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Indígenas salen libres por orden de la Corte

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Las indígenas Alberta Alcántara y Teresa González abandonaron el penal de San José el Alto, a bordo de una camioneta. EL UNIVERSAL

  • A las 10:00 horas, las liberadas ofrecen conferencia de prensa
  • Durante la sesión, los ministros no hicieron mención de la PGR por su nombre, pero en todo momento su actuación fue cuestionada

CIUDAD DE MÉXICO (29/ABR/2010).- Fue una sesión para la historia. La Corte se erigió, por vez primera desde que fue reformada en 1994, en un tribunal de apelación para revisar una sentencia de un juez y emitir un veredicto de inocencia, a favor de las indígenas ñhañhús Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, y ordenar su “absoluta e inmediata liberación”.

La Suprema Corte de Justicia tiene por regla no atender juicios en los que tenga que pronunciarse sobre la culpabilidad o no de alguien.

En este caso hizo una excepción, porque, en palabras del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, desde lejos “olía a injusticia. Se percibía que era altamente probable que dos indígenas mexicanas estaban en prisión desde hace casi cuatro años, de manera injusta”.

Los cinco ministros de la Primera Sala, la encargada de los asuntos penales, votaron por absolver a Alberta y a Teresa, por estar plenamente convencidos de que la Procuraduría General de la República (PGR) no comprobó que ellas hubieran secuestrado a seis agentes federales de Investigación y mucho menos que una de ellas fue detenida en posesión de cocaína, como aseguró en sus acusaciones.

Alberta y Teresa, junto con Jacinta Francisco Marcial fueron detenidas en marzo de 2006, después de que fueran acusadas de secuestrar a seis agentes federales durante un operativo que realizaron en el tianguis de Santiago Mexquititlán, Querétaro, para decomisar discos piratas, el cual generó protestas de comerciantes, porque los policías acudieron sin uniformes e identificaciones.

Debido a la presión que se ejerció por distintas Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s), instancias gubernamentales y medios de comunicación, la PGR retiró los cargos en contra de Jacinta por considerar que en su caso había “una duda razonable” en torno a su participación en el secuestro de los agentes.

Pero mantuvo las acusaciones por secuestro contra Alberta y Teresa, quienes permanecieron recluidas en el penal femenil de San José El Alto, hasta que el juez cuarto de distrito con sede en Querétaro, Rodolfo Pedraza Longh, las sentenció a 21 años de prisión.

Por su parte, la defensa de las indígenas queretanas celebró la decisión de la Suprema Corte y anunció que en breve promoverán un juicio para pedir la reparación del daño que se les causó por haber permanecido cuatro años en prisión de manera injusta.

Alegría

“Estamos muy contentas porque al fin se hizo justicia”, exclamó Teresa González Cornelio, al momento en que, junto con su cuñada Alberta Alcántara Juan, salía del penal femenil de San José el Alto, en la ciudad de Querétaro, tras el resolutivo de la SCJN.

A las 18:00 horas, y a bordo de una camioneta del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, las dos queretanas otomíes abandonaron la prisión, justo cinco horas después de que el pleno de magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolviera, por unanimidad, absolverlas del delito de secuestro del que fueron acusadas.

Teresa llevaba en su regazo a Jazmín, su hija que nació dentro del penal, a su lado iba Alberta.

Finalmente llega la justicia


3 de agosto de 2006
Alberta Alcántara Juan, Teresa González Cornelio y Jacinta Francisco Marcial, son detenidas y condenadas a 21 años de prisión por haber secuestrado durante un operativo a seis elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI) en Santiago Mexquititlán, Querétaro, el 26 de marzo de ese mismo año.

19 de julio de 2009
Por considerar que la PGR acusó a las mujeres basada en testigos falsos y en testimonios “de oídas”, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emite una recomendación contra la dependencia.

3 de agosto de 2009
Al cumplirse tres años de su encarcelamiento, la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) clasifica el juicio contra las indígenas otomíes como de “campaña urgente”, debido a la gravedad en la violación a los derechos humanos.
 
20 de agosto de 2009
La delegada de la PGR, Norma Patricia Valdés Argüelles, afirma que fueron más de 200 personas y no sólo tres, las que secuestraron a media docena de elementos de la desaparecida Agencia Federal de Investigación (AFI).
 
16 de septiembre de 2009
Jacinta es puesta en libertad y deja el Reclusorio Femenil de San José el Alto en Querétaro donde permaneció tres años.

12 de febrero de 2010
Amnistía Internacional las declara presas de conciencia.

23 de febrero de 2010
El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) afirma que existen elementos suficientes para liberarlas.

16 de marzo de 2010
El coordinador de la bancada del PRI en el Senado, Manlio Fabio Beltrones, lleva a tribuna el debate por la presunta violación de los derechos humanos de las indígenas presas.

17 de marzo de 2010

Los ministros de la Suprema Corte de Justicia deciden hacerse cargo de la apelación que promovió la defensa de las indígenas.
 
25 de marzo de 2010
La PGR no acepta la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para revisar el caso de las indígenas.

28 de abril
La ministra Olga Sánchez Cordero encontró “graves irregularidades” en el proceso contra Alberta y Teresa, por lo que presentó un proyecto de sentencia que fue votado y las dejó en libertad.

CRÉDITOS:

SUN / BFHS
Abr-29 03:51 hrs
IzquierdaDerecha
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