• Chiapas, ejemplo de la desigualdad con el programa

En la lista de los favorecidos están el titular de Sagarpa, Francisco Mayorga Castañeda, y tres de sus hermanos

CIUDAD DE MÉXICO.- Rosendo Solórzano Hernández recibió 107 pesos de subsidio de Procampo para la siembra de maíz en campos de Chiapas. El apoyo para María Guadalupe Zuniga Cepeda, de Tamaulipas, fue de 290 mil 674 pesos. En ninguno de los dos casos se cumplen las reglas de operación del programa, modificadas el 8 abril de 2009, que establecen como tope mínimo de ayuda mil 300 pesos y máximo 100 mil.

Los dos son beneficiarios del ciclo primavera-verano 2009, señalado por la Presidencia de la República como el parteaguas de la aplicación y distribución de los recursos del Programa de Apoyos a la Comercialización (Procampo).

La norma establece el aumento del ingreso para los productores que poseen menos de cinco hectáreas, que representan 70% del padrón, y limitar la ayuda a 0.2% de propietarios de grandes parcelas.

Graciela Aguilar, directora de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca), asegura que en este periodo agrícola ya se aplicaron las nuevas reglas. Sin embargo, los listados de beneficiarios, publicados en la página de internet de la dependencia, muestran que al menos tres mil productores de Chiapas recibieron entre 43 y mil pesos de ayuda, mientras que en los estados de Tamaulipas, Zacatecas, Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Durango y Guanajuato, hubo personas que, por sus extensiones de tierra, obtuvieron cantidades que superan por mucho los 100 mil pesos estipulados.

Miguel Pulido, director adjunto de Fundar, Centro de Análisis e Investigación AC, considera que las reformas que se hicieron al Procampo en 2009 son “light y la evidencia muestra que no se están respetando los topes para los pagos, no hay mecanismos de sanción cuando se incumplen, además de que son altísimos”.

Estudios de los bancos internacionales señalan que el Procampo debe rediseñarse y toparse. Sugieren que el apoyo se entregue como máximo a los productores con hasta 40 hectáreas.

Libby Haignt, investigadora asociada de Fundar, considera que los topes establecidos, ya sea por extensión de tierra o por cantidad de dinero, difícilmente se respetan. “Los mecanismos de Aserca para vigilar que los pagos que están emitiendo cumplan con los requisitos establecidos en las reglas de operación, no son lo suficientemente fuertes como para asegurar que se están cumpliendo al ciento por ciento”.

Incumplen las reglas

El anuncio del Gobierno federal de hacer más equitativa la distribución de Procampo no se observa en el reporte primavera-verano de 2009 publicado por Aserca. El programa —creado en 1994 para apoyar a los productores más pobres del país que se verían afectados con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte— continúa entregando beneficios millonarios a funcionarios, entre ellos, al titular de la Sagarpa, Francisco Javier Mayorga Castañeda, y su familia. Además de ex funcionarios, poderosos agroindustriales y personajes relacionados con el crimen organizado.

“Puede parecer injusto, pero estas personas (los familiares de narcotraficantes) están produciendo cultivos lícitos y entran dentro de los requisitos del programa”, reconoce la propia directora de Aserca.
Max Agustín Correa, dirigente de la Central Campesina Cardenista (CCC), advierte que es “del todo cuestionable que personajes que están vinculados al narcotráfico reciban el subsidio cuando hay un buen número de campesinos que no han podido acceder a estos apoyos porque sus parcelas están en trámite de regularización”.

El represente agrario señala que tan sólo la CCC tiene un padrón de un millón y medio de hectáreas de productores indígenas en el norte de Veracruz, en Hidalgo, en San Luis Potosí, en Chiapas, donde está pendiente la solución de conflictos agrarios. “Es injusto que a esos campesinos se les niegue el acceso a este programa por la presunción de irregularidades en el derecho a la propiedad y a personas relacionadas con el crimen organizado se le entreguen cheques millonarios. Es un esquema de tremendas injusticias”.

El diputado perredista José Narro Céspedes opina que los legisladores tienen la tarea urgente de auditar y reformar el programa para que la gente que tiene familiares ligados a grupos de delincuencia organizada, no reciban estos apoyos. “Se requiere hacerlo más eficiente, con más transparencia, y dirigirlo en mayor medida a los que más lo necesitan”.

Ricardo Luévano, especialista en derechos humanos y democracia de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales resume que el Procampo es un “programa que beneficia la demagogia y vulnera la democracia. Fue planeado para mantener el poder, más allá, incluso de los propios gobernadores, y tener controladas las manifestaciones o revueltas contra el Estado que se pudieran gestar en el interior del país”.

Jurídico defiende derecho de Mayorga

Rodolfo González Muñoz, coordinador general jurídico de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), asegura que el titular de la dependencia, Francisco Javier Mayorga Castañeda, y su familia, tienen derecho a recibir subsidios para sus actividades agrícolas.

— Entonces, ¿el próximo año el secretario seguirá recibiendo el apoyo de Procampo?
—    Sí, claro —dijo el funcionario.

El abogado de Sagarpa explica que la ley obliga a funcionarios a excusarse de intervenir en asuntos donde tengan algún conflicto de interés.

“La responsabilidad es pasar el trámite a un tercero para que el otro resuelva, no que se le prive del beneficio que resulta ser universal y no discriminatorio”.

González Muñoz considera que el titular de la Sagarpa no incurre en ninguna irregularidad al recibir los subsidios porque es beneficiario desde antes que fuera servidor público. “Él no intervino ni tramitó ni resolvió sobre su apoyo”.