No funciona el 70% de las cámaras de seguridad tapatías

GUADALAJARA, JALISCO (28/FEB/2013).- La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara tiene fuera de funcionamiento el 70% de su sistema de videovigilancia, el cual está compuesto por apenas 141 cámaras que son monitoreadas desde el Centro de Comunicación y Observación Electrónica (Cecoe).

“Tenemos conocimiento que son 100 cámaras que están fallando”, declaró hace unos momentos la presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Prevención Social del Ayuntamiento tapatío, la regidora Victoria Anahí Olguín Rojas.

Que siete de cada 10 cámaras de la Policía de Guadalajara no estén en operación, se debe a la estrechez que enfrenta en sus finanzas el Gobierno municipal, y que no le ha permitido invertir de cuatro a cinco millones de pesos para renovar el servicio técnico de mantenimiento  de los equipos, según lo ha explicado el presidente municipal, Ramiro Hernández García.

Justamente el día de ayer el munícipe advertía que el bajo nivel de funcionamiento del sistema de videovigilancia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana resultaba “preocupante”. Una ciudad como Guadalajara, con su tamaño y sus dinámica delictiva, requiere de alrededor de mil cámaras, complementó hoy la regidora Olguín Rojas.

En el municipio hay otros 190 equipos de vigilancia pero que pertenecen al Gobierno del Estado, y aunque el Cecoe no los controla (manipular sus objetivos y acercamientos), sí puede monitorear sus registros visuales -según lo ha informado la autoridad municipal-.  

Desde el año 2011 el Ayuntamiento tapatío cuenta con una reglamentación propia que le permite al Cecoe interconectase, a través de convenios entre la autoridad y los particulares, con sistemas privados de videovigilancia que también observan el espacio público, la falta de avances en su implementación, sin embargo, han llevado a que esta alternativa no sea aprovechada hasta ahora.

En rezago 200 investigaciones a policías

La regidora Olguín Rojas, quien también preside la Comisión de Honor y Justicia de Guadalajara, informó que este órgano sancionador de elementos de la Policía tapatía tiene un rezago de 200 expedientes que aún no han sido resueltos.

Se trata de procedimientos de sanción sobre policías de Guadalajara emprendidos a partir de quejas ciudadanas por presuntas actuaciones irregulares. Sin embargo, dice ella, en cinco meses de esta administración municipal redujeron este rezago en un 50%.

Así las cosas, la Comisión de Honor y Justicia encontró en octubre de 2012 que persistían 400 expedientes sin ser concluidos; de los 200 casos que fueron resueltos  por el órgano en estos meses, solamente en cinco se determinó el cese para los oficiales investigados, y en el gran resto no hubo sanciones para los policías.

La regidora se negó a informar, sin embargo, sobre los motivos de los ceses de los policías. “Son temas graves, delicados, que no sé qué tan conveniente sea mencionarlo; son temas reservados”. Se le insistió en que precisara las razones, dijo que no lo haría por respeto a los elementos despedidos, aunque no se le preguntaba por los nombres de los oficiales, claves de expediente o datos privados.

En el olvido, empresa paramunicipal de seguridad privada

La empresa paramunicipal de seguridad privada que iba a ser creada por el Ayuntamiento de Guadalajara, según lo aprobó en pleno el 20 de diciembre de 2010, es un tema que no pinta en la agenda de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Prevención Social, de la cual había surgido precisamente ese planteamiento, aunque durante la anterior administración municipal.

La presidenta de la Comisión mencionó que desconocía el caso. Dicha empresa, se suponía, habría de generar recursos mediante la comercialización de sus servicios de seguridad, los cuales se destinarían a tres proyectos específicos: un hospital exclusivo para la atención de los policías y sus familias; un programa para facilitarle el acceso a la vivienda a los uniformados, y la creación del Instituto de Planeación, Participación e Investigación Policial de Guadalajara.

Nada de esto se concretó.

EL INFORMADOR / LUIS HERRERA