Jueves, 28 de Marzo 2024
Jalisco | Procesos de licitación del Gobierno estatal

Apuestan a convenio con la ONU para transparencia en compras

El acuerdo de cooperación tiene el objetivo de transparentar el gasto público contribuyendo al combate del tráfico de influencias y la corrupción

Por: EL INFORMADOR

El convenio entre el Gobierno de Jalisco y la UNOPS contribuye al combate del tráfico de influencias y la corrupción. EL INFORMADOR /

El convenio entre el Gobierno de Jalisco y la UNOPS contribuye al combate del tráfico de influencias y la corrupción. EL INFORMADOR /

GUADALAJARA, JALISCO (18/MAR/2015).- A finales de noviembre pasado, el gobernador Aristóteles Sandoval firmó un convenio de cooperación técnica con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS, por sus siglas en inglés), con el objetivo de transparentar el gasto público en las compras y procesos que realiza el Gobierno de Jalisco, contribuyendo al combate del tráfico de influencias y la corrupción.

“A partir de hoy los movimientos que se realicen para adquirir productos o servicios serán legitimados por una autoridad internacional promoviendo el uso responsable del dinero de los jaliscienses y con un enfoque más específico en las políticas públicas y programas de gobierno”, refirió el mandatario.

Con esto, el erario y la administración estatal quedan abiertos a la supervisión de las Naciones Unidas.

En 2013 y 2014 se presentaron 27 inconformidades contra licitaciones convocadas por la administración central y organismos públicos descentralizados, mientras en ese lapso el Gobierno convocó a 89 procesos de licitación; esto significa que tres de cada 10 procedimientos fueron impugnados.

Salvador González Reséndiz, subsecretario de Administración del Gobierno de Jalisco, señala que en la mayoría de los casos la empresa que impugna “es porque no se vio favorecida con el fallo o cuando se considera que los tiempos de licitación fueron muy cortos”.

Para el funcionario, lo ideal sería no tener una sola inconformidad, pero “es imposible, son seres humanos y están en su derecho de hacerlo… no dejamos de llevar procesos donde siempre tienes un ganador y alguien que no salió favorecido con el fallo y eso normalmente conduce a que se promuevan recursos de revisión”.

Al igual que siete de cada 10 empresas inconformes, Grupo Promotor de Tecnología y Servicios se manifestó contra la resolución de adjudicación; otras lo hicieron contra la junta aclaratoria, las bases y anexos o por la descalificación e impedimento para participar, entre otras causales. Esta compañía pretendía encargarse del mantenimiento al equipo de cómputo en las escuelas de educación básica de la Secretaría de Educación de Jalisco, aunque la convocante fue la Secretaría de Administración, Planeación y Finanzas. Pero la inconformidad no procedió, según declaró la Contraloría luego de realizar las investigaciones correspondientes.

Salvador González Reséndiz precisa que, a través de la Comisión de Adquisiciones, se decide 84% de las compras del Estado. La instancia está conformada por el Gobierno del Estado, la Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara, el Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, el Consejo Mexicano de Comercio Exterior de Occidente (Comce) y la Coparmex. Cada una con un voto.

El diputado Enrique Velázquez considera que para prevenir las inconformidades “se deben publicar 15 días antes las bases para cada procedimiento, que se hagan las modificaciones, adecuaciones y observaciones en tiempo y forma, y que no se vea favorecida ninguna empresa ni sector”.

Combate a la corrupción, rezagada

Jalisco no tiene una ley anticorrupción, al igual que 14 entidades en el país. Según el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2014, 18 estados sí tienen una ley para combatir este delito.

En el Congreso del Estado no avanza dicha legislación desde junio de 2013, cuando la diputada perredista, Celia Fausto Lizaola, propuso crear una Fiscalía Anticorrupción, con el fin de facilitar los procedimientos para denunciar los actos de corrupción.

Por su parte, la Unidad de Investigación contra la Corrupción de la Fiscalía General permanece acéfala y sin reglamento de sus responsabilidades y facultades desde septiembre de 2013. Según la dependencia, la Contraloría y Visitaduría de la Fiscalía se encarga del combate al delito.

Entre 2009 a 2014 se duplicaron las averiguaciones previas anuales contra servidores públicos por casos corrupción: de 517 a mil 277. En ese periodo se iniciaron cuatro mil 533 averiguaciones previas por corrupción pero sólo 312 burócratas fueron sentenciados.

