La publicación de la crónica tapatía, estancada por tres años

GUADALAJARA, JALISCO (22/DIC/2013).- La historia de Guadalajara se escribe día con día. El acontecer —cotidiano o extraordinario— de la ciudad está en manos de los cronistas de la capital de Jalisco, quienes se encargan de plasmar en letras lo que ocurre en la ciudad, aunque en el relato vaya intrínseca su buena voluntad, pues no cobran un centavo por hacerlo.

El cargo “honorífico” que se les confiere, advierte el historiador Armando González Escoto, asegura objetividad en la narración, pero también deja en claro su posición frente a la autoridad.

La crónica de Guadalajara se sabe. Pero sólo por quienes la construyen, pues ésta no se ventila desde hace dos años. La administración de Ramiro Hernández ha rebasado el primer ciclo anual en funciones, y la cita que los cronistas solicitaron con el primer edil para evitar que sea un año más sin publicarse el acontecer en Guadalajara, tampoco se ha concretado.

“La crónica está estancada desde hace dos años porque no hay recursos para publicarla”, narra el también presidente del Consejo de la Crónica en Guadalajara, quien espera que el recién creado cargo a nivel estatal de un Cronista General sí cuente con una asignación presupuestal para asegurar la publicación y difusión de esa crónica.

Según el decreto en el que se oficializa la figura de un Cronista General (publicado el 14 de noviembre pasado en el Periódico Oficial del Estado), el Gobierno de Jalisco trata de “impulsar el desarrollo cultural del Estado” y “fortalecer la identidad de sus habitantes y su mosaico cultural”. Pero, en un contraste de visiones, la publicación de la crónica fue descontinuada en Guadalajara cuando el actual mandatario estatal era presidente del municipio capital.

El texto oficial también refiere en su décimo punto de justificaciones, que “con excepción de los cronistas municipales, actualmente no existe funcionario público estatal que realice esa noble y dedicada labor, y que quienes lo realizan sólo lo hacen de manera incompleta y por su cuenta, lo que hace necesario incorporar el cargo de Cronista General del Estado de Jalisco para dotar de sustento jurídico y situarla entre las tareas de utilidad social”.

Y agrega que Jalisco debe contar con “los servicios de una persona que, por su formación, educación, cultura y habilidades pueda con naturalidad y soltura realizar acopio de datos del acontecer social cotidiano y pasado”.

El decreto afirma también que “Jalisco es considerado como un Estado rico en historia y cultura, lo que ha permitido a sus habitantes tener valores profundos en cuanto a su pasado, patrimonio cultural y tradiciones (…) por lo que se ha reconocido una gran tradición en la que se manifiestan variadas expresiones artísticas y culturales que es necesario preservar”.

• ¿Papel o digital?

A decir del historiador Armando González Escoto, el gasto que haría el gobierno de la localidad no rebasaría los 40 mil pesos. Eso si se presenta un tiraje estimado de cinco mil libros, sencillos y sin ilustraciones.

Otra opción es la difusión de la crónica en discos, o bien, publicarla directamente en el portal del Ayuntamiento, lo que posibilitaría incluso habilitar funciones multimedia como videos y audios. Nada de eso ha sido aprobado aún. “Todas las propuestas las hemos llevado a la Dirección (hoy Secretaría) de Cultura desde hace varias administraciones, tanto panistas como priistas”.

“El trabajo desde luego está hecho, y en archivo. Que se publique es un plus importante. Hasta ahora lo importante es que se haga y exista, aunque esté en archivo. Pero lo ideal de que se publique es darle a la ciudadanía el reflejo de lo que la ciudad es en un año (…) La crónica no es lo que hace el gobierno sino la vida de la ciudad en todos los aspectos. Es la vida”.

• NO FUERON CONSULTADOS

Desconocen creación de figura estatal

“Ni preguntaron”. El Consejo de la Crónica de Guadalajara nunca fue enterado de la creación de un puesto para un Cronista General del Estado. De acuerdo con Armando González Escoto, los historiadores de la Entidad deberían haber sido informados de ello antes.

Aduce que la omisión “probablemente sea falta de pericia” de la autoridad estatal, quien al final deberá reconocer y defender la objetividad de quien ocupe dicho cargo. “Esa es su función”.

“Si el Gobierno no tuviera esa disponibilidad y en su lugar pone a un relator oficial, eso ya no es un cronista, sino alguien que está al servicio de la autoridad, que incluso podría pagarle por lo que escribe”, concluye.