La mayor parte de los servidores públicos consignados ante los jueces penales correspondientes tienen al menos 10 años de haber ingresado a la institución
CIUDAD DE MÉXICO.- El procurador de la República,
Eduardo Medina-Mora,
anunció que ante la infiltración del crimen organizado en las estructuras de la
institución, el Ejecutivo federal autorizó una reestructuración profunda en la
SIEDO.En la lucha contra el crimen organizado "se va a limpiar de tajo
cualquier síntoma de tolerancia y corrupción, y prueba de ello es que hasta hoy
han sido separados de su cargo 35 agentes del Ministerio Público de la
Federación y fiscales", anunció.
En conferencia de prensa el titular de
la
Procuraduría General de la República (PGR) agregó que la mayor parte de los
servidores públicos consignados ante los jueces penales correspondientes tienen
al menos 10 años de haber ingresado a la institución.
Ante esa
perspectiva, Medina-Mora Icaza anunció que se endurecerán los sistemas de
control, de confianza y los exámenes respectivos en la procuraduría.
El
funcionario advirtió que con la ley en la mano "vamos a limpiar a la PGR y
castigaremos con todo rigor y sin contemplación alguna a los que traicionan a
las instituciones y con ello traicionan a México".
Acompañado de la
titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia
Organizada (SIEDO), Marisela Morales Ibáñez, el abogado de la nación consideró
que se han logrado avances importantes en el combate al crimen
organizado.
Señaló que con la detención del coordinador técnico de la
SIEDO, Miguel Colorado González, y del director general adjunto a esa
coordinación, Fernando Rivera Hernández, se dan pasos importantes para limpiar
las estructuras de la PGR que han sido vulneradas.
Medina-Mora Icaza
detalló que estos dos funcionarios tenían mando directo sobre los elementos de
la Agencia Federal de Investigación (AFI) adscritos a dicha área.
Al
respecto el gobierno de Estados Unidos, a través del tratado de extradición
vigente, solicitó una orden de detención provisional con fines de extradición
para Colorado González, la cual fue cumplimentada el domingo.
El
procurador aclaró que la investigación aún no concluye; se seguirán mas líneas
de trabajo e investigación y se hará comparecer a otras personas que tuvieron
acceso a información clasificada para fines ajenos al servicio público.
Indicó que independientemente de
las acciones penales ejercidas, se fortalecerá la investigación para descubrir
otras ramificaciones "y limpiar de tajo cualquier manifestación de tolerancia o
corrupción vinculada a la delincuencia organizada en la PGR".
Eduardo
Medina-Mora aseguró que la fortaleza de las instituciones es superior a los
problemas causados por la improvisación y al relajamiento de controles de
procedimientos y actuaciones ministeriales.
Por naturaleza la
delincuencia organizada se opone al cumplimiento de la ley y a la democracia,
pero "no habrá pacto ni tregua, tampoco disminuirá un segundo la energía e
intensidad del trabajo institucional contra el crimen".
Por ello
Medina-Mora anunció que la reestructuración de la SIEDO iniciará tan pronto como
el Congreso de la Unión autorice la nueva Ley Orgánica de la PGR y expida su
reglamento.
Puntualizó que esta reestructuración partirá desde la
especialización de los fiscales, para que estos puedan trabajar en las áreas
directivas que señala la Ley Federal en Delincuencia Organizada.
Los
servidores públicos de SIEDO "tendrán el más alto nivel profesional, acorde a
las atribuciones que les confiere la ley en la materia, y su retribución
salarial será la mayor posible conforme a la normatividad y previsiones
laborales y presupuestales".
Además la Subprocuraduría de Investigación
Especializada en Delincuencia Organizada contará con un nuevo mecanismo de
control y supervisión para la operación ministerial y de sus auxiliares, así
como para la actuación de los fiscales.
En esta nueva forma de trabajo la
SIEDO tendrá fiscales de la Federación auxiliares, y con ellos deberá atender e
integrar investigaciones especiales y de alto impacto que determine el
procurador general de la República.