Eligen a contralor del IEPC y magistrado del TAE

GUADALAJARA, JALISCO (26/SEP/2014).- El pleno del Congreso del Estado ratificó a Adrián Joaquín Miranda Camarena como el magistrado del Tribunal Administrativo del Estado que hacía falta, luego del proceso de judicialización que interpusieron sus antecesores. Con 29 votos a favor y ocho nulos, será el encargado de completar las carteras que estaban pendientes.

En sesión extraordinaria de este viernes, 37 de los 39 diputados jaliscienses también eligieron por unanimidad al nuevo contralor del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Se trata de Hugo Rodríguez Heredia, quien se desempeñaba como director de recursos, en el área administrativa del mismo instituto.

Una vez que concluyó la sesión, Rodríguez Heredia enumeró los retos que ve de cara al próximo proceso electoral y sobre todo, con las nuevas disposiciones que contempla la reforma electoral. "Yo vengo de la iniciativa privada, hay tres puntos muy importantes que venimos a trabajar, que es la legalidad, la máxima publicidad y enfocarnos en la legalidad. Invitar a toda la ciudadanía para sumarse a la máxima publicidad, para que la ciudadanía esté enterada de los ingresos y los egresos del instituto, que esté enterada en qué se están gastando los recursos y sobre todo, la máxima optimización de lo que tenemos".

El contralor del Instituto Electoral no tiene funciones de árbitro electoral ni de la vigilancia de los gastos que se pudieran generar en las próximas campañas, cuyo proceso iniciará el próximo 7 de octubre.

Más de cuatro meses de rezago

Por su parte, el ex funcionario universitario y hoy magistrado del Tribunal Electoral, Adrián Joaquín Miranda Camarena, confesó que el retraso de su ratificación ocasionó que hubiera un rezago de hasta cuatro meses sin que se pudieran desahogar los casos que llegaban a la quinta sala, que es donde operaba Patricia Campos.

Uno de los temas pendientes a resolver son los juicios y suspensiones que están en torno a las Villas Panamericanas. Hay que recordar que Patricia Campos fue quien otorgó la suspensión para que el recinto construido por el Gobierno del Estado y diferentes organismos públicos y privados, no fuera habitado hasta resolverse problemas jurídicos sobre los permisos municipales.

Miranda Camarena señaló que no sólo la quinta sala tiene suspensiones pendientes del recinto, sino que hay otras salas que tienen parte del expediente. Por lo que espera que en los próximos meses se pueda dar una resolución definitiva.


EL INFORMADOR/ OMAR GARCÍA