Piden juicio político contra Ismael del Toro

GUADALAJARA, JALISCO (19/AGO/2014).- Integrantes de la Comunidad Indígena San Sebastián el Grande y de la Unión de Posesionarios de Lomas de las Latillas entregaron al Congreso del Estado una petición de juicio político en contra del alcalde de Tlajomulco, Ismael del Toro Castro.
 
De acuerdo a los denunciantes, el alcalde ha utilizado a funcionarios del gobierno municipal para intentar despojarlos del predio de 98 hectáreas en el que viven, cuya figura jurídica lo etiqueta como "bien nacional", pero que a decir de los inconformes el alcalde quiere enajenar.
 
Por ello, Octavio Encarnación Sánchez, secretario del grupo San Sebastián el Grande, informó este martes que el pasado 20 de junio presentó a la Oficialía de Partes del Congreso del Estado la denuncia de juicio político contra el alcalde, misma que fue recibida y atravesará un proceso de análisis en el Legislativo para determinar si se aprueba o desecha la solicitud.
 
"Érick Tapia Ibarra, jefe de la Coordinación de Espacios Públicos, dicta una orden de desalojo, no se necesita ser abogado para darse cuenta que una orden de desalojo es una competencia exclusiva de un juez después de que se nos haya oído en un juicio", dijo Sánchez, quien dio lectura al documento institucional emitido por el funcionario indicando el desalojo del predio, que tuvo lugar a finales del año pasado.
 
De acuerdo al mismo denunciante, Del Toro justificó esta medida ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos argumentando que había un riesgo de protección civil y por eso se procedió a retirar a las 206 personas que ahí habitan, sin embargo, Sánchez afirma que el dictamen de protección civil se emitió cinco meses antes de que el Ayuntamiento procediera.
 
"No nos explicamos por qué si había un riesgo no actuaron en la misma semana, es decir el alcalde muy raquíticamente trata de defender esta orden de desalojo pero es obvio que no le va a pegar esa coartada porque es cinco meses después de que la medida se dictó", afirmó.
 
De hecho, representantes de ambas asociaciones piden a Protección Civil del Estado que acuda al predio y realice un análisis, pues Sánchez expresa que no confían en el dictamen de la corporación municipal.
 
Debido a tales hechos, e incluso amenazas por parte de funcionarios a los habitantes para que dejen el predio que denuncia el representante, es que piden al Congreso iniciar un juicio político en contra del alcalde, pues Sánchez afirma que su terreno tiene un alto valor económico y simbólico para ellos.
 
Hasta la fecha, en Jalisco no se ha iniciado un juicio político contra ningún funcionario.
 
Este medio buscó la versión del ayuntamiento al respecto, sin embargo el área de Comunicación Social informó que se reservará su opinión hasta que conozca bien la denuncia presentada y los hechos relatados por los quejosos.
 
EL INFORMADOR / VIOLETA MELÉNDEZ