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Descubren casos de soborno en Instituto Nacional de Migración

Nota

INM

Descubren casos de soborno en Instituto Nacional de Migración

Detecta CNDH abusos a inmigrantes hondureños en Sonora. Getty Images

Funcionarios públicos de Sonora exigieron un depósito de cuatro mil dólares para dejar en libertad a dos migrantes

Existen casos de corrupción en liberación de 2 hondureños, dice CNDH

CIUDAD DE MÉXICO.-La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una recomendación al Instituto Nacional de Migración, después de investigar y descubrir el caso de corrupción de varios funcionarios públicos de la delegación local del INM en Nogales, Sonora, que exigieron un depósito de cuatro mil dólares estadounidenses para dejar en libertad a dos migrantes hondureños que permanecían asegurados, y para evitar su deportación con la promesa adicional de entregarles actas de nacimiento mexicanas una vez que entregaran ese dinero.

De la cantidad solicitada, los funcionarios del INM recibieron 28 mil pesos, depositados por un amigo de los agraviados en una cuenta bancaria, cuyo número resultó ser el de un jefe de Departamento de Regulación Migratoria de dicha delegación.

Después de depositar el dinero para “rescatar” a sus dos amigos retenidos en la delegación del INM en Nogales, la persona decidió denunciar lo ocurrido ante la CNDH.

Por estos hechos, presuntamente constitutivos de delito, la CNDH solicita —entre otras medidas— se dé vista al Ministerio Público federal.

Con motivo de la queja, personal de la CNDH realizó —entre otras actuaciones— una visita de inspección en las instalaciones de la delegación local del INM, en Nogales, Sonora, donde servidores públicos de dicho instituto señalaron que la población asegurada ascendía sólo a cuatro personas. Los migrantes retenidos allí manifestaron que ellos no eran los únicos y que “había dos hondureños más”.

Del análisis lógico jurídico de los hechos y de las evidencias que integran el expediente de queja, para esta Comisión Nacional quedó acreditado que fueron vulnerados los derechos a la legalidad y a la seguridad jurídica en agravio de los migrantes hondureños, atribuibles a servidores públicos.

CRÉDITOS: SUN / RTE Jul-28 11:11 hrs