Jueves, 28 de Marzo 2024
Jalisco | Padece las fallas en el nuevo sistema de justicia penal

La roban y tardan cinco horas en levantarle la denuncia en el MP

Rosa fue asaltada el pasado domingo y padeció los efectos de la delincuencia, pero también las fallas en el nuevo sistema de justicia penal

Por: EL INFORMADOR

GUADALAJARA, JALISCO (08/JUN/2016).- El domingo pasado, Rosa tenía planes para salir de paseo con su familia, pero al cruzar la puerta de su casa hacia la calle, la piel se le erizó y sintió angustia. Un día antes fue víctima de un robo con violencia. El atraco la consternó, pero denunciar la dejó con más miedo y coraje.

Jalisco ya se sumó al nuevo sistema de justicia penal. En teoría, el primer beneficio sería para las víctimas de los delitos. Con protección, asesoría y menos burocracia se acortarían los tiempos para brindar justicia. No obstante, para Rosa, lo vivido el 04 de junio fue una pesadilla.

“Pasaban las dos de la tarde (14:05). Caminaba con mis hijas hacia un parque, cuando dos jovencitos se acercaron de frente. Yo leía un mensaje en mi celular, entonces uno de ellos con una mano me arrebata el celular mientras con la otra me somete y me tapa la boca para que no gritara. El otro empuñaba algo y le gritaba a la gente que había cerca que no hiciera nada. Mis hijas se quedaron paraditas, asustadas, viendo todo…”.

Tras el atraco, el encargado de un negocio de comida la auxilió y le dijo que los causantes escaparon en un auto Jetta blanco modelo atrasado. Cuando Rosa llegó a su casa logró detectar la ubicación de su celular robado por medio del GPS, en calles de la Colonia Alcalde Barranquitas.

“Mi esposo llamó a la Policía. Se quedó de ver con los municipales en un cruce para dar los datos de la ubicación. Luego me llamó para decirme que los policías lograron recuperar el celular y que hay un detenido. Cuando fui a identificarlo, sí era él (15:22 horas). Fue el que me atacó. Entonces los policías me dieron a firmar un papel en el que me dijeron mis derechos de víctima y me indicaron que el causante era menor de edad y que saldría pronto, que la ley protege a los menores. Yo decidí denunciarlo porque creo que no podemos quedarnos callados”.

A las 16:25 horas llegaron Rosa y los policías aprehensores con el causante a la Agencia de Menores Infractores en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE), en la Calle 14 en la Zona Industrial. Sin embargo, el agente del Ministerio Público no estaba.

“Esperamos una hora, hasta que llegó una mujer quejándose en voz alta, muy molesta (de nombre Sonia Ávila Luna), porque la sacaron de su casa, criticando y reclamando a los policías impacientes (el reloj marcaba las 17:30 horas). A pesar de eso, los agentes se dirigieron hacia ella y cuando le dijeron licenciada, supe que era la MP. Luego el jefe de Criminalística de la Policía de Guadalajara se me acercó y me pidió disculpas, me dijo que yo no tenía por qué escuchar eso, que le daba más pena a él”, continuó la víctima.

Y agregó: “Los policías ya me habían explicado que tenía derecho a un asesor legal y apoyo psicológico. Entonces cuando hablé por primera vez con la MP le subrayé que quería asesor legal, le comenté que los policías me hicieron firmar mis derechos y ellos me informaron que la Fiscalía tenía qué proporcionármelo. Entonces me respondió que como, Ministerio Público, era mi defensora… y nunca me dieron asesoría legal ni me ofrecieron apoyo psicológico”.

Rosa ya sabía del nuevo sistema de justicia penal, por eso esperaba que todo concluyera rápido para recuperarse un poco de ese momento amargo.

“En las oficinas de la Fiscalía el agresor siempre estuvo custodiado por policías, pero me tenía a la vista, sólo se me quedaba viendo (18:35). El trámite de la denuncia se tardó porque los policías municipales traían unos formatos llenos y les hicieron llenar otros formatos, y luego no había internet y tampoco tenían teléfono. Todo el rato, la agente del MP se estuvo quejando de la falta de capacitación de los policías y hasta de ellos y de la falta de material. En varias ocasiones me aseguró que el joven (agresor) era de una familia humilde y menor de edad, que estaba arrepentido y que era víctima de malos amigos. No me pidió que desistiera de mi denuncia, sólo me lo daba a entender”.

En pleno relato, Rosa hizo una pausa. Su semblante se llenó de enojo y siguió: “Como a las ocho y media de la noche, los policías municipales terminan su trabajo y se retiraron. Entonces la MP expresó que no había policías investigadores disponibles para custodiar al detenido, y decidió llevarlo a la oficina donde yo estaba declarando. Lo sentó a tres metros frente a mí. Él se me quedaba viendo. Hasta podía escuchar lo que yo estaba declarando. No sé si hasta él pueda tener mis datos… si los tenía a la mano”.

