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Ven claroscuros en reformas secundarias anticorrupción

  • Fiscalización, uno de los puntos positivos
  • Rocío Corona, del PRI, reconoce que no se tocó la prescripción de delitos por actos de corrupción

Augusto Chacón, de Jalisco Cómo Vamos, resalta las atribuciones que se le dieron a la Auditoría estatal

GUADALAJARA, JALISCO (16/SEP/2017).- Tras la aprobación de las reformas secundarias a cinco de siete leyes para definir el funcionamiento del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco, el director del Observatorio Ciudadano Jalisco Cómo Vamos, Augusto Chacón, subrayó que el Poder Legislativo dejó pendientes en la designación del fiscal general, en el cambio de auditores especiales y en las votaciones para nombrar a diversos actores.

Entre los avances, Chacón destacó el tema de la fiscalización, en la que resaltó como un acierto el que se incluyera la publicación de informes por parte de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ) y que esta institución pueda fincar responsabilidades administrativas o presentar denuncias penales a partir de denuncias ciudadanas sin pasar por el Poder Legislativo.

También festejó que el Comité de Participación Social participe en la elección del auditor y los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, que tomará el lugar del ahora Tribunal de lo Administrativo del Estado (TAE).

Este medio de comunicación publicó que en las modificaciones al Código Penal del Estado, a pesar de que las organizaciones de la sociedad civil presionaron para que los ilícitos por corrupción no prescribieran, los legisladores decidieron lo contrario. Rocío Corona Nakamura, diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), reconoció que este tema no se tocó.  Sin embargo, la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales acentuó que en contraparte se aumentaron las sanciones y se creó el delito de ocultamiento o falsificación de rendimientos y tráfico de influencias.

“No se tocó el tema porque se consideró que ya están establecidos y se tiene que respetar la prescripción que actualmente se tiene”, argumentó la priista.

Otros puntos que se aplazaron fueron los que darían “dientes” a la Contraloría estatal para castigar faltas administrativas no graves y el que permite que la sala superior del Tribunal de Justicia Administrativa tenga sesiones reservadas cuando sus magistrados lo consideren necesario.

GUÍA

Algunos puntos aprobados

• Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado:

Se avaló la obligación de presentar las declaraciones de intereses, copia de la fiscal y la patrimonial en los formatos aprobados a nivel federal. Todos los servidores públicos deberán cumplir el código de ética que emitan los órganos internos de control, que conocerán de los procedimientos de responsabilidad por faltas administrativas no graves. También se ampliaron las causales de para solicitar un juicio político y el catálogo de funcionarios a los que se podría denunciar.

• Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado:

El nuevo Tribunal de Justicia Administrativa es un organismo autónomo y tiene competencia para castigar actos o resoluciones de autoridades estatales y municipales y puede resolver los actos de corrupción de los trabajadores de estas instancias y de particulares por faltas graves. Se conformará por una sala superior con tres nuevo magistrados y tres salas unitarias que estarán encabezadas por los magistrados del Tribunal Administrativo del Estado (TAE), que mantendrán su cargo.

• Reforma al Código Penal:

Se modificó el capítulo séptimo de los delitos por hechos de corrupción que cometen servidores públicos. Entre estos están ejercicio indebido y abandono del servicio público, cohecho, peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades y enriquecimiento Ilícito.  Se incluyeron castigos a contratistas, permisionarios, proveedores o concesionarios que oculten o falseen información. Los castigos por estos actos podrían ser de hasta nueve años de prisión.

• Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado:

Se regula la revisión, examen y auditoría pública de las cuentas públicas que formulen los poderes del Estado, los organismos públicos autónomos, los municipios, los organismos públicos descentralizados, empresas de participación estatal o municipal, fideicomisos públicos y el Tribunal de Arbitraje y Escalafón; o cualquier persona física o jurídica que reciba fondos público. Además, el Congreso ya no podrá solicitar segunda revisión a los informes finales de la Auditoría estatal.

Descalifican tuit de Augusto Valencia

Tras la elección de los integrantes de la Comisión de Selección del Sistema Anticorrupción Estatal, en la que se cuestionó que dejaran fuera a perfiles del ITESO y de la Univa, Augusto Valencia, diputado de Movimiento Ciudadano, preguntó a través de Twitter por qué son tan corruptos muchos de los egresados de estas instituciones si sus rectores son tan buenos. Entre los actores que reaccionaron estuvieron Guadalupe Morfín, regidora tapatía; Ismael del Toro, coordinador de la bancada emecista en el Congreso local, y el alcalde de Guadalajara, Enrique Alfaro.

