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Miércoles, 22 de Octubre de 2014

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Derechos Humanos, al banquillo

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José Luis Soberanes Fernández, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. SUN

  • La CNDH recibe más dinero que la Corte Interamericana
  • Organizaciones nacionales e internacionales cuestionan el trabajo del ombudsman nacional, José Luis Soberanes, al frente de la CNDH

CIUDAD DE MÉXICO.- La organización estadounidense Human Rights Watch (HRW), junto con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, entre otros, aseguraron que a 19 años de distancia, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) “no está ejerciendo al máximo su mandato”.

En 1990, Carlos Salinas de Gortari presentó el decreto para crear la CNDH y cumplir con un requisito para la firma del Tratado de Libre Comercio.

Estas mismas organizaciones señalan que la “ineficacia” de la comisión no se debe a la falta de recursos o instrumentos jurídicos. “Se debe, en gran medida, a que el presidente de la CNDH, José Luis Soberanes, ha adoptado una serie de prácticas y políticas que perjudican el desempeño de la institución”, explica José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de HRW.

Los recursos no han sido un problema para la CNDH. Este organismo autónomo cada año ha tenido un aumento significativo en su presupuesto. De acuerdo con análisis del organismo Fundar, de 1999 a 2008, la CNDH aumentó 331% su presupuesto, ya que durante ese lapso pasó de 114.4 millones de pesos a 866 millones de pesos.

En 2009, la crisis económica no tocó a la CNDH, al contrario, se le otorgaron 46.5 millones más, por lo que para este año tiene 912.5 millones de pesos, presupuesto superior a lo que reciben otras oficinas de ombudsman en América Latina.
Mientras los recursos crecen, el cumplimiento de las funciones de la CNDH va a la baja. Análisis de organizaciones nacionales e internacionales demuestran que la comisión realiza un trabajo ineficiente y “decepcionante”.

El aumento en el presupuesto de la CNDH ha sido constante desde 1999, año en el que fue nombrado José Luis Soberanes Fernández como su presidente. Se trata del ombudsman que más ha durado al frente de la comisión, casi 10 años, ya que fue reelecto en 2004.

En octubre próximo el Senado de la República tendrá que designar al nuevo titular de la CNDH, organismo que ha cosechado más críticas que aplausos, por lo que miembros de la sociedad civil dedicados a la defensa de los derechos humanos consideran que es tiempo de una “reestructuración” en la comisión para que retome la función por la que fue creada.

No sólo la CNDH está en el banquillo. En México hay además 32 comisiones estatales que, junto con la institución nacional y todas las oficinas dedicadas al tema en las dependencias federales, conforman uno de los sistemas públicos de defensa, protección y promoción de los derechos humanos más grande y costoso de América Latina. La efectividad de gran parte de estas comisiones y oficinas también es cuestionada por organizaciones civiles.

La CNDH recibe más dinero que la Corte Interamericana
Derechos Humanos, en revisión


 De acuerdo con la organización Human Rights Watch (HRW), tras la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en México, la Defensoría del Pueblo de Colombia es la oficina que tiene el segundo presupuesto más alto de América Latina.

Los datos disponibles muestran que en 2006 la institución colombiana recibió el equivalente a 37 millones de dólares, mientras que ese mismo año la CNDH gastó alrededor de 60 millones de dólares.

Incluso, el presupuesto de la CNDH rebasa los recursos con los que cuentan la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos (OEA). En 2008, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) recibió de la OEA un presupuesto de 32.7 millones de dólares. La Corte Interamericana --máximo órgano de la OEA que juzga violaciones a los derechos humanos en el continente-- recibió 10.33 millones de dólares.

Mientras la Procuraduría Federal de los Derechos del Ciudadano de Brasil está integrada sólo por 33 personas, la CNDH tiene cerca de mil empleados, lo que la hace ser una de las instituciones defensoras de derechos humanos con mayor burocracia en la región, de acuerdo con la “Evaluación crítica de la CNDH” que Human Rights Watch presentó en febrero de 2008.

Este informe, uno de los más críticos contra la institución, provocó que la Comisión elaborara un amplio documento para dar respuesta y calificar el análisis como un documento “plagado de errores”.

En su defensa, la CNDH señala que “los recursos que se tienen asignados se han erogado en forma responsable con el único objeto de salvaguardar los derechos humanos en México”. Además, señala que se amplió la infraestructura de la Comisión y se han creado diversos programas.

También menciona que hay países, como Irlanda, cuyo gasto en derechos humanos es cuatro veces superior al presupuesto anual de la CNDH.

Para Gloria Ramírez, presidenta de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, “los recursos que han invertido en la CNDH no están en función de sus resultados y de su legitimidad, la cual es cuestionada por las organizaciones y las víctimas”.