La víctima acentuó que “antes de salir de la agencia, pregunté varias veces a la MP qué iba a pasar con el detenido y sólo me dio largas, nunca me dijo. No me dio copia de la denuncia y no me dio un número para preguntar qué seguía después. Yo quería largarme de ahí. Salí peor que como llegué, con más miedo y coraje (21:32). No sé qué es lo nuevo y mejor, si todo es peor: más papeleo, más tiempo, burocracia… a la víctima la tratan como cualquier cosa y, eso sí, te insisten para que desistas y no denuncies. Y al agresor, trátenlo con pincitas porque es menor. Ahí a nadie le importa lo que uno haya vivido…”.

EL DEBATE


Lilia Iris Morán Ferrer Ruth Gallardo Vega Rafael Castellanos Alfonso Partida Caballero Rodolfo Armando Casanova Valle

Secretaria ejecutiva para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Secretaria ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad Pública Fiscal central de Jalisco Consejero de la Judicatura de Jalisco Presidente de la Federación de Asociaciones de Abogados de Jalisco
A una semana de iniciado el nuevo sistema de justicia penal en Jalisco: ¿Cuáles son las principales fallas? ¿Cuándo y cómo se deben solucionar? Como todo sistema nuevo, el nuevo sistema de justicia penal se tiene que consolidar, tendrá q ue ir madurando y tendrá que presentar fallas.
De parte del órgano implementador estamos pendientes desde que inició en Zapotlán el Grande…
Estamos pendientes de cómo está comportándose el sistema.
La implementación debe pasar por un proceso de adaptación y ajuste.
El sólo hecho de que ya esté funcionado es un gran logro para todos los operadores del sistema.
Habrá que llevar a cabo refuerzos y estar al pendiente de todas las fallas. Al órgano implementador le corresponderá verificar las fallas recurrentes.
En todo sistema nuevo hay resistencias, todavía tenemos 80 compañeros que después de haber recibido tres o cuatro cursos de capacitación seguimos capacitándolos porque tienen resistencia… en el caso de la Fiscalía, después del primer respondiente, que es la policía de primer contacto, la mayor carga de trabajo la tendremos nosotros. Podemos hablar de fallas en los distritos evaluados, como Ciudad Guzmán, que ya tiene más de un año. Al inicio teníamos tres mil 500 averiguaciones previas, de las cuales se judicializaron 76 y sólo dos tuvieron sentencia… esto dice que tenemos el problema de la capacitación y profesionalización de las policías. En Ciencias Forenses tenemos problemas con el número de peritos. Una parte débil es el tema de las víctimas. Existe una Comisión de Atención a Víctimas; sin embargo, les han dado un presupuesto bastante limitado, casi nulo… no tienen el personal suficiente para atender a las víctimas. Entrar a la defensa y la atención de las víctimas no es cualquier cosa, es una parte muy sensible que va a generar errores en el procedimiento.
¿Qué hacer para fortalecer este nuevo sistema? Chihuahua, Morelos y Oaxaca fueron de los primeros en iniciar con el proceso de transición al nuevo sistema y, evidentemente, de ellos se están retomando las buenas prácticas. Estamos trabajando de cerca con ellos y las hacemos llegar a todas las entidades federativas, a todas las instituciones operadoras, para que vean cómo va operando el sistema. El ejercicio de capacitación se tiene que hacer de manera permanente para darles las herramientas y los apoyos necesarios para que puedan ser capacitados de manera adecuada. Hemos suscrito acuerdos y colaboraciones con la Comisión Estatal de Derechos Humanos y Ciencias Forenses para que tengan una capacitación específica, y lo seguiremos haciendo de manera permanente. Falta difusión, tenemos que revisar conforme se ponga en práctica, calcular nuestros tiempos de respuesta… tenemos una petición al Ejecutivo para que vaya al Legislativo la reforma de nuestra Ley orgánica y sería el último paso para que estemos trabajando de acuerdo con los nuevos protocolos. Necesitará ajustes. El pago de salarios e infraestructura. Hay que darle mantenimiento, limpieza, pagar energía, luz, telefonía… hay que pagar todo lo demás. Esa es la parte que hace falta y sobre todo los salarios. El Poder Judicial no tiene recursos para este sistema, estos recursos llegan del Ejecutivo para el pago correspondiente, pero desgraciadamente no los hemos recibido. Se debe atender el interior del Estado, sobre todo las regiones de acceso complicado donde no se está pensando en cuánto personal se requerirá, cuánta capacitación… qué sucederá con todas las policías municipales al interior del Estado… El Instituto de Justicia Alternativa debe ser fortalecido, que sea un organismo autónomo.
Enumere los beneficios de este nuevo sistema Quedan atrás largos procesos en los cuales se privilegiaba la integración de una averiguación previa y hasta se fabricaban delitos… se dejan atrás largas declaraciones escritas, la confesión del inculpado y los procedimientos de asuntos menores que con frecuencia llegaban a la prisión preventiva. Es un sistema más ágil. Antes eras culpable antes de demostrar que eras inocente. Hoy es lo contrario: primero eres inocente y tendrás que pasar por el debido proceso respetando la presunción de inocencia por sobre todas las cosas. Otra de las bondades es la transparencia y agilidad de los procesos… el juzgador está presente todo el tiempo. La prisión preventiva es la última instancia en los nuevos procesos, cuando antes era la primera. Vía mediación, vía aplicación de criterios de oportunidad, vía juicios abreviados vamos a resolver el problema. Los referentes y los parámetros ya se tienen, es necesario que esa política de buenas prácticas la tengamos como Estado. No solamente tendrá que estar el juez en todas las audiencias, también el abogado, tiene que hacer una teoría del caso y no sólo ir al juzgado.
No podemos decir que en un año todo va a estar bien, Chihuahua gastó cuatro mil millones de pesos y va en la cuarta modificación de su propio sistema.
Se pondera el tema de los derechos humanos, la reparación del daño y atención a víctimas, esas son bondades inmediatas que hay que ajustarlas y meterle más personal, capacitar. En el impacto hacia el exterior es donde realmente se deben dar los resultados, hay que recuperar la confianza hacia el sistema jurídico.


