GUADALAJARA, JALISCO (03/SEP/2017).- Señalado por el delito de revelación de secretos, el tapatío Roberto Macías Chávez, de nacionalidad mexicana y española, tiene cargos en España por los que podría enfrentar tres años de cárcel y una multa por 60 mil euros. El sindicato español Unión General de Trabajadores (UGT) alega que en noviembre de 2012, un mes antes de su despido, Macías descargó en una memoria 22 mil 500 archivos, consistentes en hojas de Excel y capturas de pantalla de estados de cuenta y facturas filtrados a la prensa en 2013 como prueba de fraudes millonarios.Tal acusación se formula con base en hechos posteriores a su despido por parte del sindicato, por lo que Raúl Padilla Padilla, defensor de Macías en México, sostiene que se trata de una represalia por parte de los líderes del sindicato, toda vez que el tapatío sirvió en 2014 de testigo para exponer las prácticas de corrupción en el interior de UGT.Ante los señalamientos, Macías solicitó el apoyo del Consulado de México en Andalucía, pero éste se rehusó. “Se le negaba la defensa por dos motivos: que como él tenía doble nacionalidad, ya había perdido ese beneficio y debía acogerse a la protección del Estado Español; y que conforme al tratado internacional aplicable, la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, que no podían intervenir antes de que él fuera encarcelado”, indicó Padilla.De este modo Padilla, junto con su socio César Rincón, interpusieron un juicio de amparo donde alegaron que la determinación de las autoridades del Servicio Exterior Mexicano era inconstitucional, pues su doble nacionalidad no lo priva del derecho de defensa de las autoridades mexicanas.También presentaron una interpretación del tratado mencionado donde indicaron que Macías tiene el derecho de asistencia desde que se instala un procedimiento penal en su contra, y que no es necesario que se le encarcele antes para asistirlo.“Afortunadamente en estos días nos concedieron un amparo para el efecto de que sí se apersonen ante los tribunales y que lo hagan desde ya, que no tienen que esperarse hasta que sea privado de su libertad, esos fueron los términos precisos del amparo”, explicó Padilla.La importancia de que la Oficina Consular los represente se debe a que su caso deriva de una pugna política con uno de los sindicatos más grandes del país.PARA SABER• La Oficina Consular ya fue notificada de la resolución del juicio de amparo 719/2017, dictada por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México el pasado 29 de agosto. Se dieron diez días hábiles para interponer un recurso o pedir prórroga; al final de ese plazo tienen tres días para cumplimentar la sentencia. “Nosotros esperamos que sí vaya a acatarse la sentencia. Nuestra expectativa es que sí veremos a raíz de esta resolución un involucramiento más activo y positivo de las autoridades mexicanas en el caso de Roberto”, dijo el abogado Raúl Padilla.
