Limitan a la oficina anticorrupción tapatía

GUADALAJARA, JALISCO (18/SEP/2014).- Establecida por primera vez durante la alcaldía del ahora gobernador, Aristóteles Sandoval, la Oficina de Combate a la Corrupción del Ayuntamiento de Guadalajara cuenta sólo con 10 empleados, un presupuesto anual de 104 mil pesos y ninguna facultad para sancionar a los servidores públicos que incurran en actos irregulares.

En el proyecto original de la administración municipal 2010-2012, en el que participó el actual regidor de Movimiento Ciudadano por Zapopan, Augusto Valencia, se propuso que se contara con atribuciones para indagar, corregir y sancionar acciones anómalas, pero la oficina nunca contó con esas facultades y sus decisiones y observaciones no son vinculantes para las áreas señaladas.

Y mientras estallaron diversos escándalos en las áreas de Panteones e Inspección y Vigilancia, incluyendo la inhabilitación por 10 años de la regidora priista Elisa Ayón, lejos de aumentar las quejas por presuntos actos de corrupción en el Ayuntamiento, éstas han disminuido en la presente administración: en 2011, la oficina recibió mil 044 denuncias, mientras en 2012 la cifra bajó a 623 y, el año pasado, sólo se reportaron 395.

En lo que va de 2014 ha recibido apenas 155 quejas.

En junio pasado, el titular de la oficina, José de Jesús Sosa López, señalaba que sólo 3% de las quejas que recibían llegaban a sanciones, apercibimientos o despidos de los funcionarios señalados por corrupción.

La dependencia tiene un enfoque meramente preventivo de los actos indebidos de funcionarios (recibe denuncias a través de un portal web y una línea telefónica que forma parte del servicio 070). El problema es que sus resoluciones y observaciones, cuando se presentan, son solamente de carácter consultivo.

En una solicitud vía Transparencia sobre su programa anual de trabajo, la oficina encargada de combatir este delito en Guadalajara informó que su meta era concluir en 500 denuncias en materia de corrupción. Sobre las actividades, proyectos y acciones realizadas en torno a la prevención de estos actos, reveló: “Se han llevado a cabo talleres con ciudadanos y cursos a los servidores públicos respecto a la prevención y combate a la corrupción, la elaboración de un código de ética, que se encuentra en proceso de aprobación, así como la intervención a dependencias con carácter preventivo a fin de implementar acciones anticorrupción”. En resumen, en 2013 fueron capacitados 159 servidores públicos y 50 ciudadanos. También resalta una campaña interna “con la elaboración de carteles”.

Si bien Sosa López recalcó en junio de 2013 que el diagnóstico de la corrupción en el Ayuntamiento estaría listo a finales de julio, “una vez que el alcalde (Ramiro Hernández) lo apruebe”, la respuesta a la solicitud de Transparencia precisa que el diagnóstico es de carácter reservado dado que no se ha concluido el procedimiento de aprobación.

A la fecha, solamente la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Contraloría y la Secretaría de Justicia Municipal cuentan con sus propios controles anticorrupción.

La oficina sale perdiendo al comparar el número de su personal (10) con el de otras áreas del Ayuntamiento, como Control Animal o Ciudades Hermanas, que poseen plantillas laborales de 30 y 41 personas, respectivamente.

FRASE

“Se han realizado talleres con ciudadanos y cursos para los servidores públicos respecto a la prevención y combate a la corrupción, así como un código de ética, que se encuentra en proceso de aprobación "

José de Jesús Sosa López, titular de la oficina anticorrupción de Guadalajara.

Desconocen estatus de Unidad estatal

Cuestionada sobre el estatus que guarda la creación de la Unidad de Investigación contra la Corrupción en el Estado, la titular de la Dirección de Contraloría y Visitaduría de la Fiscalía General de Jalisco, Carla Salcedo, desconoció su estado, pero señaló que lo importante es “que estamos atendiendo todos los asuntos relacionados a las denuncias de los usuarios en materia de corrupción… lo importante es que estamos trabajando a fin de darle tranquilidad a la ciudadanía, que buscamos darle salida a este tipo de hechos y bajar las denuncias”.

Sobre los avances que presenta la lucha anticorrupción en lo que va de la administración, “se están investigando todas las denuncias, se está tratando de combatir eso, analizando e investigando a fondo todas las denuncias que nos llegan”.

Sin embargo, desconoció el número de denuncias presentadas en lo que va del año, así como aquellas en las que procedió una sanción administrativa o penal. Del trabajo que hace la Fiscalía en materia de prevención, reveló, se organizan visitas y otorgan trípticos para que la ciudadanía conozca a dónde debe acudir para denunciar.

Especialistas sugieren una política de cero tolerancia a la corrupción e incluir el servicio profesional de carrera con base en el mérito y no en las relaciones políticas de los funcionarios, así como implementar y favorecer la contraloría social.