Generosas gratificaciones

El aumento en el dinero público que recibe la Comisión se refleja, sobre todo, en sueldos: 71.5% de sus recursos son para “remuneraciones al personal”, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación.

El presidente de la CNDH, José Luis Soberanes, recibe un sueldo neto de 149 mil 340 pesos mensuales. Es decir, gana más que el Presidente Felipe Calderón, quien tiene un salario neto de 146 mil 830 pesos, de acuerdo con la información del portal de transparencia de la Presidencia.

Trabajos realizados por Fundar --Centro de Análisis e Investigación-- muestran que en 2008, la CNDH ocupó 54.6 millones de pesos para “estímulos al personal”; mientras que a “gratificaciones de fin de año” asignó 39.5 millones de pesos, cifra superior a lo que destinaron la Presidencia de la República, Relaciones Exteriores, Turismo y Energía.

En la “Estrategia programática”, entregada a la Secretaría de Hacienda, la CNDH justifica el destino a “remuneraciones al personal”, al señalar que “es fundamental para el cumplimiento de la misión y objetivos institucionales”.
Hay cifras que muestran que las buenas intenciones de la CNDH no se transforman en realidad.
 
Muchos números, poca investigación

Al analizar más de 300 quejas presentadas ante la CNDH en contra de siete dependencias del Gobierno federal, académicos del Programa Atalaya encontraron que en ocho de cada 10 casos, las investigaciones realizadas por la Comisión fueron “deficientes” y no encontró datos para validar la violación a los derechos humanos.
“No encuentran datos, porque no realizan bien la investigación”, resalta Antonio López Ugalde, del Programa Atalaya del ITAM, iniciativa en la que participan FLACSO y Fundar.

Las mismas cifras de la CNDH le dan la razón. De acuerdo con su informe de labores 2008, la Comisión trabajó en siete mil 546 expedientes, de los cuales concluyó cinco mil 926. En tres mil 947 de ellos no encontró violaciones a los derechos humanos; mientras que terminó tres mil 112 con una “orientación al quejoso”.

Los hallazgos del Programa Atalaya muestran que la CNDH deja mucho que desear en su trabajo. Por ejemplo, al analizar quejas en contra de Conagua, Luz y Fuerza del Centro y Profeco encontraron que la Comisión utiliza “fórmulas prediseñadas para solicitar información a las autoridades”, lo cual facilita respuestas “vagas e incompletas” por parte de las dependencias.

Además constató que en los casos donde se acreditaron irregularidades en la actuación de las autoridades, la CNDH concluye el expediente “sin dirigir señalamiento alguno a los responsables, ni promover medidas de prevención”.
A estas críticas también se une HRW. En su evaluación crítica de la CNDH señala que “la Comisión habitualmente abandona los casos de violaciones de derechos humanos que documenta antes de su resolución”.

Incluso, resalta que tiene poca o nula repercusión en las prácticas de derechos humanos en México, sobre todo porque 90% de los casos de abusos de autoridad, los resuelve a través de acuerdos de conciliación que firma con las instituciones gubernamentales responsables de las violaciones a las garantías.

La propia CNDH, en su respuesta al análisis de HRW, insiste en que la competencia, funciones y atribuciones de este organismo están delimitadas por las leyes y las normas aplicables en el orden jurídico vigente.

Los “aliados” de la autoridad

La efectividad de las comisiones estatales también es puesta en duda por las organizaciones civiles.
En México existen 32 comisiones locales de derechos humanos. La ONU y la OEA han insistido en la necesidad de que las oficinas de los ombudsman sean autónomas de los gobiernos. Sin embargo, en nuestro país aún hay nueve instituciones cuya elección de su presidente depende de la decisión del gobernador: Campeche, Coahuila, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Nuevo León, Oaxaca, Tabasco y Tamaulipas.

Guerrero es un caso emblemático. El puesto del titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos es de carácter vitalicio, lo que significa que sólo puede ser sustituido por jubilación o en caso de fallecimiento. Su presidente, Juan Alarcón Hernández, lleva 19 años en el cargo.

Destaca el caso de Jalisco

Otro caso que destaca es el de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco. De acuerdo con Gerardo Moya, del Centro de Justicia para la Paz y los Derechos Humanos, esa Comisión “está sirviendo para legitimar el poder público, porque en el fondo no hay una atención real al asunto de los derechos humanos ni a las víctimas. No hay seguimiento a las recomendaciones”.

El diagnóstico sobre los Organismos Públicos de Derechos Humanos frente a los derechos de las mujeres, realizado por la Academia Mexicana de Derechos Humanos, muestra que sólo 75% de las comisiones del país da seguimiento a sus recomendaciones, pero sólo lo hacen solicitando información a las autoridades correspondientes y, si existe incumplimiento, sólo envían oficios o recordatorios.

