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Jueves, 8 de Diciembre de 2016

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El infierno de San Quintín

• Trabajadores de distintas partes del país acuden a San Quintín, Baja California, a trabajar por sueldos míseros.EL UNIVERSAL

  • Derechos Humanos en Tijuana

En este municipio de Ensenada, laboran unas 50 mil personas en condiciones precarias; las autoridades lo saben y no hacen nada

TIJUANA, BAJA CALIFORNIA.- La volcadura de un autobús en la carretera de La Rumorosa que dejó 14 muertos y 21 heridos, es una muestra de las anomalías con que opera ese transporte y un claro indicio de las condiciones de abuso y explotación a que son sometidos los jornaleros agrícolas en San Quintín, donde trabajaban las víctimas del accidente.

Víctor Clark Alfaro, antropólogo y director del Centro Binacional de los Derechos Humanos en Tijuana, advirtió que a raíz del percance se debería impulsar una investigación a fondo sobre las condiciones en que viven y trabajan en San Quintín las familias jornaleras. 

Denunció que 12 familias, entre las que destacan las del secretario del Agricultura y Fomento Agropecuario, Antonio Rodríguez Hernández, y del ex diputado federal panista, Antonio Valladolid, mantienen el control en San Quintín. Incluso, se encuentran amparadas para no asegurar a sus trabajadores.
 
En ese lugar, ubicado en el municipio de Ensenada, 300 kilómetros al sur de Tijuana, laboran cerca de 50 mil personas —la mayoría oaxaqueños de origen mixteco y triqui—en condiciones de esclavitud disfrazada y con el aval de las autoridades, denunció la directora de la agrupación Mujeres en Defensa de la Mujer, Esther Ramírez González.
 
Jornadas de 17 horas, contacto con pesticidas en los campos, hacinamiento en galerones de lámina de cinco metros cuadrados y carencia de servicio médico, son las anomalías más graves en que se les obliga a trabajar, acusó. 

Las mujeres son las más vulnerables, porque además sufren de acoso sexual de los capataces o mayordomos y salvo en contadas ocasiones, no lo denuncian por temor a ser despedidas o por vergüenza, para no andar de boca en boca en su propia comunidad. 

El ex integrante del Consejo Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Clark Alfaro, coincidió con la activista y denunció que pese a la gravedad del problema, las autoridades del trabajo y las agrupaciones defensoras de los derechos humanos se han mantenido al margen.
 
La evidencia quedó al descubierto con el accidente carretero. Vehículos en malas condiciones y hacinamiento es lo menos que padecen las familias durante los traslados por los campos agrícolas del Norte del país y lo expresan al equiparar el traslado de Oaxaca a San Quintín, como “un viaje al infierno”.
 
Por años, familias enteras han sido transportadas así desde sus comunidades en Oaxaca y otros puntos del país donde tienen contactos los contratistas a Baja California. 

Los viajes, que deberían ser de tres días, se prolongan al doble por las malas condiciones. Los autobuses no paran en las centrales autorizadas y ante la falta de baños, se detienen a la orilla de las carreteras para que los jornaleros hagan sus necesidades en los cerros. 

Clark acusó que la autoridad privilegia la protección al capital instalado en la Entidad y prueba de ello es la declaración que hizo el secretario del Trabajo y Previsión Social, Renato Sandoval Franco, quien afirmó que le consta que las condiciones laborales del campo de Baja California no son malas.

Consideró que esto puede catalogarse como solapamiento de las autoridades a patrones explotadores, o desconocimiento de lo que ocurre en los campos agrícolas, aunque aseguró que la forma en que viajan, laboran y viven los jornaleros, es del conocimiento de las autoridades laborales. 

Por ello, advirtió, en el accidente del dos de enero hay responsabilidad de la Secretaría del Trabajo, porque sabía la forma en que son transportados los campesinos, y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, instancia que permite la circulación de vehículos en las peores condiciones.

PARA SABER 
El valle, a fondo  La actividad económica principal es la agricultura de tecnología moderna, la actividad comercial y además el inicio de actividades como la acuacultura y el turismo en el complejo lagunar.

Tiene 47 mil hectáreas de cultivo y hay más de 30 alternativas de cultivo.  Se invierte fuertemente en infraestructura de riego y cultivo. 
Los principales cultivos son:
Tomate de vara y suelo. Fresa. Col de Bruselas. Chile. Calabacita. Pepino.


Venden al mundo, a costa de la explotación infantil

Un estudio de la Universidad Autónoma de Baja California llamado “Trabajo infantil y migración en el Valle de San Quintín”, realizado por la profesora Mercedes Gema López Limón, revela que la explotación de niños y niñas jornaleros en la región no se trata solamente de un caso aislado de abuso infantil, sino que tiene que ver con las políticas de libre comercio y exportación.

De acuerdo con el estudio, las hortalizas que ahí se producen se exportan a Estados Unidos, Japón, la Unión Europea (UE) y Canadá. La autora dice que las políticas gubernamentales del campo se han enfocado a la agricultura de exportación, y esto ha propiciado migraciones internas y externas de la población.

“Es en este sector, el más dinámico de la economía agrícola, donde trabajan  más de un millón de niños y niñas jornaleros —varios miles de ellos en Baja California—, beneficiando a las compañías comercializadoras de Estados Unidos y sus socios locales en el competido mercado internacional”.

En la época más demandante de mano de obra, refiere el estudio, se estima que llegan hasta 40 mil jornaleros de distintos puntos del país, de ese total 40% son mujeres y 33% son menores de 15 años.

“Las familias jornaleras con sus hijos, sus salarios miserables y pésimas condiciones de trabajo, ayudan a la competitividad internacional en los precios de los productos agrícolas que se exportan al inmenso mercado interno estadounidense, así como a Japón, Canadá o la Unión Europea”.

CRÉDITOS:

SUN / VICE
Ene-15 05:02 hrs

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