Librarán casi tres mil proveedores estatales publicar sus patrimonios

GUADALAJARA, JALISCO (05/JUL/2016).- Tras el veto presidencial a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, conocida como “Ley 3 de 3”, las cúpulas empresariales de Jalisco aplaudieron la medida luego de coincidir en que el Artículo 32 es inoperante.

Tal y como se aprobó, ese artículo obliga a que todo individuo o empresa que recibiera o ejerciera recursos públicos, ya fueran los beneficiarios del programa Prospera, un contratista y sus empleados o un becario del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), tendrían que publicar sus declaraciones patrimonial y de intereses.

En este contexto, hasta dos mil 922 proveedores activos del Gobierno del Estado se verían obligados a publicar su patrimonio. “Eso iba a ser completamente inaplicable… implicaba que todas las empresas y cualquier pensionado del IMSS, ISSSTE o becario del Conacyt tuvieran que declarar…  no creo que esas declaraciones abonaran a que no haya corrupción en México”, precisó Daniel Curiel, coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ).

Por eso respalda el veto presidencial, que hoy podría votarse en el Senado en el sentido propuesto por Enrique Peña Nieto. “Estamos a favor, los empresarios estamos completamente auditados tanto en las empresas como en lo personal… no se trata de que se fiscalice lo que ya está fiscalizado”.

Al llamado se suma Fernando Topete, al frente de la Canaco en Guadalajara: “El origen de esta ley es para los organismos públicos… nosotros ya con Hacienda tenemos, nos traen muy bien checados. Qué bueno que se vetó porque era realmente una aberración… serían millones de declaraciones que tendríamos que atender. No era ejecutable esa ley”.

José Medina Mora, presidente de la Coparmex, advirtió que la publicación de las declaraciones no es la manera de frenar la corrupción en los procesos de licitación y adquisiciones: “Estamos hablando de operaciones de índole diferente… el SAT tiene nuestras declaraciones”.

Hace dos semanas, el consejero jurídico de la Presidencia de la República, Humberto Castillejos Cervantes, informó que el Ejecutivo devolverá al Senado el Artículo 32 en sus incisos “B” y “C” de dicha ley, así como 15 artículos relacionados por considerar que contienen medidas excesivas que afectarían la aplicación del Sistema Nacional Anticorrupción. “Ello inhibiría a particulares a prestar servicios al Gobierno”, valoró el funcionario, que consideró que esta medida sería contraria a los derechos humanos, perjudicaría la privacidad y sería “excesiva”.

Para combatir la corrupción en las compras del Gobierno, las cúpulas proponen la vigilancia y transparencia en las adjudicaciones y licitaciones. “Se deberían revisar los procesos de adjudicación y licitación… en primer término, hay que cuidar que los procesos se lleven legalmente; y segundo, que cualquier observación se lleve a cabo hasta sus últimas consecuencias. La realidad es que cuando se han determinado actos de corrupción no se llega hasta el fin, es un problema de impunidad”, señaló Daniel Curiel.

El presidente de la Canaco recomendó intensificar la vigilancia de las asignaciones al interior de los comités de adquisiciones y obra pública.

Apenas el martes antepasado, Enrique Peña Nieto tuvo un encuentro con los líderes nacionales del sector privado, quienes expresaron sus preocupaciones respecto a la constitucionalidad de algunos artículos aprobados en este paquete de leyes, según informó la Presidencia.

