• Respondio las preguntas del Senado respecto a su Tercer Informe

Reconoció que se recibieron 45 denuncias contra militares por violacines a derechos humanos

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Felipe Calderón defendió la labor del Ejército Mexicano en la lucha contra el narcotráfico, tras admitir que se recibieron 45 denuncias contra militares por presuntas violaciones a los derechos humanos en operativos de apoyo a autoridades civiles.    

En respuesta a las 50 preguntas que le hizo el Senado en relación a su Tercer Informe de Gobierno, precisó que de las 45 recomendaciones recibidas, 34 corresponden a hechos relacionados con la participación de personal militar en apoyo a autoridades civiles en tareas de seguridad pública.   

De esas 34 recomendaciones, 20 están aceptadas con pruebas de cumplimiento parcial; dos admitidas en tiempo para presentar pruebas; una aceptada sin pruebas de cumplimiento y 11 están en espera de ser contestadas.  

Las quejas contra la fuerzas castrenses fueron presentadas en el periodo de enero de 2007 al 15 de octubre de 2009.  

Al responder a una pregunta del Partido del Trabajo, el Ejecutivo precisó que la secretaría de la Defensa Nacional a aceptado todas las recomendaciones formuladas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).  

Además lleva a cabo averiguaciones previas y procesos administrativos en contra del personal militar presuntamente responsable, así como la reparación del daño a las víctimas.  

De igual manera, el Primer Mandatario detalló al Senado que ante la Comisión Interamericano de Derechos Humanos se han registrado 18 asuntos en los que elementos del Ejército Mexicano son señalados como presuntos responsables de violaciones a garantías individuales.  

De las cuales 10 están en trámite activo y cuatro de ellas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.  

Al responder a preguntas de senadores del PRI, PAN y PRD, sobre el delito de extorsión telefónica, Calderón precisó que la mayoría de estos ilícitos tiene lugar en los centros de readaptación social.  

Indicó que si bien se trata de un delito del fuero común, el gobierno federal ha desarrollado una estrategia con la colaboración de los estados.  

Detalló que según la secretaría de Seguridad Pública Federal, tres entidades acumulan más del 50 por ciento de las denuncias de extorsión telefónica y son los estados de México, Distrito Federal y Jalisco.  

En su respuesta al PRD sobre la entrada en vigor de la figura del arraigo (23 de enero de 2009), Calderón dijo que hasta el 31 de agosto de este año, el Poder Judicial ha otorgado 370 solicitudes de arraigo de 381 demandadas, lo que significa que fueron obsequiadas el 97 por ciento de las mismas.  

Puntualizó que de las mil 432 personas arraigadas en dicho periodo, 984 fueron consignadas; 145 puestas en libertad con reservas de ley, y 303 están sujetas a la medida cautelar de arraigo hasta la fecha de este corte, añadió.  

Sostuvo que esto muestra que el 68.7 por ciento de los arraigados son consignados y que sólo en el 10.1 por ciento se decretó la libertad con las reservas de ley.  

Es decir, que de cada 10 personas arraigadas siete son consignadas, una puesta en libertad y dos siguen sujetas a dicha medida cautelar, apuntó.  

En el rubro de relaciones internacionales, el presidente indicó que si bien la Iniciativa Mérida suscrita conjuntamente con Estados Unidos finaliza en el 2010, ello no significa que la colaboración entre los dos países vaya a concluir.  

Ya que se dará seguimiento a los esquemas y proyectos instrumentados en ese acuerdo de cooperación, aseveró.  

Detalló que al 21 de octubre de 2009, México ha extraditado a 286 personas, de las cuales 270 fueron enviadas a Estados Unidos.  

Entre las cuales destaca Héctor Palma, Osiel Cárdenas Guillén, los hermanos Ismael y Gilberto Higuera, Miguel Caro Quintero y Gracielo Gardea.  

Sostuvo que en la Iniciativa Mérida refuerza los esfuerzos en procuración de justicia, cultura de la legalidad y el combate al tráfico ilícito de drogas, así como arma y recursos destinados a limitar la operación del crimen organizado