GUADALAJARA, JALISCO (29/NOV/2016).- En octubre de 2015, la recién llegada administración de Enrique Alfaro detectó en la Sindicatura dos mil 797 demandas que ex trabajadores del Ayuntamiento de Guadalajara interpusieron por despido injustificado ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón.La titular de la Sindicatura, Bárbara Casillas, asegura que hasta octubre de 2016 resolvieron 739 juicios. Sin embargo, resaltó que en 248 casos convinieron con los demandantes y en vez de pagarles 85 millones de pesos, como correspondía, redujeron el monto a 35 millones de pesos y sólo reinstalaron a 10.“En todos los asuntos que nos llegan ya perdidos tratamos de convenir, de sensibilizar también a las partes de que el Ayuntamiento no cuenta con recursos y de que lo se les está pagando a ellos, se está sacando de repavimentar calles, de cambiar alumbrado y que al final de cuentas es la misma ciudad en la que ellos viven”.Por ejemplo, destacó un laudo que, desde que tomaron las riendas del municipio y hasta que llegaron a un acuerdo, pasó de ocho a casi 13 millones de pesos. Es el laudo más alto del que se tenga precedente. Sin embargo, gracias a las negociaciones lograron que la suma bajara a tres millones 300 mil pesos y no tuvieron que reinstalar al demandante.Otro caso de éxito fue el acuerdo al que llegaron con un grupo de ex integrantes de la Dirección de Protección Civil, quienes pedían 22 millones de pesos y a los que les entregaron nueve millones.“La opción que hemos tomado para tratar de resolverlos y bajar la contingencia es negociar con ellos. Hay que aclarar que estas negociaciones se hacen con la autorización de una mesa que autorizó el pleno del Ayuntamiento y donde participan la Tesorería, la Contraloría y la Sindicatura”.De las 158 reinstalaciones que se realizaron durante el primer año, la Sindicatura negocia con otros 80 trabajadores cuyo proceso continúa, pues en la administración de Ramiro Hernández se decidió, por estrategia jurídica, devolverles el puesto para negar el despido.“Con estos 80 también estamos en proceso de negociar para que antes de que haya un laudo definitivo podamos llegar a un convenio del tema de los salarios caídos”.Junto con la Dirección de Recursos Humanos, lograron reinstalar a trabajadores en plazas próximas a las que ocupaban y en algunos casos con un salario menor al que reclamaban.Casillas acentúa que otro tipo de medidas que ayudaron a reducir el impacto de estos casos fue tener el control de los expedientes, pues cuando llegaron sólo existía registro de mil 178 cuando en realidad había dos mil 440; evitar el ofrecimiento del empleo en las contestaciones de las demandas y la promoción de 480 amparos en contra de las sentencias de laudo, de la cuantificación de las planillas, de los requerimientos de pago y de las multas.“Identificamos que había una mala defensa y promovimos 17 denuncias penales. Eso ahora está en la cancha de la Fiscalía”.Aunque el objetivo para Guadalajara será resolver más de 700 juicios, Casillas reconoce que en 2017 atenderán los casos más complicados.“No se defienden”A pesar de que los juicios por despido injustificado por parte de ex trabajadores de entidades públicas aumentan después de un proceso electoral, el titular del Tribunal de Arbitraje y Escalafón, Jaime Acosta Espinoza, acepta que hasta octubre de este año, que no es electoral, se han contabilizado dos mil 129 demandas.El magistrado detalla que en un caso hubo alrededor de 160 demandas en contra de un municipio. Dijo que en julio de 2013, cuando llegó al puesto, observó que había mucho retraso en la atención de los casos y aceleró las labores, pues si bien una reforma de 2013 limitó que sólo se pague hasta un año de salarios caídos, ésta sólo se aplica a las personas que a partir de ese año resulten favorecidas por un laudo. “La gran mayoría de los laudos que me han tocado a mí fueron dictados antes de que llegáramos nosotros. Se alargan por los amparos y los recursos que interponen”.Remarca que durante su gestión no han detectado corrupción en el Tribunal, ya que han estado “al pendiente”. Sin embargo, afirma que ha visto casos en la que los responsables de defender a las entidades públicas, en su mayoría ayuntamientos, no ofrecen pruebas ni adjuntan los documentos necesarios para acreditar lo que manifiestan.“En algunos casos se ha visto que no defienden a las dependencias como debería ser… eso deriva en que, al no tener nosotros documentos o prueba para valorar, en un determinado momento las dependencias están perdiendo esos juicios en su gran mayoría”. Además, comenta que los laudos que actualmente afectan a las entidades públicas se debieron a que anteriores administraciones, al no tener dinero para atender los requerimientos de pago, alargaron los juicios y provocaron el aumento de los salarios caídos.NUMERALIAEl caso Guadalajara2,797 demandas detectó la Sindicatura tapatía en octubre de 2015,368 juicios provenían de ex trabajadores de la administración de Ramiro Hernández.739 juicios se resolvieron en un año.158 personas han sido reinstaladas desde entonces.2,058 demandas continúan activas y representan más de mil millones de pesos.3.3 millones de pesos representó el laudo más caro para el Gobierno de Alfaro, pero ascendía a los 13 millones de pesos.Cambiar perfil en la ASEJ, esencial para reducir laudosEl diputado independiente Pedro Kumamoto afirmó que es necesario cambiar el perfil de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ), pues actualmente no realiza un trabajo de fiscalización que permita reducir el impacto que los laudos causan a las entidades públicas de Jalisco.