AUTORIDADES ALISTAN PLATAFORMA PARA MEDIR INDICADORES

En seis meses, sistema de evaluación

A partir de este mes, el Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (Setec) trabaja en el levantamiento de información para la conformación de un sistema de indicadores de seguimiento y evaluación para la operación del nuevo sistema acusatorio, que ya opera en Jalisco.

Los indicadores federales y estatales fueron publicados el 21 de enero pasado y, con este sistema, se pretende medir, a través de 41 indicadores, el comportamiento y resultado de los perfiles e instituciones operadoras del sistema: Fiscalía General, Poder Judicial, Procuraduría Social del Estado y Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

También se contemplan indicadores para evaluar el desempeño de jueces, ministerios públicos, defensores, facilitadores y peritos. “Se podrá saber cuántas carpetas (de investigación) recibió un ministerio público, a cuántas les dio trámite, qué trámite les dio, cuántas pasó, si realmente es adecuado o no ese comportamiento por perfil y por institución operadora… esto se estará reportando mensualmente al Setec y así es como vamos a estar detectando las áreas de oportunidad para consolidar el sistema”, anticipó Lilia Iris Morán Ferrer, secretaria ejecutiva para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia.

La plataforma de evaluación será pública y estará disponible en los próximos seis meses, pues el Consejo apenas está iniciando el levantamiento de la información con los operadores, “ya nos acercamos con la mayoría, apenas estamos iniciando, en seis meses podemos tener los primeros indicadores de cómo se comporta el sistema”.

La plataforma permitirá conocer la carga de trabajo y productividad por juez y agente del Ministerio Público, la duración promedio y el porcentaje de audiencias realizadas, las órdenes de aprehensión concedidas, las órdenes judiciales cumplidas, los autos de apertura a juicio oral con respecto de las causas penales ingresadas, las detenciones declaradas legales, las sentencias condenatorias y las carpetas de investigación judicializadas, entre otros.

El pendiente para avanzar en el levantamiento de los indicadores es el Poder Judicial, aunque la secretaria técnica aseguró que no pasará de esta semana.
 
“Nos falta sentarnos con ellos y explicarles toda la información, tenemos el acompañamiento permanente de una empresa consultora que se encarga de explicarles en qué consiste y ellos ya se llevan la tarea. Les estarnos suministrando toda la información”.

Sobre el costo del nuevo tablero de indicadores, la funcionaria detalló que la empresa fue contratada por la Federación, “no tenemos un presupuesto específico, es parte del trabajo que se realiza de manera coordinada con las instituciones operadoras”. Tras el arranque del nuevo sistema de justicia en Jalisco, los allegados a la implementación convocados por este medio a un debate, coincidieron en la necesidad de medir las fallas puntuales y el comportamiento de los operadores del nuevo sistema.