PENDIENTE EN SAN LÁZARO
Quieren 'dientes' para la Comisión Nacional

En el ámbito nacional, la minuta que aprobó la Cámara de Senadores en diciembre del año pasado para crear la Comisión Nacional Anticorrupción, se encuentra en análisis en las comisiones de Puntos Constitucionales y de Transparencia de la Cámara de Diputados federal. Sobre la misma, la presidenta de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, Arely Madrid Tovilla, ha señalado que tiene deficiencias de carácter jurídico, por lo que se espera sea modificada.

En esto coincide la secretaria de la Comisión, Rocío Reza Gallegos, quien agrega que la propuesta del Ejecutivo carece de dientes, por lo que se busca fortalecerla.

Para tal fin, destacó, se está robusteciendo la minuta enviada por el Senado. “Estamos integrando lo que viene siendo un Tribunal de Cuentas que tenga la parte sancionadora, y podamos contar con un órgano que no sólo le sirva al gobierno para decir que se está atendiendo la corrupción, sino que frene actos de toda índole en este país. Buscamos que no sea un órgano para engrosar la burocracia, sino que verdaderamente sirva a la ciudadanía”.

Se trata, dijo, de uno de los más fuertes pendientes en San Lázaro y del Pacto por México, “es uno de los rezagos que tiene el Presidente Enrique Peña Nieto, puesto que fue uno de sus compromisos de campaña, es un tema fundamental e importante y estamos impulsándolo para que salga en este periodo ordinario”.

TELÓN DE FONDO
La huella del delito

La Encuesta de Calidad e Impacto Gubernamental del Inegi reveló en julio pasado que Jalisco ocupa el sexto lugar respecto a la corrupción en los trámites relacionados con algún servidor público.

La tasa de incidencia por cada 10 jaliscienses fue de tres experiencias de corrupción en trámites. Lo anterior significa que, de dos millones 320 mil 684 jaliscienses que tuvieron contacto con algún servidor público durante 2013, se registraron 752 mil 767 experiencias de corrupción en pagos, trámites y solicitudes de servicios públicos.

Jalisco es superado por Chihuahua, con 44% de incidencia de corrupción en los trámites, Morelos (41.5%), Puebla (39.9%), Quintana Roo (37.31%) y Baja California (36.11%).

En otra arista, el Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno, de la organización Transparencia Mexicana, identifica una lista de 35 trámites o servicios en los cuales, en promedio, los hogares mexicanos destinan 14% de su ingreso para el pago de “mordidas” (como solicitar una licencia de conducir o una beca para pagar algún tipo de estudio).

Junto con el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), refiere que derivado de este fenómeno, el país deja de recibir hasta 20% de inversiones extranjeras.

GUÍA
Los ejemplos

— ¿Cuáles son los países más corruptos?

— A nivel global, México se ubica en la posición 106 de 177 países que conforman el Índice de Percepción de la Corrupción de 2013, difundido por Transparencia Mexicana.

En lugares cercanos se sitúan Kosovo, Mali, Filipinas y Albania. Son las naciones más corruptas.

— ¿Y los menos corruptos?

— Canadá, por el contrario, fue el país mejor evaluado del Continente en la posición nueve.

Mientras que de América Latina el mejor posicionado es Uruguay, en el lugar 19, seguido por Chile, en la posición 22.

ADVIERTEN QUE PUEDEN SER HERRAMIENTAS PARA REPRIMIR A RIVALES POLÍTICOS
“Organismos insuficientes y huecos”

Especialistas advierten que la corrupción no se combatirá de raíz con la conformación de nuevas comisiones u órganos reguladores. De hecho, un estudio publicado por el Banco Mundial “Comisiones Anticorrupción: Panacea o Medicina Real para combatir la corrupción”, deduce que el riesgo de este tipo de instrumentos es que se conviertan en herramientas para reprimir a rivales políticos y miembros de la oposición, o que gobiernos previos se conviertan en el objetivo de la investigación.

El informe del organismo anota que, cuando la corrupción es generalizada, existe un incentivo para crear agencias anticorrupción como “organizaciones huecas”, que quitan la atención a otras reformas posibles.

En el foro “Combate a la Corrupción: reto del Congreso de la Unión”, que tuvo lugar en marzo de este año para analizar la iniciativa del Ejecutivo federal que plantea crear la Comisión Nacional Anticorrupción, el director del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Sergio López Ayllón, coincidió en que la corrupción no se resolverá con la creación de una comisión para combatirla.

“La solución es lamentablemente más compleja que crear solo una institución que genere la percepción de sancionar a los corruptos. De hecho, la experiencia internacional muestra resultados mixtos en la labor de este tipo de instituciones, algunas ciertamente exitosas, pero muchas otras con resultados magros o pocos satisfactorios”.

