronto, hacerlo cada vez con mayor calidad y con menores recursos.  

Por otro lado, deben construir, mantener y acrecentar todos los días su credibilidad, para contar siempre con el respaldo, con la autoridad, con la confianza, con el apoyo de la sociedad, por actuar con honradez, con seriedad, con honestidad, apuntó.  

Refirió que por parte de las autoridades jurisdiccionales, se han mejorado los mecanismos de asistencia para los ciudadanos, con el fin de que todos estén más al tanto de los derechos que tienen y los mecanismos a su alcance para hacerlos valer, además de renovar sus enlaces tecnológicos y de comunicación con la sociedad.  

Recordó que como parte de los mecanismos de vigilancia al desempeño de los impartidores de justicia, el CJF aprobó un acuerdo que por primera vez autoriza realizar un control permanente sobre la situación financiera de los jueces, magistrados e integrantes de la Suprema Corte.  

Con esta medida 'hacemos patente nuestro compromiso con una administración jurisdiccional transparente, en la que no hay lugar para los abusos o los desvíos', y sostuvo que la judicatura federal está abierta al escrutinio permanente de la Nación, que la sostiene y a la que se debe', aseguró el ministro de la Corte.  

En este sentido, dijo que 'la sociedad tiene el derecho de escudriñar, a través de sus representantes constitucionales, cómo empleamos los recursos que se nos asignan y de evaluar la oportunidad, eficiencia, honradez y efectividad con las que realizamos nuestros actos'.