EL DEBATE

	Cynthia Cantero Pacheco,	Ismael del Toro	Guillermo Muñoz Franco	José Medina Mora	Pedro Kumamoto
	Presidenta del Itei en Jalisco	Diputado del Partido Movimiento Ciudadano	Coordinador de Transparencia del Gobierno de Jalisco	Presidente de la Coparmex en Jalisco	Legislador independiente
Si la ley general no permite la máxima publicidad de las declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses, ¿hasta dónde se podrá legislar en Jalisco?	No se podría legislar contra lo que establece la ley general; sin embargo, con el propósito de abrir las declaraciones, vale la pena revisar que en los cargos de elección popular los partidos políticos lo establezcan como requisito para quien pretende participar en algún proceso. Por otro lado, se pudiera modificar, en la Constitución del Estado, los requisitos para ingresar y permanecer en determinados puestos de primer nivel, para que hagan pública su 3 de 3.	En Jalisco no tenemos pretexto, si hacemos valer el compromiso que tuvieron todas las autoridades en el pasado foro del Congreso del Estado podemos tener nuestra ley con la máxima publicidad y, si algún funcionario quisiera ampararse razonando que la máxima publicidad le afecta a sus intereses, pues será sancionado por la sociedad. Es una iniciativa que deciden los ciudadanos, por lo que los políticos políticos no tienen que encontrar pretextos.	El Poder Ejecutivo va un paso adelante. Por instrucciones del gobernador, el gabinete ya presentó su declaración 3 de 3. Hay voluntad, decisión y responsabilidad, tan es así que ya lo hicimos realidad, hay que apostarle al principio de la máxima publicidad, las leyes de transparencia en el mundo llegaron para aperturar… Estamos a favor de publicitar, de incentivar el principio de máxima publicidad en las declaraciones.	La ciudadanía lo va a exigir tarde o temprano. El hecho de que exista esta iniciativa en Jalisco es un paso adelante (en el ámbito nacional), pero lo que vemos es que esto será obligatorio eventualmente y esto será debido a que la ciudadanía es lo que está pidiendo a través de la “Ley 3 de 3”, que las tres declaraciones (patrimonial, fiscal y de intereses) tengan una máxima publicidad. El proceso democrático será necesario y será un hecho.	Nos toca operar dos cosas: desde la sociedad seguir impulsando para que el comité que va a definir la publicidad de la declaración 3 de 3 sea seleccionado con lo mejor de la sociedad civil, academia y personas que entiendan el proceso de corrupción; por otro lado, debemos exigir que el formato sea con la máxima publicidad. En Jalisco podemos pugnar para que, por lo menos, la declaración de intereses y la patrimonial sea abierta.
¿Cuál es el punto que combatirá con mayor eficacia la corrupción?	Lo que más puede combatir la corrupción es la conexión que se da con toda esta reforma en cuanto a la transparencia y rendición de cuentas, y lo que viene siendo el establecimiento de sanciones que ayudarán a combatir la impunidad… si se publica información falsa existirán responsabilidades. El hecho de que publiques actos donde se evidencia la corrupción, va a existir la consecuencia y la sociedad vamos a poder dar seguimiento.	Se trata de un sistema vinculado a todas las instancias que van a generar el combate a la corrupción, pero lo importante es cómo nace, a quién se le aplica y cuál es el reclamo de la sociedad. Nace de un principio de máxima publicidad y transparencia de los funcionarios públicos, nace de una exigencia de los ciudadanos y, por tanto, esa exigencia va a estar presente en la aplicación de este sistema. Todas las figuras tendrán que cumplir la exigencia de los ciudadanos.	Es todo un andamiaje jurídico, técnico y operativo para involucrarnos todos, tanto sociedad y función pública, para que aquel que en la etapa de investigación actúe con dolo, se aplique la ley en el tema de un marco de responsabilidades, que es lo que se está apostando… Tenemos que generar esa nueva cultura de compromiso desde la función pública y desde el sector privado porque todos somos corresponsables.	La clave para que funcione realmente el sistema es que exista un fiscal anticorrupción que sea independiente (en Jalisco). Hoy quedó como una subprocuraduría dentro de la PGR, lo cual no le da independencia, mientras en otros países donde sí funciona es cuando existe un zar anticorrupción independiente, por ejemplo, Colombia, Guatemala y Brasil, en donde un fiscal independiente es lo que permite que deje de haber impunidad.	Se genera por primera vez el reconocimiento de 10 responsabilidades administrativas específicas. No existía el conflicto de interés. Ya no van a ser los organismos internos de control quienes lleven las faltas graves dentro de una dependencia, será un tribunal administrativo quien estará llevando el caso. Otro punto es que se le da una protección específica a quienes delaten los actos de corrupción y finalmente el sistema de registro de las declaraciones.
¿Qué poder tendrán los ciudadanos para combatir la corrupción?	La sociedad tiene directamente participación en el Comité Nacional del Sistema Anticorrupción, desde donde prácticamente van a surgir todos los lineamientos, políticas y directrices para que se opere el sistema nacional. El poder más fuerte es la intervención de la sociedad en este sistema, es la parte más relevante.	La reforma dispone la facultad de los ciudadanos de acudir a hacer denuncias de corrupción. Nosotros aquí en Jalisco proponemos la figura de testigos sociales, que también pueden ser una parte que acompañe a las instituciones que van a combatir la corrupción, pero lo que va a empoderar a los ciudadanos es precisamente que ellos fueron los que dieron arranque a esta agenda.	El empoderamiento se va a dar en la medida en que los diputados legislen una ley acorde con la participación de la sociedad, en donde están haciendo realidad un proceso del combate a la corrupción. Tenemos que pasar a institucionalizar la política pública de combate a la corrupción; de lo contrario vamos a quedarnos en letras y en palabras.	Poco se habla de movimientos ciudadanos y esa va a ser realmente la fuerza en la participación de la sociedad. Vemos organismos ciudadanos que tienen presencia en Guadalajara, como Mexicanos contra la Corrupción y México Libre de Corrupción, que están construyendo redes entre la ciudadanía para apoyar a que no sucedan actos de corrupción.	La revelación de información pública tiene una correlación directa muy relevante acerca del combate a la corrupción. Se debe buscar que el formato sea público, que la información vaya a todas las personas para delatar y señalar la corrupción… si no se aplican estos mecanismos y si la gente no participa, de poco servirá.