“Lo que se necesita es otro tipo de perfil de auditoría que no sea complaciente, que no sea cómplice, que revise que ya está en la Ley de Servidores Públicos y el Código Penal sea respetado y que tanto contrataciones como despidos injustificados tengan un desenlace de algún tipo de consecuencia”.Destaca que si bien en algunos casos existen irregularidades en las áreas jurídicas encargadas de defender estos casos, la Auditoría Superior no aplica el modelo a través del cual se podrían detener estas prácticas.“La ASEJ sirve para cubrir las espaldas y no para defender los intereses de Jalisco. Por ahí tenemos que empezar y si bien es cierto que se necesitan muchísimos cambios dentro de la manera de actuar, creo que las leyes están puestas para que eso no exista. El gran problema es que las leyes no se están respetando y el trabajo que debería estar realizando la Auditoría no lo está haciendo”.Agrega que, con la reforma a la Ley de Servidores Públicos de Jalisco, que establece que los juicios no podrán tardar más de un año en resolverse, las entidades públicas ahorrarán millones de pesos.“Esto se corrige de alguna forma obligando al Tribunal a llevar un proceso sumario y resolver de pleno derecho a dar mejores garantías judiciales y a reducir los costos de las sentencias condenatorias”.El pasado 10 de noviembre, el pleno del Congreso local aprobó abrir la convocatoria para elegir al próximo titular de la ASEJ. El 31 de diciembre vence el periodo del actual auditor, Alonso Godoy Pelayo. Para vigilar el proceso de elección, cuyo registro estará disponible a partir del 28 de noviembre, participarán observadores ciudadanos y miembros de universidades.CLAVESReforma en marchaCongreso. El presidente de la Comisión de Gobernación del Poder Legislativo, Jorge Arana, resalta que actualmente trabaja en una iniciativa para que no se pueda suspender a servidores públicos electos que, por falta de dinero, no atiendan los requerimientos de pago de laudos que les ordena el Tribunal de Arbitraje y Escalafón.Sentencia. El secretario técnico de esta comisión, Enrique Hernández, explica que cuando una administración municipal incumple con el pago de un laudo, el Tribunal de Arbitraje y Escalafón sólo tiene dos medios de apremio: la multa y la solicitud de suspensión. Arana destacó que hace dos meses el Congreso de Jalisco estuvo a punto de suspender por 15 días al presidente municipal, al síndico y a los regidores de Hostotipaquillo porque no cumplieron con el pago de un laudo del cual fue responsable otra administración municipal. Sin embargo, contó que minutos antes de que tomaran la decisión, llegó un documento en el cual se informó que las autoridades llegaron a un acuerdo con el ex trabajador, al que debían pagarle alrededor de un millón de pesos. Por situaciones similares pasaron recientemente los Ayuntamientos de Poncitlán y Magdalena.Solicitudes. Jorge Arana recuerda que mensualmente llegan a la Comisión unas 30 solicitudes de suspensión. Por ejemplo, comentó que si atendieran las que involucran al Ayuntamiento de Guadalajara, sería suficiente para que Enrique Alfaro no gobernara durante el resto de su mandato.Tribunal “se presta” a negocios ajenosRamón Bañales, diputado federal integrante de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Congreso de la Unión, destacó que el Tribunal de Arbitraje y Escalafón se ha prestado a negocios de abogados y de corporativos que se dedican buscar que el empleado demande a las entidades públicas.“Ya no es que el trabajador lo busque porque lo despidieron. Hay cambios de gobierno y se promocionan en todo el Estado”.El legislador indica que en la reforma que “judicializó” la justicia laboral, no incluyó a este Tribunal a pesar de que mejoraría los métodos de conciliación y beneficiaría el flujo de los expedientes, de los trámites y transparentaría los procedimientos.“Probablemente en una ley secundaria, en una reforma o modificación pudiéramos meterlo. Creo que sería el siguiente paso, porque en esta reforma hay muchas ambigüedades, inquietudes, qué va a hacer todo el personal de las juntas laborales, a dónde se van a ir, si hay el suficiente presupuesto para trasladarlo de un lado a otro… Como es un tema nuevo viene con mucha incertidumbre”.TELÓN DE FONDOQuieren pegarle “al gordo”En abril pasado, a través de la base de datos del Ayuntamiento de Guadalajara, se dieron a conocer los casos de ex trabajadores del Ayuntamiento tapatío que peleaban juicios laborales por un monto de 23 millones de pesos.Ellos fungían como coordinadores, directores y jefes de departamento, casi todos de confianza y con altos salarios.Uno de estos casos era representado por Jorge Antonio Félix Padilla, quien se desempeñaba como coordinador en la Dirección de Desarrollo Económico. La demanda de este ex servidor público, entonces en etapa de requerimiento, inició en el año 2007 cuando Alfonso Petersen era alcalde y se cuantificaba en cuatro millones 87 mil pesos.Otro juicio, también en etapa de requerimiento, fue promovido por el ex director jurídico de lo contencioso, Jorge Arturo Andrade Alcalá, en 2010, durante la administración de Aristóteles Sandoval. Por este caso, el municipio desembolsaría tres millones 611 mil pesos. Sin embargo, el caso más escandaloso fue el que protagonizó César Omar Villalobos Herrera, ex director de Mejora Regulatoria durante la administración 2007-2009, quien entabló un juicio contra el Ayuntamiento por ocho millones pesos, cantidad superior a los presupuestos anuales de la Jefatura de Gabinete y de la Sindicatura.Sigue: #DebateInformador¿Qué medidas se deberían implementar para reducir el número de laudos que afectan a las administraciones públicas?Participa en Twitter en el debate del día @informador