Las únicas comisiones que cuentan con un área exclusiva para el seguimiento de las recomendaciones emitidas son las de Chiapas, Distrito Federal, Estado de México y Morelos.

En materia presupuestal, la Comisión del Distrito Federal es la que dispone de más recursos: este año ejercerá 263 millones siete mil 703 pesos. Le sigue la Comisión del Estado de México, cuyos recursos suman 82 millones 29 mil pesos. En tercer lugar está la Comisión de Jalisco que cada año gasta alrededor de 70 millones de pesos.
Hay otras con menor presupuesto como las de Oaxaca (25 millones de pesos), San Luis Potosí e Hidalgo (23 millones de pesos cada una).

Un estudio de la asociación civil Sonora Ciudadana señala que, en promedio, los gobiernos estatales destinan alrededor de 0.6% de su presupuesto en el organismo encargado de proteger los derechos humanos.
Los sueldos mensuales de los presidentes de las comisiones estatales de derechos humanos, según la información de la misma organización civil, también son desiguales. Uno de los que más gana es el del Estado de México (94 mil 360 pesos) y el que menos salario percibe es el de Baja California (46 mil 308 pesos).
(El Universal)

OPINIONES

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez

Luis Arteaga, director del organismo, considera que las comisiones públicas de derechos humanos suelen ser vistas como “espacios de poder” y en algunos casos carecen de independencia y se convierten en aliados de las autoridades. “Hay casos, como el de Oaxaca, donde la comisión estatal no representa un contrapeso real de los abusos del poder”.

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil)

Vanessa Coria, abogada del centro, afirma que México requiere de organismos efectivos, diligentes y transparentes que cumplan con las características de un real sistema de protección de los derechos humanos para que no se tenga que recurrir a las instancias internacionales.

Human Rights Watch

José Miguel Vivanco secunda: “México enfrenta serios desafíos en derechos humanos y las comisiones deberían jugar un papel mucho más fundamental para enfrentarlos”.
(El Universal)

Quejosos aprueban atención que reciben de parte del organismo
Encuesta


CIUDAD DE MÉXICO.- De seis mil 265 personas encuestadas que acudieron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a denunciar presuntas violaciones, 77.2% calificó como excelente la atención recibida del organismo defensor. 

En tanto, 17.9% dijo haber recibido un servicio bueno y 1.5% opinó que el servicio fue regular, de acuerdo con la Encuesta de Calidad en el Servicio que aplicó la Comisión de enero a junio de 2009. 

Según dicha consulta, que se aplica de manera habitual desde hace más de seis años para captar la opinión de los quejosos, sólo 0.2% calificó como mala la atención del organismo defensor y 3.2% se reservó su opinión. 

En un comunicado, la CNDH detalló que 95.5% de las seis mil 265 personas atendidas en ese lapso, afirmó que volvería a recurrir a la comisión al enfrentar un problema, mientras en contrario opinó sólo 1.8%, y 2.7% no opinó. 

La CNDH refirió que dicha encuesta forma parte del programa de actualización permanente del organismo defensor nacional, a fin de mejorar el servicio, e indicó que en la actualidad el tiempo máximo promedio en que se atiende a una persona es inferior a un minuto.  (NTX)

Soberanes defiende su actuar como ombudsman
Entrevista


CIUDAD DE MÉXICO.- Mentiras, falsedades, ocurrencias, señalamientos sin fundamento. Así es como José Luis Soberanes Fernández, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) responde a las críticas que realizan a su administración diversas organizaciones civiles.

En entrevista con “El Universal” defiende su actuar como ombudsman. También realiza su propio balance de la situación de los derechos humanos en México. Acepta que han existido retrocesos en ciertas áreas y que la impunidad es la constante. Pero, resalta, eso no es culpa de la CNDH: “nosotros no somos los que violamos derechos, es la autoridad”.

En octubre próximo dejará la CNDH. Antes de cerrar su presidencia anuncia que dirigirá un oficio a las instancias correspondientes por el incumplimiento a las recomendaciones contenidas en el Informe Especial sobre Desapariciones Forzadas de la Década de los 70. Se trata de uno de los asuntos más añejos y emblemáticos de la Comisión.

Además, el próximo 11 de agosto presentará un informe sobre los últimos 10 años de la CNDH.
Sobre su futuro político, José Luis Soberanes asegura que “por salud mental” se prepara para retomar su vida académica en la UNAM.

--¿En México hay retroceso en materia de derechos humanos?
-- Se ha complicado mucho con todo el tema de la seguridad pública, por el Ejército, la cuestión de los secuestros. Lógicamente no falta quién quiera tratar de echarnos la culpa. El que se diga: “nosotros no podemos actuar porque no nos dejan los derechos humanos”, como si los derechos humanos fueran un ente metafísico. Es un pretexto para tratar de justificar su ineficacia.

