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Miércoles, 25 de Mayo de 2016

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Seguridad interior

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  • Por Santiago Creel (Senador del Partido Acción Nacional)

El Senado de la República aprobó el martes pasado y casi por unanimidad de votos una serie de cambios a la Ley de Seguridad Nacional

El Senado de la República aprobó el martes pasado y casi por unanimidad de votos una serie de cambios a la Ley de Seguridad Nacional, que norman la intervención de las Fuerzas Armadas en acciones relacionadas con la seguridad interior del país, a propósito de lo que hoy está sucediendo con el crimen organizado.

Hasta antes de la reforma, el Presidente de la República podía disponer de las Fuerzas Armadas sin que fuera necesario utilizar el mecanismo de suspensión de garantías individuales, establecido en el artículo 29 de la Constitución. Ahora —una vez que concluya el trámite parlamentario—, lo podrá seguir haciendo pero mediante un procedimiento que da solidez jurídica y, a su vez, establece controles y límites a la actuación de las Fuerzas Armadas.

¿Cuándo se da una afectación en la seguridad interior? Las nuevas disposiciones establecen que esto ocurre cuando se altera la paz, el orden público o la estabilidad interna de una zona determinada del país y, además, cuando quien solicita la intervención, puede probar la gravedad del caso y, además, de que las instituciones de seguridad pública no tengan la capacidad para enfrentar la situación prevaleciente.

¿Quién puede solicitar las intervenciones? Lo pueden hacer los congresos locales, el propio gobernador o los ayuntamientos por conducto de estos dos. Las solicitudes se harán ante el Consejo de Seguridad Nacional, el cual deberá decidir si existen las condiciones de seguridad interior para que se formule la declaratoria de afectación. Por su parte, el Senado de la República revisará la legalidad de la petición y, finalmente, el Presidente emitirá la declaratoria correspondiente.

¿Cuáles son los controles y límites de la intervención? En primer lugar, es importante mencionar que los derechos humanos no se suspenden ni se restringen bajo ninguna circunstancia. En segundo, la participación de las Fuerzas Armadas deberá tener una temporalidad definida, un ámbito geográfico delimitado y las acciones que se lleven a cabo deberán ser determinadas. En tercer lugar, la afectación no podrá ser declarada en asuntos de carácter laboral ni en conflictos sociales, políticos o electorales. En cuarto, se instaura un protocolo de actuación, para que los efectivos que participen utilicen los mismos signos de identificación y, además, se sujeten a los principios de racionalidad, proporcionalidad, profesionalismo, honestidad y uso legítimo de la fuerza. En este último caso, el Congreso de la Unión deberá emitir una ley reglamentaria en los próximos 12 meses.

Otro aspecto que resulta trascendental, es el nombramiento de una autoridad encargada para cada intervención. Ahora, por vez primera, habrá un responsable nombrado con antelación, que permitirá tramos de control en toda la operación, lo que permitirá un proceso de rendición de cuentas eficaz. Para estos efectos, la reforma prevé que, a la conclusión de cada una de las intervenciones, el Presidente de la República tendrá que rendir un informe al Senado de la República sobre los resultados de las acciones efectuadas.

Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos también tendrá que dar cuenta al Senado de las quejas que llegara a recibir y en su caso de las recomendaciones emitidas.

Uno de los pendientes que ha quedado por resolver, es el asunto del fuero militar con el fin de determinar si los tribunales no militares podrán conocer de los casos vinculados con civiles. La Ley de Seguridad Nacional no es la norma donde debería de dirimirse esta cuestión. A partir de septiembre y con base en la iniciativa que presente el Ejecutivo, el Senado habrá de resolver este tema, propio del Código de Justicia Militar.
Las fuerzas Armadas han actuado con responsabilidad y lealtad institucional en la actual coyuntura de inseguridad que prevalece en algunas zonas del país.

Normar jurídicamente su actuación en las tareas de seguridad interior y corresponsabilizar a los ayuntamientos, a los gobernadores, a los congresos locales, así como al Senado de la República y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, junto con el Consejo de Seguridad Nacional y el Presidente de la República, son pasos en la dirección correcta para tener más eficacia, mayor transparencia y mejores controles de rendición de cuentas, en una actividad que resulta indispensable para enfrentar las circunstancias de riesgo y amenaza que vive la nación.

Cámara alta

Los temas de la sesión de ayer

Ley de Medios


El coordinador del PAN en el Senado, Gustavo Madero, negó que su bancada se haya “echado para atrás” en la aprobación de la Ley de Medios, como acusó el presidente de la comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, Carlos Sotelo (PRD). El senador Sotelo acusó también al Gobierno federal de no aprobar una reforma a la Ley de Medios para mantener el régimen actual, a su favor.
Madero negó las acusaciones y dijo que están comprometidos a dictaminar una iniciativa integral.

Reforma política


La reforma política está muerta para este periodo de sesiones porque no hay consensos políticos que permitan avanzar en un dictamen que realmente ayude a transformar el régimen político actual, aseguró el senador Graco Ramírez.

El Presidente Felipe Calderón Hinojosa envió al Senado en diciembre del año pasado un decálogo de reformas para transformar el régimen político mexicano y otorgar —según sus palabras— mayor poder a los ciudadanos.

Desde esa fecha, la reforma política atrajo la atención de actores políticos, investigadores y sociedad civil. Pero el presidente de la Comisión de la Reforma del Estado (PRD), Graco Ramírez, admitió que esta discusión tendrá que esperar hasta septiembre, después de las elecciones locales de 2010.

“Narcomilitares”


El Senado aprobó en comisiones una reforma para que los “narcomilitares”, una vez comprobada su vinculación con el crimen organizado, pierdan su fuero militar, sean juzgados en tribunales civiles y puedan ser sancionados hasta con treinta años de prisión. El dictamen de la Comisión de Defensa Nacional se conocerá hoy en primera lectura en el pleno.

Ley Antisecuestro


A unas horas de que termine el periodo ordinario de sesiones, senadores se reunieron para destrabar la llamada Ley Antisecuestro. Uno de los temas que analizan desde el martes por la tarde es el relativo a ampliar los derechos de las víctimas.

El tema de crear un fondo especial para resarcir el daño ya está solventado. El coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado, Manlio Fabio Beltrones, confió en que terminarán el periodo ordinario aprobando las reformas en materia de lucha contra el secuestro.

www.santiagocreel.com.mx

CRÉDITOS:

EL INFORMADOR / BFHS
Abr-29 04:16 hrs

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