A nivel nacional, la semana anterior, el Senado de la República recibió el dictamen de reforma constitucional para crear el Sistema Nacional Anticorrupción. El proyecto prevé que el sistema se integre por instancias administrativas y jurisdiccionales encargadas de la identificación, prevención, supervisión, investigación y sanción de funcionarios o particulares que cometan actos de corrupción contra la administración pública.

TELÓN DE FONDO
Legislación atorada


Esta casa editorial publicó ayer que, aunque los Poderes Ejecutivo y Legislativo afirman que en breve entrará en vigor la reforma a la Ley de Adquisiciones, desde enero pasado está frenada en el Congreso de Jalisco, tras las observaciones emitidas por el gobernador Aristóteles Sandoval. El principal punto en discusión en la Comisión de Puntos Constitucionales es el monto de las compras que deben ser licitadas.

Juan Alonso Niño Cota, coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ), prevé que la reforma generará hasta 10 mil empleos este año. “(Los cambios) se reflejarán en el desarrollo económico y crecimiento de las empresas, además del fortalecimiento de las cadenas productivas y la generación de empleo”.

La expectativa es “positiva”, según los industriales, porque la reforma propone que 51% del gasto público que realice el Gobierno para la adquisición y contratación de bienes y servicios, se efectúe sólo con empresas establecidas en Jalisco.

Empresarios como José Luis González Iñigo, de Sesajal, Alberto Martínez Barone, de la industria textil, Julio Acevedo, director de HP en Guadalajara, Raymundo Gómez Flores, de Grupo GIG, así como René Rivial, de Grupo Prisa, aplauden la iniciativa legislativa.

“Deberíamos de estar contentos… el hecho de que estemos invirtiendo aquí, generando fuentes de trabajo y pagando impuestos, debe tener algún reconocimiento”, explica Raymundo Gómez Flores. Salvador González Reséndiz, subsecretario de Administración, afirma que la instrucción del gobernador es fortalecer a la industria local.

La mitad de quejas es contra los OPD

En los últimos dos años, una de cada dos inconformidades se presentó contra los procesos convocados por organismos públicos descentralizados (OPD); la otra mitad fue contra procedimientos de las secretarías del Gobierno del Estado.

De los OPD, el Hospital Civil acumula 17% de las inconformidades, le sigue el Programa Estatal para la Administración de Escuelas (CAPECE) y la Universidad de Guadalajara.

El Grupo Mixzoc, por ejemplo, se inconformó contra el Hospital Civil luego de participar en la licitación para la contratación del servicio de limpieza. Al final, la inconformidad contra la resolución de adjudicación no procedió, como en la mayoría de los casos.

“No somos ejes rectores en los OPD, tenemos un voto en la mayoría de sus comités, pero no deja de ser uno… no puedo responder por los demás comités”, admite Salvador González Reséndiz, subsecretario de Administración.

Avelino Bravo, director jurídico de la Contraloría de Jalisco, explica que todos los participantes en un procedimiento licitatorio están en su derecho de inconformarse cuando se tiene la sensación de que se llevó a cabo de manera incorrecta; y si la resolución de la Contraloría tampoco les convence, entonces pueden impugnarla ante el Tribunal de lo Administrativo.

Según la dependencia, entre los años 2013 y 2014, fueron sancionados 68 servidores públicos que cobraban y/o siguen cobrando en las nóminas de los Organismos Públicos Descentralizados (OPD). Lo anterior corresponde a casi tres de cada 10 sancionados de la administración pública estatal.

La Universidad de Guadalajara encabeza la lista, con 10 sancionados por omisión en la presentación de su declaración patrimonial. En segundo lugar, con ocho sancionados cada uno, está el Colegio de Bachilleres del Estado y el Sistema de Transporte Eléctrico Urbano. En el caso del primer organismo, dos administradores de Fondos y Valores fueron suspendidos.

Por otra parte, con siete funcionarios sancionados, se sitúan en el tercer lugar el Sistema de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta y la Comisión Estatal del Agua, respectivamente.

GUÍA
¿Qué dice la ley?

— ¿De qué se tratan estos procesos?


— Según la Ley de Adquisiciones, son las acciones de programación, presupuestación, gasto, ejecución, conservación, mantenimiento y control de las operaciones relativas a bienes o recepción de servicios que lleven a cabo las secretarías, dependencias y organismos auxiliares y paraestatales.

— ¿Qué tipo de licitaciones hay?

— Las licitaciones se clasifican en locales, nacionales, e internacionales, dependiendo el origen de la empresa que puede participar en los procesos. Las convocatorias para participar en las licitaciones, se deberán publicar cuando menos en dos diarios de amplia circulación en la Entidad.