-- ¿Cree que hubo un avance en determinado momento y que después se dieron pasos hacia atrás?
-- Sí. Hubo un avance en 2000 en la misma CNDH. Antes, quien ocupaba el puesto era alguien designado por el Presidente de la República; ahora es designado por el Senado. Por lo tanto, cuando yo llego no tenía ningún compromiso con el titular del Poder Ejecutivo y eso es muy sano, me dio mucha libertad y nos permitió hacer cosas que antes eran impensables. Por ejemplo, el tema de los desaparecidos de los años 70.

Pero ahora se ha complicado el tema de los derechos humanos porque los soldados —no estoy diciendo que sean genocidas o torturadores profesionales— no están capacitados para estas labores y, entonces, ocurre todo lo que nosotros tenemos documentado sobre violaciones a los derechos humanos.

-- Sobre la “guerra sucia” de los años 70. Se creó una fiscalía por recomendación de la CNDH, pero nadie fue consignado por esos crímenes. ¿El caso quedó impune?
-- Desgraciadamente sí. Tengo pensado emitir un oficio en el cual valoraremos el cumplimiento de dicha recomendación que Vicente Fox aceptó, pero hubo un cumplimiento insatisfactorio... Yo ya me voy y tengo que cerrar el expediente y decir: no se cumplió.

-- ¿Por qué hasta ahora?
-- Porque he estado esperando a ver si había resultados. Se creó la fiscalía y lo único que se hizo fueron aquellas excavaciones en Guerrero para ver si se encontraban restos; fuera de eso, nada.

-- ¿A qué atribuye eso?
-- A la negligencia. Se creó una fiscalía especial, se le dotó de grandes recursos económicos y no metió a nadie a la cárcel. La desaparición forzada de personas no prescribe y en nuestro expediente había los elementos suficientes para meter a mucha gente a la cárcel y ahora se nos fueron muriendo (los responsables).

-- ¿Pero, la Comisión no dejó pasar mucho tiempo?
-- Nosotros no teníamos que cumplir con la recomendación. En un año sacamos una recomendación que nadie había hecho en 10 años. Se hizo la investigación y después emitimos la recomendación. Nosotros no somos Ministerio Público, por eso pedimos que se creara una fiscalía especial y no hizo su trabajo.

-- Organizaciones civiles critican el aumento sistemático del presupuesto de la CNDH ¿Qué dice al respecto?
-- Hemos tenido un aumento sistemático porque el trabajo ha aumentado sistemáticamente. Quien diga que excesivo, que lo sustente con un estudio financiero. Son ocurrencias. El Estado mexicano gasta en la CNDH 0.05% de su presupuesto. México está por debajo de Costa Rica, Honduras, Puerto Rico, Perú, Panamá, Ecuador, Colombia y Bolivia (en ese gasto per cápita). Aquí se invierten siete pesos por persona y en Irlanda se gasta más.

-- Las organizaciones civiles consideran que no existe una equivalencia entre los recursos y los resultados...
-- Esas organizaciones civiles no las podemos calificar de las más objetivas. Digamos que el objetivo de 10 ó 12 organizaciones es la CNDH. Quizá nos achaquen la pérdida de recursos o de influencia, pero el caso es que están incómodos con nosotros y a ellos no les preocupan las violaciones a los derechos humanos, sino cómo hacerse de esta Comisión.

Ahora están muy preocupados por el relevo, y quieren influir, ser los grandes electores, tomar la decisión y uno de ellos hacerse de mi silla. Nosotros tenemos que actuar dentro de un marco constitucional. No somos una institución que actúa por capricho. Estas asociaciones civiles tendrían que empezar rindiendo cuentas y no preocuparse tanto por lo que hago o dejo de hacer. Que ellos transparenten sus recursos, que digan quiénes son las fundaciones del extranjero, de dudosa reputación, que les dan recursos y en qué los gastan.

-- ¿Cree que las organizaciones civiles no tendrían que participar en el proceso de elección del ombudsman?
-- Por supuesto que sí, pero son mil 200 organizaciones, entonces tienen que participar todas, no nada más 10. Aunque la decisión le corresponde al Senado.

-- ¿Cree que exista un complot de estas organizaciones hacia su persona?
-- No hay complot ni mucho menos. Si yo no estuviera seguro de lo que estoy haciendo la sociedad me lo reclamaría. Dicen que no le doy seguimiento a las recomendaciones, pero sí. Que lean los documentos, lo que no se puede hacer es inventar.

-- El Centro Pro señala que la CNDH espera determinados momentos políticos para emitir una recomendación.
-- Esos son puntos de vista subjetivos. Que los fundamenten. No podemos salir, al día siguiente de que se presenta la queja, como Superman.

CRÉDITOS:

EL INFORMADOR / LEER
Ago-03 04:10 hrs
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