Almaguer promete cárcel para 'talibanes'

GUADALAJARA, JALISCO (07/AGO/2015).- Eduardo Almaguer, fiscal general de Jalisco, promete avanzar en las 26 denuncias penales contra los llamados abogados “talibanes”, involucrados en juicios laborales fraudulentos contra empresarios, asociaciones civiles y organismos públicos (como el SIAPA). A pregunta expresa sobre cuándo habrá resultados concretos de las indagatorias que él mismo denunció en 2013 como secretario del Trabajo, refirió: “El fiscal central tiene una instrucción muy clara de integrarlas (las averiguaciones previas) a la mayor brevedad y de proceder a la sanción de los responsables. En los próximos días estaremos dando avances muy importantes”.

Garantiza que “no habrá impunidad en ese caso ni en ningún otro de los que se están investigando”.

El recuento del tema es contundente: hay cuatro despachos de abogados, integrados por 66 “talibanes”, que en complicidad con servidores públicos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje han abusado de los vacíos legales para recurrir en declaraciones falsas, actos fraudulentos y abuso de autoridad en juicios laborales.

“Por supuesto que habrán de procesarse (las denuncias), se solicitarán las órdenes de aprehensión y serán detenidos y sancionados quienes han cometido daño patrimonial en contra del Estado”.

En octubre de 2013, Almaguer señaló que las investigaciones también involucraban a 40 ex funcionarios, desde presidentes de Juntas Especiales hasta auxiliares, secretarios y notificadores. Sin embargo, en la gestión de Luis Carlos Nájera al frente de la Fiscalía no hubo avances en las investigaciones contra los “talibanes” ni contra burócratas.

En esta semana, por otra parte, el pleno del Congreso del Estado debía votar en segunda lectura la iniciativa que presentó Almaguer en 2013 para reformar el Código Penal y sancionar prácticas irregulares de litigantes; sin embargo, fue retirada del orden del día para hacerle observaciones por el panista Hernán Cortés Berumen. Al respecto, el fiscal confía en que se aprobará en breve: “Sé del compromiso de ellos (los diputados) porque además sentarán un precedente: que ya no se mienta en la presentación de las demandas laborales (para obtener ganancias millonarias)”.

La reforma propone hasta tres años de prisión e inhabilitación por dos años a quienes manipulen, borren, oculten, sustraigan o dañen las actuaciones, pruebas o documentos en un juicio, que son algunas de las irregularidades detectadas en las prácticas de malos abogados.

Tan sólo en 2013 se documentaron 650 juicios de “talibanes” que representaban daños por más de mil millones de pesos a empresarios y organismos de Gobierno. Héctor Pizano, actual secretario del Trabajo, pidió 15 días para dar una radiografía de las malas y buenas condiciones en las que se encuentra la dependencia.