Alfonso Partida Caballero, consejero de la Judicatura, subrayó la importancia de medir el nuevo sistema para poderlo mejorar, “tiene que haber indicadores y tenemos que vigilar a los jueces, que no se junten con el Ministerio Público por separado, que sean lo más pulcros posible porque eso viciaría el resultado final”.

Ruth Gallardo Vega, secretaria ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad Pública, remarca sobre este tema que:

“Los indicadores nos dirán cómo estamos actuando en un determinado sentido y si estamos alcanzando o no los objetivos, para eso son diseñados”.

Por su parte, el fiscal central Rafael Castellanos se comprometió a transparentar el número exacto de delitos y denuncias recibidas en la Fiscalía.

“La instrucción del fiscal Eduardo Almaguer es que demos a conocer toda la problemática que tenemos”.

Desde su punto de vista, “es la única manera de que sepamos el universo de trabajo que enfrentamos y poder implementar los dispositivos para resolver y abatir el delito”.

La Fiscalía abre convocatoria para reforzar plantilla

A 10 días de que concluya el plazo para la implementación del nuevo sistema de justicia en todo México, en Jalisco aún falta personal para la operación de este modelo. También falta presupuesto para asegurar la operación de los juzgados.

Según el fiscal central Rafael Castellanos se requiere al menos la contratación de 134 agentes del Ministerio Público (actualmente se tienen 67). Por el momento, confirma la apertura de tres convocatorias para contratar a 75 nuevos ministerios públicos, 100 peritos y 62 facilitadores. El problema es que este año no hay recursos adicionales para ampliar la nómina.

“Estamos viendo qué plazas vamos a convertir, plazas que eventualmente no necesitamos, viendo de dónde nos allegamos de dinero y elementos para dar de alta los ministerios públicos que nos hacen falta”.

Calcula que tan sólo para atender el primer distrito de Guadalajara se necesitan 56 millones de pesos extraordinarios.

En el ejercicio presupuestal anterior no se contempló una partida adicional, por lo que este año se espera continuar operando con el presupuesto que ya se tiene etiquetado, “el año pasado no teníamos el concepto exacto de lo que iba a pasar… no lo teníamos totalmente visualizado”.

Pese a la falta de recurso, el fiscal confirmó el lanzamiento de las convocatorias: “En este momento ya están abiertas y estamos haciendo ejercicios para ver la manera que podamos cumplir este mismo año con esos sueldos”.

El problema más grande está en el Poder Judicial, pues el consejero Alfonso Partida Caballero confirma que se deben asignar cerca de 100 millones de pesos cada año para cubrir el concepto de salarios en los distritos en que se divide Jalisco. Además, “se nos deben cerca de 20 millones para salarios de los distritos de Tequila, Ameca, Chapala y Autlán”.

Recuerda que el Poder Judicial no genera recursos: “Es dinero que debe depositar el Ejecutivo… existe un ejercicio de planeación, programación y presupuesto presentado al Ejecutivo, mismo que no se aprobó. Esto puede colapsar al sistema”.

Hasta ahora, 24 jueces en materia penal han migrando al nuevo sistema: 16 en el distrito I (de Guadalajara); dos más en Puerto Vallarta; y el resto en Ciudad Guzmán, Tepatitlán, Ocotlán y Lagos de Moreno.

En total, la implementación del nuevo sistema de justicia penal ha tenido un costo de 947 millones de pesos, señaló Lilia Iris Morán Ferrer, secretaria ejecutiva para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia; de ese presupuesto, 800 millones se ejercieron en infraestructura y equipamiento tecnológico, “adicionalmente la Setec, cada año, desde 2010, nos da un recurso para apoyar a los operadores con mobiliario, equipamiento tecnológico, infraestructura, y tecnologías de la información… hasta el 2016 recibimos 147 millones”.

Confirma que la infraestructura se encuentra cubierta pues los juzgados penales de control y oralidad ya están concluidos.

Por su parte, el fiscal central advierte que se requieren otros 12 millones de pesos para el Instituto de Justicia Alternativa, que dio trámite el año pasado a poco más de 15 mil asuntos.

POLICÍAS DEBEN REMITIR A LA CALLE 14

La Fiscalía recuerda que los policías municipales ya no deben llevar a las personas señaladas por la comisión de algún delito a sus bases, sino que deben trasladarlos directamente a las instalaciones de la Calle 14 de la Fiscalía. Lo mismo cuando se detiene a una persona por delitos del fuero federal (por ejemplo, cuando portan armas de fuego o cargan drogas que exceden el gramaje de consumo personal), ésta deberá ser llevada directamente a la Procuraduría General de la República, que implementa el nuevo sistema el 14 de junio.

Solamente las personas retenidas por faltas administrativas son las que pueden ser llevadas a las bases de las policías municipales.

Sigue: #DebateInformador

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