CONGRESO DE JALISCO

Analizan reforma al sistema de compras

Como parte de las discusiones del sistema estatal anticorrupción se analizará en los próximos días un proyecto de ley de compras gubernamentales y contratación de obra pública que redefine los procedimientos de licitación y adjudicación directa.

Se pretende que cuando el importe de cada operación exceda los montos máximos establecidos en el decreto que autoriza el presupuesto de egresos, la licitación se realice con la concurrencia de la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones; mientras que cuando el importe no exceda de los montos máximos establecidos, el proceso de licitación se desarrollará bajo la conducción de la Unidad de compras del ente gubernamental.

Ismael del Toro, coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, detalla que en las próximas semanas se dictaminará la iniciativa en la Comisión de Hacienda. El objetivo, dice, es publicar un registro único de proveedores para evitar las compras directas e identificar quiénes son las empresas.

“Con ese registro se van a identificar cómo están constituidas las empresas, a qué giros se dedican y la relación con el Gobierno”.

También se plantea un sistema electrónico de compras que estará a cargo de la Contraloría del Estado y que contendrá: los programas anuales de adquisiciones, arrendamientos y servicios de las dependencias, así como su informe anual de resultados; el registro estatal único de proveedores y contratistas; el padrón de testigos sociales; la información derivada de los procedimientos de compras con sus respectivos contratos; el registro de proveedores sancionados, además del catálogo de precios unitarios, entre otros.

La novedad es la figura del testigo ciudadano, que deberá registrarse en el padrón que integre la Contraloría. “Los testigos sociales participarán en todas las etapas de los procedimientos de contratación con voz y emitirán un testimonio final que incluirá sus observaciones y en su caso recomendaciones, mismo que se integrará a cada expediente”, subraya Ismael del Toro.

Más figuras

Como parte del sistema anticorrupción, existen cuatro iniciativas para retirar el fuero constitucional a la clase política en Jalisco y que, a decir de los legisladores, podrían aprobarse este mes.

El diputado Pedro Kumamoto propone la creación de la figura de juicios ciudadanos, la cual cuenta con el respaldo del Observatorio Legislativo y cúpulas empresariales, como Coparmex y el Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ).

Por su parte, las cúpulas están a favor de una Fiscalía estatal anticorrupción con autonomía financiera y administrativa, y con un fiscal independiente, contrario a lo aprobado en el sistema nacional anticorrupción.

“La clave para que funcione el sistema anticorrupción es que exista un fiscal independiente. A nivel nacional quedó como una subprocuraduría dentro de la PGR, lo que no le da independencia… en otros países como Colombia, Guatemala y Brasil existe un zar anticorrupción independiente y eso es lo que permite acabar con la impunidad”, dijo José Medina Mora.

Sobre los tiempos de aprobación del sistema anticorrupción en Jalisco, los legisladores dejaron en claro que se debe atender el artículo transitorio que estipula la reforma nacional, y que indica que las entidades deberán aprobar el sistema 180 días después de la publicación de la reforma federal.

TELÓN DE FONDO

Pacto contra la corrupción

El 22 de junio pasado se realizó la firma del compromiso contra la corrupción, de parte de diputados, representantes de los tres Poderes, funcionarios estatales, empresarios y sociedad civil, durante el arranque de los Foros de participación ciudadana: Diálogos contra la corrupción.

En este contexto, el gobernador Aristóteles Sandoval declaró que el Estado está a favor de impulsar las reformas federales para establecer sanciones reales en contra de quienes cometan actos de corrupción.

Señaló que esta lucha contra la corrupción debe empezar en la trinchera del servicio público, pero también debe involucrarse a la sociedad.

“Si no denunciamos cuando conocemos un problema de interés, en la ‘Ley 3 de 3’, esta ley puede nacer muerta. Y no podemos permitirlo, que entre nosotros no denunciemos lo que estamos viendo, necesitamos ser muy claros y transparentes, hay que adecuar los formatos a nuestra realidad”.

El diputado presidente del Congreso del Estado, Alejandro Hermosillo, manifestó que tener una transparencia clara no garantiza la  rendición de cuentas de los servidores públicos, por lo que se requiere de la participación ciudadana y de lograr un gobierno abierto que contemple abrir los datos para que cualquier ciudadano pueda hacerlos suyos, así como las declaraciones de intereses, fiscales y patrimoniales.

Lamentó además que los senadores no hayan tomado en cuenta la movilización ciudadana, con la que se logró recabar 634 mil firmas para la aprobación de la “Ley 3 de 3”, lo cual marcó un precedente nacional.

“Tenemos que transitar a mecanismos innovadores, como el gobierno  abierto, que significa transparencia, colaboración y participación, por eso resulta ser una herramienta indispensable en la lucha contra la corrupción”.

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