— ¿Quién recibe las inconformidades?

— Las personas interesadas podrán inconformarse por escrito ante la Contraloría, por los actos que contravengan las disposiciones que rigen las licitaciones dentro de los 10 días hábiles siguientes.

— ¿Qué sucede a los procedimientos cuando se presenta una inconformidad?

— Durante la investigación de los hechos podrá suspenderse el proceso de adjudicación cuando se advierta que existan o pudieran existir actos contrarios a las disposiciones de las licitaciones.

— ¿Qué puede decidir la Contraloría?

— La resolución que emita la Contraloría tendrá por consecuencia la nulidad de todo o parte del procedimiento a partir del acto o actos irregulares, estableciendo las directrices necesarias para que el mismo se realice conforme a la ley o la improcedencia de la inconformidad.

MALO BURÓCRATAS
Sanciones administrativas


Entidad pública 2013-2014

Fiscalía General 69

Secretaría de Movilidad 31

Secretaría de Salud 25

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas 19

Secretaría de Gobierno 17

Secretaría de Infraestructura y Obra 7

Secretaría de Educación 4

Secretaría de Desarrollo Económico 3

Despacho del gobernador 2

Secretaría de Desarrollo e Integración Social 2

Contraloría del Estado 1

Total 180

Sanciones OPD 2013-2014 68

GRAN TOTAL 248

CONTRALORÍA DE JALISCO
Proyectan concentrar registro y sanciones contra burócrata
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La ley ordena a los titulares de las entidades públicas elaborar un libro de registro anual de burócratas sancionados, que será información pública de libre acceso y que debe incluir las sanciones impuestas, los hechos y circunstancias denunciadas, nombre del sancionado y tipo de sanción.

“Con la reforma de 2012 a la Ley de responsabilidades de los servidores públicos, la obligación de llevar los libros de registro de sancionados recae ahora en cada una de las dependencias y entidades públicas; anterior a la reforma, la Contraloría concentraba esa atribución, como lo hace ahora con el registro estatal de inhabilitados”, recuerda el director jurídico de la dependencia, Avelino Bravo, quien estima que, quitarle a la Contraloría del Estado la responsabilidad de llevar el registro de sancionados, no fue una decisión acertada.

“Si el ciudadano quiere tener el dato de todos los sancionados tiene que ir dependencia por dependencia y entidad por entidad; de otra manera, habría un solo receptor (la Contraloría), como sucede con el registro estatal de inhabilitados”.

En el caso de los libros de sancionados, la ley no exige que sean electrónicos, a diferencia del registro de inhabilitados, lo cual, a decir del funcionario, “no obstaculiza el acceso a la información, pero sí lo vuelve más complicado”.

Por ello, la Contraloría prepara un proyecto de reforma para que una sola instancia concentre la información de sancionados de todas las dependencias y entidades de la administración pública estatal.

Otro elemento novedoso que planteará la propuesta es que la Contraloría asuma y concentre la competencia sancionatoria, “el día de hoy todas las dependencias y entidades pueden sancionar… tiene que ser un tema más controlador y pretendemos que de nueva cuenta la Contraloría asuma esa competencia, de manera que se unifiquen los criterios”.

CLAVES
Ocultan sus bienes


Omisión En las secretarías del Gobierno del Estado y los Organismos Públicos Descentralizados, la omisión de la presentación de la declaración patrimonial es la principal causa de sanción de servidores públicos: de 248 burócratas de la administración pública estatal sancionados, 227 no presentó ese documento, según los registros de la Contraloría del Estado entre 2013 y 2014.

Promedio Nueve de cada 10 sanciones son por no presentar la declaración patrimonial.

Líder La Fiscalía acumula el mayor número de sancionados por esta causa. Esta omisión tiene una sanción de un año en promedio de inhabilitación del servicio público en todos los niveles de Gobierno: federal, estatal y municipal, así como en los tres Poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Total Otras anomalías son por irregularidades detectadas en diversas auditorías, enriquecimiento ilícito, daño pecuniario por cobro de recibos que se encontraban cancelados, faltante de ingresos, inconsistencias en la adquisición de mobiliario para escuelas y cobros indebidos.

Central Las secretarías que dependen del Gobierno del Estado acumulan 180, de un total de 248 servidores públicos o funcionarios sancionados en los últimos dos años (2013-2014), revela la Contraloría del Estado a través de una solicitud de información, pero es la Fiscalía la que lidera la estadística con 69. Cuatro de cada 10 funcionarios estatales sancionados trabaja en la Fiscalía de Jalisco.

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