¿Qué hacer ante ello?, se cuestiona la senadora y secretaria de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana, Arely Gómez. Y responde que la experiencia internacional ofrece varios modelos:

“El Banco Mundial distingue cuatro modelos: agencias con funciones de investigación, prevención y comunicación; el segundo modelo de investigación caracterizado por agencias centralizadas; el tercero es el parlamentario, que incluye comisiones que reportan a comités legislativos independientes de las ramas Judicial y Ejecutiva del Estado; el cuarto correspondiente a multi-agencias que suponen la existencia de oficinas independientes entre sí que, sin embargo, conforman una red administrativa y judicial para el combate a la corrupción”.

En esta nueva etapa de discusión, la senadora sugiere considerar conjuntar esfuerzos, con políticas públicas integrales que eviten la fragmentación institucional, que pondría en riesgo la generación de resultados positivos. Esto si se quieren acciones efectivas y estructurales contra este fenómeno.

“México debe enfocarse en tener una legislación que invite y obligue a empresas y entidades públicas a implementar programas de control y supervisión. Hasta que esto no llegue, las nuevas fiscalías y los otros esfuerzos legislativos tendrán los mismos efectos que las medidas anticorrupción tomadas en los últimos 20 años”, escribió Manuel Espinoza de los Monteros, tras acudir a un seminario de la Academia Internacional Anticorrupción en Viena.

LA VOZ DEL EXPERTO
Urge un pacto de combate frontal

José Bautista Farías (académico del ITESO)

Antes de crear nuevos órganos debe existir primero un pacto de combate frontal a la corrupción e impunidad por parte de todas las fuerzas políticas, del más alto nivel, que incluya a empresarios, universidades y organismos de la sociedad civil, apunta el académico del ITESO, José Bautista Farías.

Sugiere crear un sistema nacional y estatal de rendición de cuentas que permita la coordinación y comunicación de las instancias responsables de fiscalizar los recursos públicos, manejar la información con transparencia y administrar la justicia.

“Todas las decisiones y acciones de las autoridades, en especial las que impliquen el manejo y administración de los recursos públicos, deben estar sustentadas, justificadas y registradas en documentos del libre acceso, salvo las referidas a la información reservada y confidencial establecidas por la ley”.

También se pronuncia por la autonomía constitucional de las entidades de fiscalización superior, a nivel federal y estatal, al igual que la Procuraduría General de la República, las procuradurías estatales y los ministerios públicos.

Y recomienda incluir la revocación del mandato y la reelección en los puestos de elección popular, así como acotar el fuero de los diputados, senadores, presidentes municipales, gobernadores y Presidente de la República; modificar la normatividad y el procedimiento del juicio político, a fin de evitar que los sometidos a este proceso sean juez y parte; y cumplir y hacer cumplir la ley en la licitación de la obra pública, compras y asignación de obra.

Entre los elementos que debe incluir una estrategia integral de combate a la corrupción en Jalisco, recomienda un Sistema Integral de Rendición de Cuentas, con un órgano de fiscalización superior constitucional autónomo, esto es, no estar subordinado política, técnica ni económicamente a los sujetos auditados, así como gozar de amplias facultades y recursos para realizar su trabajo. “Esto implica una coordinación y comunicación estrecha entre los órganos de fiscalización, de transparencia, finanzas, contabilidad y Fiscalía General del Estado, que permitan la vigilancia y participación ciudadana en todo el proceso de fiscalización de los recursos”.

También dotar de autonomía constitucional a la Fiscalía General y a los Ministerios Públicos, para vincularla con el Sistema Integral de Rendición de Cuentas. Se debe “ajustar y armonizar la normatividad vinculada a la rendición de cuentas y la transparencia, esto es, las leyes de fiscalización, contabilidad gubernamental, transparencia, ingresos, egresos y archivos. Hacer públicos la declaración patrimonial de los servidores públicos”.

¿A DÓNDE ACUDIR?
Quejas y denuncias

Dirección de Contraloría y Visitaduría

(Fiscalía General).

Domicilio: Rafael Camacho esquina Tamaulipas,

Colonia Miraflores, Guadalajara.

Teléfono: 38192390 y 38376000, extensión 47886 (24 horas).

Por correo: denunciacontraservidorespublicos.fge@jalisco.gob.mx y denunciasyquejascontraservidorespublicosdelafiscaliageneraljal@outlook.com

Horario de atención: 08:00 a 21:00 horas, de lunes a viernes.

Oficina de Combate a la Corrupción de Guadalajara

Domicilio: Venezuela 475, Colonia Americana,

entre Guadalupe Zuno y La Paz.

Teléfono: 38282672 y 070.

Por correo: anticorrupcion@guadalajara.gob.mx

Por internet: http://portal.guadalajara.gob.mx/alta-de-denuncia

LA CIFRA

14% de los hogares mexicanos destina ese porcentaje de su ingreso para el pago de “mordidas”.

98 burócratas sancionados por cohecho en Jalisco entre 2010-2014, según el Poder Judicial.

1 solamente uno de 125 ayuntamientos de Jalisco tiene una oficina anticorrupción: Guadalajara.

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