El TAE congela cargos por 693 millones

Hugo René Ruiz Esparza, presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso local, afirmó que el Tribunal de lo Administrativo del Estado (TAE) tiene detenidos procesos de fiscalización de cuentas públicas que presentan cargos millonarios.

El diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) detalló las suspensiones emitidas por este órgano congelaron los trámites legislativos de 16 informes finales que suman 693.4 millones de pesos de gastos sin justificar.

Ruiz Esparza comentó que, pese a las reformas del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco (SAEJ),  este tipo de recursos de suspensión se mantendrán, pues se debe respetar el derecho del señalado de acudir a la justicia administrativa para defenderse si considera que el procedimiento no se realizó correctamente.  

“No se puede quitar este recurso, de cualquier modo tendrían derecho al amparo, es un tema legal. No se puedes vulnerar la garantía de poder recurrir un acto administrativo, una resolución del Congreso o de la Auditoría Superior y debe existir un procedimiento legal para poder recurrirlo”, dijo.

Entre los documentos frenados destacan las cuentas 2009 y 2010 del Congreso a las que la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ) fincó observaciones por 281 y 113 millones de pesos, respectivamente, y el caso del Ayuntamiento de Poncitlán, que acumula 185 millones en cargos a sus informes de 2011 y 2012.

De acuerdo con información obtenida vía Transparencia, en lo que va de la actual Legislatura la ASEJ remitió al Congreso

De acuerdo con información obtenida vía una solicitud de información, en lo que va de la Legislatura actual, la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ) remitió 379 informes de fiscalización, de los cuales 249 fueron votados en la comisión y se remitieron al pleno.

Los diputados acordaron solicitar a la ASEJ una segunda revisión en 118 casos cuyos informes presentaban observaciones y los señalados presentaron documentación adicional para tratar de solventarlas.

La posibilidad de que el Poder Legislativo pida una segunda evaluación es una de las facultades dejará de tener con las reformas del sistema anticorrupción.

Procesos parados por el TAE

Cuentas congeladas Cargo (pesos)
Poder Legislativo 2009 281,380,243
Cocula 2009 133,968
Tapalpa 2009 13,331,709
Zapotiltic 2009 844,756
Atengo 2010 98,130
Poder Legislativo 2010 113,967,079
San Juan de los Lagos 2010 545,125
Sayula 2010 113,968
Unión de San Antonio 2010 Sin cargo
Ahualulco del Mercado 2011 15,232,051
Mascota 2011 74,343,765
Poncitlán 2011 110,883,305
Acatlán de Juárez 2012 716,952
Cuautitlán de García Barragán 2012 4,380,790
Poncitlán 2012 75,300,660
Procuraduría de Desarrollo Urbano 2014 1,764,019
Total 693,429,724

SE DARÁN AVANCES EN NOVIEMBRE

Autonomía a fiscal, pospuesta por cuestiones administrativas

El aplazamiento de la reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General, que buscaría establecer que el Comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción del Estado formara parte de la elección del titular de esta dependencia, se debió a que antes se tendrán que definir las cuestiones administrativas y presupuestales que implicará separar a esta instancia y reintegrarla a la Secretaría de Seguridad.

El subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría General de Gobierno, José Luis Leal Campos, afirmó que el Poder Ejecutivo mantiene la postura de que el proceso de selección sea abierta a la sociedad civil. Adelantó que la cuestión administrativa y financiera quedará definida en el Proyecto de Presupuesto 2018, que se presentará al Congreso el 1 de noviembre.

En el dictamen aprobado la noche del jueves en la Comisión de Puntos Constitucionales se establece que la convocatoria para nombrar al fiscal será emitida por el Congreso. Los expedientes de los aspirantes inscritos serán remitidos al Comité de Participación Social, cuyos integrantes revisarán los expedientes, realizarán observaciones técnicas de los perfiles y las enviarán al gobernador, quien presentará una terna al Legislativo.

En caso de que ninguno de los candidatos propuestos obtiene el respaldo, el gobernador remitirá otra terna, extraída del mismo informe presentado por el Comité. Si con la segunda tampoco consiguen los votos necesarios, se procederá a la insaculación (sorteo) entre los seis candidatos presentados.


CRÉDITOS: / GSO Sep-16 04:01 hrs

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